EMPLEO Y JUSTICIA LABORAL
El empleo es una de las principales actividades mediante la cual los individuos logran su desarrollo; para ello es necesario que los ciudadanos adquieran, perfeccionen y ejecuten diversas habilidades, destrezas, capacidades y conocimientos en las diferentes áreas laborales, que a su vez les permitan hacer aportes al progreso material de la sociedad y obtener un ingreso para su subsistencia, además de poseer un modo honesto de vivir y mejorar su nivel de bienestar. En el mismo sentido, el empleo contribuye a reducir los cinturones de pobreza y aminorar el grado de vulnerabilidad presente en el territorio, al atenuar las carencias que aquejan a la población.
La creación de fuentes formales de empleo es el reflejo inminente del crecimiento y la solidez de las economías subnacionales y nacionales, lo que les provee a los habitantes un progreso pleno y la prosperidad que redundan en un nivel de vida digno. Sin embargo, el entorno económico que ha imperado en los últimos años como resultado de la recesión económica mundial, ha acrecentado la brecha entre la creación de fuentes de empleo y el crecimiento poblacional; lo anterior repercute en el aumento de la mano de obra sin la existencia de oportunidades laborales, convirtiendo el desempleo en una tendencia y uno de los principales problemas sociales de nuestra actualidad. En este tenor, los gobiernos internacionales se enfrentan al desafío de generar alrededor de 600 millones de empleos productivos durante la próxima década, como lo señala el informe Tendencias Mundiales del Empleo 2012, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La incertidumbre económica y la volatilidad que ésta provoca en los mercados ha impedido que los países cuenten con un crecimiento y desarrollo económico sostenidos, consecuencia de ello es el incremento de los déficits fiscales con principal énfasis en países en desarrollo, mismos que se ven obligados a establecer políticas y ajustes financieros, los cuales no han favorecido a la clase trabajadora; por el contrario, se han reducido las oportunidades laborales derivado del cierre de empresas nacionales y transnacionales. En el año 2012 se calculaba que una de cada tres personas que habitaban en países con economías subdesarrolladas se encontraba desempleada o con un salario insuficiente, es decir, que alrededor de 900 millones de personas vivían con ingresos inferiores al umbral de pobreza de dos dólares diarios, mientras que 200 millones de habitantes estaban desempleados. Los principales afectados ante dicho panorama han sido los jóvenes, pues es en este sector donde se concentran las tasas de desempleo más altas en todo el mundo en las últimas décadas, y que se manifiesta en la imposibilidad de los gobiernos de dar respuesta al crecimiento de la Población
Económicamente Activa (PEA); para el año 2013 se calculaba que cerca de 75 millones de jóvenes en la franja etaria de los 15 a los 24 años de edad estaban en búsqueda de un empleo, lo que sitúa a este grupo en un escenario de mayor vulnerabilidad, puesto que los jóvenes tienen tres veces mayores posibilidades de desempleo en comparación con los adultos.
Por su parte, México no ha sido ajeno a los estragos provocados desde 2009 por la crisis económica mundial. Al respecto, y con la finalidad de lograr una estabilidad macroeconómica en el corto y mediano plazos que finquen las bases e impulsen el desarrollo y crecimiento del país, así como mantener unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, las cuales no comprometan el bienestar de los habitantes, se han efectuado ajustes a la política fiscal nacional, tales como recortes al gasto presupuestal, lo que ha representado un obstáculo para combatir de manera eficiente la pobreza y atención de los grupos vulnerables. Sin embargo, se debe mencionar que el descenso de las exportaciones, la caída de las remesas, así como la baja de los precios del petróleo, han alcanzado al mercado laboral generando una desaceleración moderada en la creación de empleos. Del año 2008 a la fecha, el tercer trimestre de 2009 es el periodo que presenta una mayor tasa de desocupación, con el 6.42%, esto es, más de 2 millones 900 mil desempleados, mientras que en el segundo trimestre de 2008 se encontraban desempleadas poco más de un millón 600 mil personas, lo que representa una tasa de 3.37%, siendo ésta la cifra más baja durante el periodo citado, como lo muestra la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (ver gráfica 1.1).
