El estado tiene a cargo la seguridad pública, como función establecida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esa función comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución de los delincuentes y las sanciones administrativas.
Además de lo anterior, construir un clima de seguridad, confianza ciudadana, paz social y orden público son las principales obligaciones del estado y un derecho primordial de toda sociedad, todo lo cual implica ofrecer garantías para que las personas puedan desarrollarse plenamente y desplegar sus potencialidades con la certeza de que su patrimonio, sus bienes y su propia vida se encuentran exentos de cualquier peligro.
La seguridad pública, en ese sentido, permite que los ciudadanos ejerzan sus libertades dentro de los cauces del derecho y se convierte en un importante instrumento para la gobernabilidad y, en consecuencia, para la competitividad, y el desarrollo social y económico.
Ahora bien, en los últimos años, los distintos niveles de gobierno han establecido estrategias y homologado criterios para combatir y prevenir el delito; sin embargo, es indudable que la inseguridad sigue encontrando caminos para reproducirse de manera exponencial en muchas comunidades y municipios.
La inseguridad y la violencia son resultado de un complejo entramado de problemas sociales y económicos relacionados con la pobreza, la desintegración familiar, la marginalidad y los precarios niveles de cobertura en educación, salud, cultura y deporte, así como de yerros e impunidad en los sistemas de impartición de justicia.
Esto genera dinámicas antisociales y la proliferación de fenómenos delictivos que hoy en día constituyen uno de los principales temas de preocupación pública no solamente en el estado de Quintana Roo, sino en todas las entidades de la república mexicana. A ese respecto, las experiencias nacionales e internacionales indican que mantener la paz y el orden públicos requiere necesariamente de estrategias integrales de corresponsabilidad en seguridad y del destierro de prácticas autoritarias que sólo propician miedo y desconfianza, elementos que debilitan el tejido social.
La participación ciudadana es crucial en ese sentido: cada persona, cada grupo, y cada organización legítima debe reconocer perfectamente sus derechos, pero también ejercer sus obligaciones como una conducta de responsabilidad y compromiso con su comunidad.
Así pues, para que una sociedad sea corresponsable es necesario establecer condiciones y relaciones de confianza recíproca, pues sin ésta es imposible alcanzar cualquier tipo de metas colectivas. De ahí que resulte prioritario crear una agenda de seguridad ciudadana que ponga en primer lugar la protección de las personas, que sea coherente con la idea del desarrollo humano y que se erija como un poderoso instrumento de gobernabilidad.
La seguridad pública, en ese tenor, debe ser multidimensional, integral y transversal; por ello la política en la materia debe basarse en una visión global e incluyente.
El propósito es construir esquemas de coordinación y colaboración en todos los niveles de gobierno y con los sectores social, público y privado para que en el corto, mediano y largo plazos, se ofrezca certeza, tranquilidad y protección permanente desde una perspectiva de gobernanza y auténtica participación democrática.
La percepción y vivencia de los ciudadanos sobre la inseguridad en el estado de Quintana Roo se encuentra determinada por tres factores:
a. La incidencia de eventos delictivos que mina la confianza hacia las instituciones de seguridad;
b. Elcomportamientoydesempeñoporpartedeloscuerpospoliciales;y c. La impunidad prevaleciente en todos los sectores.
Es cierto que la percepción nacional influye en el ánimo ciudadano, pero la realidad que se palpa en Quintana Roo indica que en lo concerniente a seguridad aún queda mucho por corregir. Por tal razón, la plataforma de gobierno, se centra en un principio de actuación y un objetivo particular susceptible de ser alcanzado durante el periodo gubernamental.