La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha determinado sitios específicos del planeta con el objetivo de catalogar, preservar y dar a conocer espacios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Algunos de estos son susceptibles de financiamiento a través del Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de Valor Universal Excepcional.
Dicho fondo fue fundado por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural como propuesta que partió de la conferencia general de la Unesco el 16 de noviembre de 1972. Desde entonces, 195 países y 10 miembros asociados han ratificado los acuerdos de la convención.
Quintana Roo posee varios lugares que cumplen con los requisitos necesarios marcados por la Unesco para su inclusión en la lista del Programa Patrimonio de la Humanidad. No obstante, sólo tiene un sitio que entra en esta categoría y otro se encuentra en trámites para su aceptación (ver tablas 5.6 y 5.7).
De acuerdo con el Registro de Sitios Mexicanos en el programa El Hombre y la Biosfera de la Unesco (MAB),130 Quintana Roo ha logrado inscribir dos zonas: Sian Ka’an, ubicada frente a la costa del municipio de Felipe Carrillo Puerto y Banco Chinchorro, ubicado frente a las costas de Othón P. Blanco; la primera obtuvo su registro en 1986 y la segunda en 2003.
De acuerdo con el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de México, Quintana Roo tiene 16 zonas arqueológicas abiertas al público en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (ver tabla 5.8)
130 Conaculta, Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México, 2010
Otro atractivo turístico relevante, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, es el inmueble religioso Templo de la Cruz Parlante, catalogado por el INAH. Además, existen cuatro centros ceremoniales mayas: Tixcacal Guardia, Chancah Veracruz, Tulum y Chumpón.
De acuerdo con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, el territorio quintanarroense alberga 27 áreas naturales protegidas, 17 decretadas por la federación y 10 por el estado, encauzadas a la protección de especies en riesgo o en peligro de extinción en una gran superficie de hectáreas de ecosistemas en lagunas costeras, arrecifes, dunas, selva baja y mediana (ver tablas 5.9 y 5.10).
La intención de clasificar los sitios Ramsar131 es la conservación y el uso racional de los humedales, sobre todo del hábitat de las aves acuáticas, como manglares, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías y suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural y usos tradicionales).
Se refieren a humedales de importancia internacional, considerados como ecosistemas fundamentales en la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos y pastos marinos, humedales de alta montaña, arrecifes de coral, oasis, sistemas cársticos y sitios con especies amenazadas. En México hay 142 sitios de este tipo, y 13 de los que se encuentran en Quintana Roo son hábitat de aves acuáticas considerados Ramsar (ver tabla 5.11).
El manejo integral de los residuos sólidos urbanos en la entidad es uno de los grandes problemas que deberán ser resueltos por la próxima administración; las principales causas de ello son la ignorancia de los ciudadanos acerca de la separación de los residuos, así como también la carencia de infraestructura para su manejo y separación, aunado a una inadecuada estrategia de recolección.
Los problemas ambientales más evidentes que aquejan a la entidad son la contaminación de los mantos acuíferos, la contaminación del agua en sistemas lagunares, la tala ilegal de bosques, el cambio de uso de suelo, la urbanización en zonas de manglar o sobre duna costera y la redensificación de la zona hotelera. Al respecto, cabe señalar que la densidad de dicha zona rebasó el cálculo hecho en el Plan de Desarrollo Urbano para Cancún; debido a que nuevos estudios han arrojado que ésta podría duplicarse en los próximos quince años se deberá establecer estrategias viables para su mitigación. A lo anterior se añade la falta de infraestructura básica de los sistemas de drenaje, del tratamiento de aguas residuales y del tratamiento de residuos sólidos, lo que incrementa los niveles de contaminación y los desequilibrios ambientales.
¿En qué debemos actuar inmediatamente?
Las acciones ejecutadas han condicionado el crecimiento equilibrado, privilegiando la productividad económica mediante el impulso al turismo, pero a veces sacrificando la protección del medio ambiente. Por esa razón, es fundamental replantear el desarrollo de la entidad tomando como base su riqueza cultural y sus ecorregiones. En tal sentido, la política de desarrollo deberá fundarse, en los siguientes años, en el uso racional de los recursos y en el valor específico que representan sus acervos histórico, social y cultural.
Es imperioso que el gobierno eche a andar una nueva política integral de sustentabilidad y habitabilidad, con el fin de fortalecer el desarrollo territorial del estado sin poner en riesgo los recursos naturales existentes. En el proceso de planeación bajo este nuevo enfoque debe asumirse implícitamente la premisa de la responsabilidad ambiental y, de incumplirse ésta, fincar consecuencias y responsabilidades; de esta forma, no sólo se conseguirá el cambio deseable y los mayores beneficios, sino también se podrá construir un mejor entorno de convivencia para los quintanarroenses.
En esta línea de planeación se tendrá que incluir al sector privado, aunque sin detrimento de los demás sectores, siempre con miras a que el medio ambiente no se vulnere ni se sigan incrementando los efectos negativos del cambio climático.
Es necesario establecer, mediante programas adecuados y factibilidad presupuestaria, la recuperación de suelos agrícolas, sobre todo de aquellos que han sido afectados por la acción del hombre, y empezar así a revertir los daños ocasionados.
Los decretos por los que porciones terrestres o acuáticas se declaran áreas naturales protegidas o reservas ecológicas son acciones del mayor alcance jurídico para la conservación de la biodiversidad. Debido a ello, se pretende impulsar la creación de nuevos decretos en más de la mitad del territorio del estado; esta medida, junto con la implementación de programas estratégicos de ordenamiento urbano que dinamicen la economía a través del turismo y en los que se tome en cuenta la sustentabilidad y la conservación o restauración de los recursos naturales, contribuirá a equilibrar el crecimiento de las ciudades y localidades, con pleno respeto a las disposiciones jurídicas existentes en materia de cuidado al medio ambiente.
Se ha observado que los pobladores de comunidades rurales son más respetuosos de su patrimonio natural que quienes habitan en las ciudades en proceso de consolidación o de los habitantes en áreas de dispersión, pues las actividades de estos últimos atentan contra los grandes bienes ambientales. Al conjuntar esto con lo que se ha expresado en los ejes anteriores, se buscará el crecimiento económico y el desarrollo social, para conseguir mejores niveles de bienestar; por ello se pretende instaurar que las acciones de gobierno, en lo conducente, tomen en cuenta el cuidado y la protección del medio ambiente.
Ante el panorama descrito es necesario plantear un modelo que oriente el desarrollo turístico hacia la conservación del medio natural, a través de una gestión y administración urbana respetuosas del marco legal. Para conseguir lo que aquí se plantea es imprescindible armonizar los valores naturales, sociales y culturales con el desarrollo y el crecimiento económico. Indubitablemente, fortalecer la industria turística del estado no es sinónimo de destrucción de sus recursos naturales, pues si así fuera, la actividad turística dejaría de ser sustentable para la región.