Por lo anterior, el sector formal fue el principal afectado, ya que los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre los años 2008 y 2009 se redujeron en 3.05%, lo que incidió en el aumento del 6.40% de la informalidad laboral en el mismo periodo; a partir del año 2010 el número de trabajadores adscritos al IMSS ha ido progresivamente en aumento, tal como lo reflejan las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En este sentido, la ENOE muestra que del año 2005 al 2015 la PEA del país se incrementó en 21.61%, y la principal ocupación se ha concentrado en actividades relativas al sector terciario, lo que representa el 61.33%, seguido de las actividades secundarias que ocupan el 24.71%, y finalmente el sector primario, con el 13.37% (ver gráfica 1.2).
De igual forma, la ENOE refleja que al cierre del segundo trimestre de 2016 las actividades económicas que concentran el mayor número de personas ocupadas en el país son el comercio, la manufactura y la agricultura; tan sólo estas tres agrupan el 49% de la PEA ocupada, mientras que las actividades que tienen una menor cantidad de personas empleadas son el transporte, las gubernamentales y las extractivas, con poco más de 5 millones.
El estado de Quintana Roo, a través de los años, se ha consolidado como uno de los polos económicos más importantes y prósperos del país, lo que la ha situado como una de las entidades con menor PEA desocupada. Al cierre del tercer trimestre de 2016 únicamente 23 mil 753 pobladores se encontraban en búsqueda de un empleo, lo que representaba una tasa del 2.90%, colocando al estado como el sexto con la menor tasa de desocupación, por detrás de Hidalgo, Baja California, Zacatecas y Michoacán; del total de desempleados de la entidad el 65.3% correspondía a hombres y el 34.7% a mujeres (ver gráfica 1.3).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demuestra que del total de la PEA existente el 75.29% se concentra en la región norte, integrada por los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel y Puerto Morelos, seguida de la región sur, con el 15.83%, a la cual pertenecen los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, y Tulum. Finalmente, tan solo los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar que integran la región maya concentran el 8.88%. Lo anterior ejemplifica el rápido crecimiento económico que ha experimentado la entidad, con mayor énfasis en su zona norte, gracias a la atracción y recepción de inversiones privadas para el desarrollo de actividades e infraestructura turística, siendo los municipios de Benito Juárez y Solidaridad los principales beneficiados; esto ha aumentado la oferta laboral en el territorio, pues del año 2005 al 2010 la Población Económicamente Activa ocupada creció un 26.31%, y de 2010 a 2015 incremento un 16.03%.
En consecuencia, la extrema concentración de actividades económicas en una sola parte de la demarcación ha provocado grandes asimetrías regionales, incrementando con ello los niveles de pobreza y marginación así como el surgimiento de diversos problemas sociales a los cuales las anteriores administraciones estatales no supieron dar respuesta oportuna, debido al modelo de gobierno cortoplacista que se caracterizó por implementar deficientes políticas de planeación, donde las zonas maya y sur quedaron drásticamente desplazadas del desarrollo económico de la entidad, pues su atención no representó una prioridad en la agenda de gobierno, es decir, se desaprovechó su riqueza territorial y el capital humano con el que contaban estas zonas, lo que a la larga propició el debilitamiento de la economía local y la productividad (ver gráfica 1.4).
La tendencia de ocupación en Quintana Roo se concentra en el sector terciario, con más de 600 mil empleos que representan el 79.32%, seguido del sector secundario, con el 14.84%; y finalmente el sector primario, con apenas el 5.47%, tal como lo demuestran los indicadores estratégicos de ocupación y empleo. Los bajos niveles de ocupación en cuanto a las actividades secundarias y primarias se refiere, indican de manera puntual el nulo impulso que han recibo estos sectores a través de los años. Si bien es cierto que las actividades turísticas han sido el detonador del auge económico de la entidad, éste mismo es el que ha propiciado el aumento de la movilidad laboral dentro del estado, sobre todo de los habitantes de aquellos municipios que presentan escasa actividad económica, como los que integran las zonas maya y sur. El fenómeno migratorio responde a la necesidad de obtener oportunidades de empleo, así como la mejora de los ingresos; no obstante, los grandes flujos de movilidad interna han estimulado el deterioro social, la precariedad, la ruptura de los núcleos familiares y el incremento de niños en situación de calle, entre otros. Por tal razón, entablar esquemas de colaboración entre los tres niveles de gobierno y los grupos empresariales para garantizar la creación de fuentes formales de empleo deben ser una prioridad, en especial en las zonas que presentan menor desarrollo.
La movilidad laboral interestatal e interestatal en Quintana Roo ha sido una tendencia en las últimas décadas, derivado del desarrollo económico existente; a esto se agrega que los estados de la frontera norte han disminuido o perdido su capacidad de atraer a la población en edad de trabajar. Consolidar al territorio como uno de los polos más importantes en materia turística ha elevado la atracción de personas en búsqueda de un empleo; en el año 2010 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) expuso que el Distrito Federal y Quintana Roo eran las demarcaciones que concentraban la mayor cantidad de migrantes interestatales, al presentar respectivamente una tasa de 95.9% y 51.9% migrantes por cada mil habitantes.
El Censo de Población y Vivienda 2010 evidenció que del total de migrantes recibidos entre 2005 y 2010 el 33.89% eran originarios de Yucatán; seguido por Veracruz, con el 12.32%; Tabasco, con el 11.91%; el Distrito Federal, con el 11.15%; y finalmente Chiapas, con 9.62%; tan sólo estos cinco estados concentraban el 78.89% del total de la población migrante recibida. Es importante destacar que el CONAPO estima que cerca del 69.7% de la población originaria de otra entidad y que residían en Quintaba Roo en ese periodo se encontraba en edad de trabajar.
Este fenómeno, sin duda alguna, ha representado una problemática para los quintanarroenses desempleados o en búsqueda de su primer empleo, ya que la población migrante suele ocupar las vacantes que se ofertan dentro de las principales actividades económicas, lo que ha marginado a los habitantes de los municipios que sufren de mayor pobreza y que cuentan con población indígena en la obtención de una ocupación formal. En el mismo sentido, del total de la población migrante ocupada en la entidad el 54.8% percibe de dos hasta cinco salarios mínimos, en tanto el 22.6% percibe ganancias superiores a los cinco salarios mínimos, el 20.1% de este sector recibe hasta dos salarios mínimos y sólo el 2.6% no recibe ningún ingreso, según el CONAPO.
La seguridad social es un sistema basado en las cotizaciones que realizan los trabajadores, por medio de las cuales acceden a la protección de la salud, obtienen en un largo plazo una pensión para su vejez o en caso de desempleo, así como la obtención de prestaciones sociales financiadas mediante los impuestos erogados a lo largo de su vida productiva laboral. Sin embargo, nuestro país y las entidades federativas hoy en día enfrentan un gran reto en la materia; a pesar de que la seguridad social es un derecho fundamental del que todo trabajador debe gozar, la realidad indica que es una pequeña porción la que puede disfrutar de las prestaciones antes mencionadas; regularmente aquellos que no cuentan con estas coberturas suelen ocuparse en el sector informal, por lo que estarán desprotegidos en su vejez y por lo regular no disponen de las condiciones propicias para atender su salud.
Es preciso mencionar que las cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda 2015 ubican a Quintana Roo como la séptima entidad con la menor cantidad de habitantes, lo que representa el 1.25% del total de la población nacional, por debajo de estados como Aguascalientes, Tlaxcala y Nayarit. En congruencia con lo anterior, se sitúa en la posición número 23 de las 32 entidades federativas en lo que al número personas en edad de trabajar se refiere, con 790 mil 255; del total de la PEA, 761mil 234 se encuentran ocupadas y de éstas 333 mil 598 reportan su afiliación al IMSS, mientras que 14 mil 674 tenían asistencia médica de otra institución. Estos datos evidencian que sólo el 45.75% de los trabajadores contaban con la prestación que por ley todo empleo debería brindar. Estas cifras colocan al estado en la posición número 17 con el mayor número de trabajadores afiliados al IMSS; lo anterior es resultado del desarrollo económico de la entidad y con ello el incremento de las ofertas laborales formales, si bien es cierto que la afiliación de trabajadores ante el Seguro Social se ha incrementado de manera progresiva, aún se deben redoblar esfuerzos de manera conjunta para reducir el sector poblacional que se emplea en la economía informal (ver gráfica 1.5).
A pesar de que la entidad ha presentado un gran dinamismo en las principales variables en materia laboral, como la reducción de la población desocupada derivada de la creación de fuentes formales de empleo, se debe destacar que al cierre del cuarto trimestre de 2015 la ENOE reporta que el 48.64% de la población ocupada de la entidad se concentraba en el sector informal, siendo ésta una contradicción notable respecto al aumento de la actividad económica en años recientes, lo que pone de manifiesto que en Quintana Roo prevalece un alto nivel de empleados subordinados a unidades económicas formales que eluden el registro de sus trabajadores ante el Seguro Social con la finalidad de disminuir el pago de impuestos; asimismo, existe una gran cantidad de empresas que incumplen con la normatividad legal debida, haciendo que su operatividad y sus empleados estén en la informalidad.
Actualmente, la principal causa por la que los quintanarroenses se emplean en el sector informal es la falta de actividades económicas en los municipios en que residen y, por consiguiente, son nulas las oportunidades laborales con las que cuentan, viéndose obligados a realizar trabajos precarios, de baja productividad, con ingresos insuficientes que inciden en el incremento de la pobreza y que además, en algunas ocasiones les exige un esfuerzo físico mayor. En los últimos años el sector informal ha experimentado un crecimiento expansivo que lejos de constituir una opción para la población ante las coyunturas del mercado laboral, ha representado uno de los problemas centrales para impulsar el desarrollo económico, no sólo dentro del propio estado, sino que ha repercutido también en la economía nacional, volviéndose un tema prioritario en la agenda de los diferentes niveles de gobierno.
El incremento de la tasa de participación de la sociedad en la economía informal repercute en el aumento de impuestos a los trabajadores y las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, haciendo que los contribuyentes transiten hacia la informalidad como método para evadir diversos impuestos, lo que implica la reducción de la base de unidades económicas y trabajadores del sector formal, a lo que se añade el exceso de regulaciones para realizar trámites con objeto de establecer un negocio, ya que esto implica un proceso largo y costoso, lo que excluye a un sector importante de la población y afecta los ingresos públicos al no incrementarse el padrón de contribuyentes en el corto plazo, y que redunda en el deterioro, tanto en la calidad como en la cantidad de los servicios que proporciona el gobierno estatal (ver tabla 1.1).
Sin duda alguna, la informalidad deriva de causas económicas multifactoriales, pero una de las principales que ha propiciado este fenómeno en la entidad ha sido la llegada de empresas transnacionales, las cuales han contribuido a la generación de empleos pero también han puesto en desventaja a las pequeñas y tradicionales empresas, lo que ha implicado una desarticulación de las cadenas productivas, provocando el cierre de establecimientos y suscitando con ello una constante pérdida de empleos.
Al cierre de 2015 Quintana Roo tenía una tasa de ocupación en el sector informal del 1.23% del total nacional, colocándose en la posición 25 en dicho escenario, con un total de 370 mil 247 trabajadores, de los cuales el 60.74% eran hombres y 39.26% mujeres. Es preciso señalar que la incursión de varones en la informalidad ha ido en aumento, pues de 2008 a 2015 ésta se incrementó en 23.08% al pasar de 182 mil 721 a 224 mil 900, siendo el año 2014 el único en el que se observa un decremento en su participación, con una reducción del 3.22% en relación a 2013; en menor medida, las mujeres han incrementado su participación en el sector, aunque es posible observar en el mismo periodo un incremento del 14.23%, al pasar de 127 mil 241 a 145 mil 347 el total de féminas empleadas en el sector (ver gráfica 1.6).
En el año 2015, del total de personas que realizaban alguna actividad económica informal, el 12.72% se empleaba en el sector primario, el 19.68% en el secundario y el 67.17% en el terciario; es relevante mencionar que las actividades que concentraban la mayor cantidad de población derivan directa e indirectamente del sector turístico, pues el 18.80% cumplía actividades de servicios personales, seguido del comercio, con el 17.04%, mientras que el sector de la construcción reunía al 13.17% y el 11.97% se desempeñaba en restaurantes y hoteles. Estas cuatro actividades en conjunto agrupaban cerca del 61% de los empleados informales. Como se mencionó, el turismo ha traído grandes beneficios a la economía de la entidad, pero también con ello se han agudizado los problemas sociales para los grupos menos favorecidos, al ser estos los que menos posibilidades tienen de integrarse a la economía formal, a la vez que deben generar ingresos familiares (ver gráfica 1.7).
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre de 2015, indica que el grosor de la población que se emplea en el sector informal se encuentra entre las edades que van de los 25 a los 44 años; a nivel nacional este grupo concentra el 43.17% de las personas ocupadas, mientras que a nivel estatal representa el 45.24%, siendo la edad promedio de 39 y 38 años respectivamente, es decir, un año menor que el promedio nacional. La relación que existe entre el grado de estudios y el trabajo no formal en la entidad muestra que el 35.79% contaba con secundaria completa, seguido del nivel medio superior y superior con el 24.44%; con primaria completa se reportaba un 21.03%, mientras que la población con primaria incompleta representaba el 18.26%. Se debe mencionar que el escenario que afronta la entidad en la relación existente entre el nivel de instrucción y la informalidad muestra dos variables claras; la primera de ellas es que gran parte de la población prefiere abandonar los estudios para incorporarse a alguna actividad económica emanada del turismo que le permita obtener ingresos, y la segunda se deriva de la incapacidad de crear fuentes de empleo con salarios dignos, puesto que no necesariamente las personas con mayor preparación perciben mejores salarios, lo que conlleva a la población, sin importar su nivel de instrucción, a optar por emplearse en este sector.
El establecimiento de una política con visión económica y social que permita reducir los niveles de informalidad y su evolución en el corto y mediano plazos será una prioridad para el gobierno, a través del impulso de esquemas de colaboración entre los sectores público y privado, con los cuales sea posible incrementar la generación de fuentes formales de empleo, así como la capacitación del capital humano en áreas que demanden los sectores productivos, a fin de mejorar su articulación y hacer que los ciudadanos consigan colocarse en el mercado laboral con mayor facilidad; de igual manera, se debe crear un esquema de fomento empresarial para incrementar la apertura de unidades económicas, así como el ofrecimiento de beneficios fiscales que estimulen el tránsito de las empresas de la informalidad a la formalidad, fortaleciéndose de esta manera el encadenamiento productivo y la reactivación de las actividades económicas con enfoque regional.
La actividad económica de la entidad se caracteriza por la inclinación hacia labores derivadas de la prestación de bienes y servicios; sin embargo, estas actividades no coadyuvan a que los trabajadores encuentren una estabilidad laboral y obtengan salarios dignos. Al respecto, el Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana muestra que los estados con menores niveles de ingreso son aquellos que se dedican al sector de los servicios, con sueldos no mayores a 4 mil pesos mensuales, a diferencia de los estados cuyas principales actividades económicas derivan de los procesos industriales.
Si bien es cierto que el estado no afronta problemas severos en materia de pobreza en comparación con otras entidades, ésta no deberá dejar de ser tema prioritario para el gobierno estatal, sobre todo en lo que atañe a la población vulnerable por ingresos. En el año 2014 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL) reveló que en el estado había poco más de 96 mil personas que no presentaban carencias sociales graves, pero sus ingresos estaban por debajo de la línea de bienestar, es decir, que no podían acceder a los productos de la canasta básica por los magros ingresos que percibían, reflejados en una tasa del 6.3% del total de la población, con lo que Quintana Roo se ubicó en la posición 21, por encima de estados como Morelos, Baja California Sur, Puebla e Hidalgo.
La disparidad de los salarios y la pérdida del poder adquisitivo derivado de la inflación que se ha experimentado en el estado, han contribuido a que en las regiones se incremente la pobreza laboral, viéndose afectada con ello la calidad de vida de sus habitantes, pues de 2010 a 2015 se ha acrecentado considerablemente la cantidad de trabajadores que no pueden acceder a insumos de subsistencia familiar. Al cierre del cuarto trimestre de 2010 los quintanarroenses registraban un ingreso laboral per cápita real de 2 mil 654.92 pesos, mientras que al cierre del cuarto trimestre de 2015 el salario fue de 2 mil 288.02, hecho que representa una reducción del 6.62%; esto hizo que los bajos salarios percibidos por los trabajadores de la entidad en los últimos años contribuyeran al detrimento de los niveles de bienestar socioeconómicos de la población, marginando a los sectores más vulnerables de servicios como el acceso a la salud, la educación, agua potable, y electricidad, así como el incremento del hacinamiento en las viviendas y la falta de equipamiento para el desarrollo de una vida plena de sus residentes.
De la misma forma, el indicador del CONEVAL que evalúa los ingresos laborales deflactados respecto al valor de la canasta básica demuestran que al cierre de los años 2010 y 2015, el poder adquisitivo de los salarios ha disminuido en un 14.43%, al pasar de 2 mil 474.22 a 2,117.12 pesos, poniendo de manifiesto con ello, que no necesariamente el que exista un bajo nivel de desempleo refleja la creación de empleos dignos, donde los trabajadores obtengan salarios justos por la labor que realizan (ver gráfica 1.8).
La falta de visión regional en el desarrollo del estado, sumado a la lenta recuperación de la economía nacional, han traído consigo la precarización y el debilitamiento del mercado laboral, haciendo que en la entidad las brechas salariales se incrementen con el paso de los años; inevitablemente, esto repercute en el desarrollo de las familias y el entorno social. Así, el INEGI en su Encuesta Intercensal 2015, reporta que los salarios más bajos se ubican en la región maya, mientras que la región norte es la que concentra la mayor cantidad de la PEA y a su vez es el lugar donde se obtienen los salarios más altos, pues el 55.92% de la población, que se traduce en poco más de 336 mil habitantes, percibe más de 2 salarios mínimos, poniendo de manifiesto el desequilibrio económico, laboral y social existente entre las regiones (ver gráfica 1.9).
Se debe destacar que en los últimos años la población que recibe ingresos en la entidad ha aumentado de manera paulatina, al pasar de 568 mil 308 en 2010 a 658 mil 377 al cierre de 2015, lo que representa un incremento del 15.85%; igualmente se observa que el número de empleados que recibían más de cinco salarios mínimos ha disminuido en 19.73% en el mismo periodo, mientras que el sector que percibía de dos hasta tres salarios mínimos se incrementó en 39.99%, en tanto que la población que no recibía ingresos disminuyó de 7% a 6%. Es cierto que el desarrollo y consolidación de algunas actividades económicas ha permitido que una mayor cantidad de trabajadores perciban ingresos, pero no necesariamente esto indica que recibe salarios dignos; baste mencionar que en los últimos años en la entidad los salarios, lejos de actualizarse y volverse más competitivos, han sufrido un retroceso debido a la falta de una política estructural en materia de empleo, por lo que será necesario implementar estrategias, planes y proyectos que fortalezcan a este sector, de lo contrario el incremento de la pobreza laboral representará uno de los principales problemas para Quintana Roo en el mediano y largo plazos, lo cual se constata al analizar los datos citados (ver gráfica 1.10).
En las últimas décadas, la participación de las mujeres en la economía del estado ha cobrado mayor relevancia, ya que un gran número de éstas ha ingresado al mercado laboral. No obstante, este incremento no responde de manera directa a las políticas de igualdad de género efectuadas a nivel nacional y estatal en los últimos tiempos, por el contrario, ha sido la respuesta a la necesidad de obtener ingresos y combatir a la pobreza en las regiones que presentan mayores niveles de vulnerabilidad; de hecho, gracias a la participación de este sector poblacional en las actividades económicas, las familias lograron aminorar los efectos de la recesión económica que causó estragos en el país y en todas sus entidades federativas, pues datos de INEGI reflejan que en 2010 un total de 280 mil 790 hogares dependían económicamente de un jefe familia, mientras que 82 mil 276 hogares estaban encabezados por una jefa de familia; en sólo cinco años esta cifra se ha elevado, ya que aumentó en 45% el número de hogares con una mujer como jefa de familia, con un total de 119 mil 482, en comparación con el incremento de apenas 14% de los hogares en los que los varones son jefes de familia.
Uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres con y sin hijos en el país deriva de la desigualdad salarial, que se observa en todos los grupos de ocupación a causa de diversos fenómenos sociales y culturales que han sido difíciles de revertir en el transcurso de los años, lo que ha propiciado que hombres y mujeres no perciban los mismos salarios, aunque sus trabajos sean de igual valor, siendo el sector privado el que concentra la mayor disparidad en cuanto a salarios se refiere. En Quintana Roo, a pesar de que las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral, el promedio de ingresos que perciben, sin distinción del sector o actividad, el nivel educativo, su experiencia, su edad o el tipo de contrato laboral, son inferiores a los de los varones, haciendo que este grupo se vuelva todavía más vulnerable en cuanto a los niveles de ingreso atañe. Dicha condición abre aún más la brecha de la desigualdad salarial e incide en el incremento de la pobreza, no obstante que las mujeres representan una parte importante en cuanto al número de profesionistas ocupados se refiere con el 45%, siendo un aproximado de 120 mil, tal y como lo demuestra el Observatorio Laboral. La falta de acciones afirmativas que promuevan la igualdad de género, así como la igualdad salarial por anteriores gobiernos estatales, ha provocado que en la entidad más mujeres se vean obligadas a ampliar sus jornadas laborales con la finalidad de alcanzar ingresos, si no superiores por lo menos equivalentes a los que perciben los varones. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo muestra que en México las mujeres deberían trabajar aproximadamente 120 días más que los hombres para obtener ingresos similares a los que estos perciben (ver gráfica 1.11).
Al cierre de 2015 la ENOE informa que el 25% de las mujeres ocupadas ganaban entre uno y hasta dos salarios mínimos, seguido del sector que percibía de dos hasta tres salarios mínimos, con el 16%, mientras que el 15% de la población devengaba hasta un salario mínimo. Cabe destacar que el único rango en el que las mujeres concentran una mayor población respecto a los hombres se agrupa en el nivel más bajo de remuneración, que es hasta un salario mínimo, con un total de 45 mil 472 mujeres, en tanto los varones representaban un total de 37 mil 055. Si bien es cierto que a mayores ingresos es menor la población que puede acceder a ellos, no puede perderse de vista que en la entidad por cada 2 dos hombres que perciben más de cinco salarios mínimos una mujer lo hacía; de igual manera, por cada mujer que percibía más de tres salarios mínimos, pero menos de cinco, 2.3 hombres los percibían.
La disminución de mujeres que sólo se dedicaban a las actividades del hogar ha permitido que en los últimos años su participación en el mercado laboral cobre mayor fuerza, además de que la segregación ocupacional se ha contraído de manera importante gracias al desarrollo económico de la entidad y la necesidad de incrementar con ello el capital humano, lo que ha coadyuvado al tránsito de las mujeres de la realización de actividades derivadas de la agricultura y la manufactura hacia el sector de los servicios. Actualmente, en la entidad las mujeres son las que realizan jornadas laborales más largas, divididas entre el trabajo remunerado y no remunerado; regularmente las trabajadoras autónomas, asalariadas o a sueldo atienden sus horarios de trabajo, pero antes o después de su jornada laboral realizan tareas domésticas, hecho que limita su capacidad de aumentar las horas de empleo remunerado.
Ciertamente, el establecer una política integral que promueva la equidad salarial será un pilar importante para detonar y consolidar el crecimiento económico, lo que ayudará a combatir de manera frontal la pobreza laboral y fortalecerá el tejido social, puesto que las mujeres tendrán empleos mejor remunerados, donde sus horarios de trabajo y el esfuerzo que realizan se vean recompensados con la mejora de sus ingresos, tal y como sucede con los sueldos que perciben los hombres.
Salvaguardar los derechos de los trabajadores y cumplir la normativa aplicable, así como impartir justicia pronta y expedita, es uno de los mayores retos que enfrentan los tres niveles de gobierno, pues la ausencia del diálogo social entre empleadores, obreros y el sector público ha propiciado que las condiciones laborales hayan disminuido en los últimos años, lo que ha generado diversos conflictos, pues los empleados exigen mejores condiciones de seguridad en sus áreas de trabajo, mejores salarios y el cumplimiento de las prestaciones que la ley les garantiza. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al cierre del año 2015, ubicó a Quintana Roo en la posición 18 en cuanto al número de conflictos laborales individuales se refiere, con un total de 4 mil 935 casos, cifra que situó al estado por encima de entidades como Aguascalientes, Yucatán, Morelos y San Luis Potosí; del año 2010 a la fecha los conflictos laborales individuales se han incrementado moderadamente. Por el contrario, los conflictos colectivos de trabajo han ido a la baja: al finalizar el año 2010 se contabilizó un total de 16 casos, y para 2015 apenas ocurrieron siete, de tal manera que esta cifra, por pequeña que parezca, colocó a la entidad en la novena posición, detrás de estados como Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Morelos, ya que en 19 entidades federativas no se registró ni un solo conflicto de este tipo.
Una cifra alarmante que refleja la lentitud de los procesos administrativos en la impartición de justicia laboral en la entidad, responde a los largos tiempos de espera entre la presentación por escrito de una demanda, el inicio del juicio para deslindar responsabilidades, su resolución y la ejecución del pago completo del laudo según sea el veredicto de la instancia competente, ya sea por despido injustificado o por la trasgresión de algún derecho laboral. El incumplimiento de los tiempos procesales hace que la primera llamada para conciliar entre los interesados se realice aproximadamente 45 días después del inicio de la demanda, a pesar de que la ley estipula 15 días hábiles.
Por lo anterior, tanto los demandantes como los demandados prefieren llegar a un acuerdo fuera de juicio, con la finalidad de reducir los tiempos de espera y los gastos que implica todo el proceso; de 2010 al 2015 la resolución de conflictos por este medio se ha incrementado 178%, al pasar de 4 mil 137 a 11 mil 502, situación que evidencia la parálisis administrativa que se vive en las Juntas de Conciliación y Arbitraje como consecuencia de la desactualización y la falta de capacitación de los servidores públicos en la atención e impartición de justicia; es por ello que en sólo cinco años se han resuelto 10 mil 789 casos a través de procesos jurídicos, razón por la que Quintana Roo ocupa el lugar número 21 en cuanto a la resolución de conflictos laborales se refiere.
La salud y la seguridad de los trabajadores es esencial para impulsar el desarrollo económico y elevar el bienestar social, toda vez que la mayoría de los obreros pasan más de ocho horas al día en su lugar de trabajo. Habida cuenta de que el catalogar un empleo como digno, no sólo considera los niveles de ingreso o la inscripción a la seguridad social, sino también las áreas de trabajo, las cuales deben ofrecer entornos seguros y sanos. Desafortunadamente, las anteriores administraciones no instrumentaron políticas estrictas para fortalecer la seguridad del trabajo, por lo que muchas de las unidades económicas hoy no cumplen con las normas de seguridad apropiadas; regularmente, los contratantes sólo se preocupan por brindar protección social a sus subordinados, descuidando las condiciones de las áreas donde estos se desempeñan, situación que eleva los riesgos físicos y de salud. Por la razón expuesta, los accidentes laborales se han incrementado, pues de acuerdo a las cifras aportadas por el IMSS, en 2014 se registró un total de 8 mil 417 percances en comparación con el año 2005, en el que sólo ocurrieron un total de 3 mil 408.
La gravedad de los accidentes ha variado, dependiendo del tipo de labor que desempeñan las personas; por lo común van desde quemaduras, heridas, luxaciones y fracturas hasta amputaciones y defunciones. Al cierre de 2014 había una tasa de 2.57 accidentes de trabajo por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de incapacidad fue de 2.83 trabajadores por cada 100 accidentes; ahora bien, respecto de la tasa de defunción, ésta fue de 0.18 por cada 10 mil trabajadores. Las ocupaciones en las que se registraron los más altos índices de accidentes fueron las de servicios generales y mantenimiento de inmuebles, con el 35%, seguido del personal que se ocupa de la preparación de alimentos y bebidas, con el 34%, y el 28% de los incidentes derivaron de los trabajos de apoyo a la producción. Finalmente, se destaca que del total de accidentes ocurridos en la entidad el 36% afectó a las mujeres, mientras que el 64% a los varones.
El impulso a la mejora de los espacios laborales y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene debe ser un tema prioritario en la agenda de gobierno y tendrá que ser atendida de manera coordinada entre los tres niveles de la administración pública, con el fin de signar convenios de colaboración con el sector privado y los sindicatos de trabajadores, a través de los cuales sea posible implementar programas de prevención de riesgos laborales de manera conjunta, apoyándose en la experiencia de grupos especializados según el tipo de actividad. También se deberá prever la mejora de la infraestructura de las unidades económicas, mediante la realización de inspecciones de manera periódica, a fin de identificar factores que en un momento determinado pudieran poner en riesgo la integridad física de los obreros y demás trabajadores o prestadores de servicios.