La riqueza cultural de la entidad se debe en gran medida a los pueblos originarios, quienes han preservado las costumbres y tradiciones que hoy dotan de identidad al estado. Entender su cosmovisión permite acceder a un nuevo conocimiento que forma parte de la historia quintanarroense. Sin embargo, la pobreza, marginación y exclusión que los segrega es la realidad social en la que viven miles de personas indígenas.
Las políticas dirigidas a los grupos indígenas implementadas hasta ahora, se centran en el reconocimiento de su cultura a través de esquemas que incentiven el turismo en la entidad.
No obstante, las necesidades de quienes residen en los pueblos originarios no han sido atendidas de manera eficiente y en muchos de los casos los programas orientados a promover su desarrollo transgreden sus usos y costumbres.
Según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, Quintana Roo es el cuarto estado con el mayor número de personas que se autorreconocen como indígenas, sólo por debajo de Oaxaca, Yucatán y Campeche, ya que 40% de la población total en la entidad, se reconoce como tal.
A la vez, el estado ocupa el cuarto lugar en relación al porcentaje de población que habla alguna lengua indígena. Por tanto, Quintana Roo posee una gran diversidad lingüística, pero el maya es la lengua predominante, hablada por casi 178 mil personas, seguida del Tzotzil, el Chol y el Kanjobal.
Cabe destacar que la población hablante de una lengua indígena ha crecido de manera notable entre los años 2000 a 2010, pasando de 173 mil 582 a 198 mil 835 personas, respectivamente. De igual forma, un gran porcentaje de la población indígena, principalmente aquellas en un rango de edad de 10 a 40 años, ha adoptado el español como segunda lengua.
En las estadísticas nacionales, la entidad vuelve a ocupar el cuarto lugar en el listado del Indicador Derechos Indígenas 2015, con 6 mil 210 puntos. Quintana Roo se encuentra dentro del grupo de estados con políticas de desarrollo medio orientadas a este grupo específico de la población. El resultado del indicador contrasta con el número de indígenas en la entidad, por lo que es necesario reconducir las políticas encaminadas a la atención de este grupo social.
Por otra parte, del total de 404 mil 292 personas reconocidas como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el año 2010 sólo 60% de la población indígena era derechohabiente de algún servicio de salud, y del total de este sector poblacional de 15 y más años únicamente 62% sabía leer y escribir.
Los datos muestran la desventaja existente en el acceso a la educación y la salud de las personas indígenas .Su exclusión de estos derechos debido a las inadecuadas políticas las coloca en situaciones de vulnerabilidad, ya que la educación y la salud son condiciones indispensables para garantizar el bienestar general y el ejercicio de otros derechos. A lo anterior se añade los bajos salarios, el desempleo, la desnutrición, la discriminación y la exclusión, elementos que ponen en desventaja a las personas indígenas en comparación con el resto de la población.
En cuanto a las condiciones de las viviendas en comunidades indígenas, aproximadamente 11% no cuenta con agua entubada, 14% no tiene acceso a drenaje y 8% aun no accede a los servicios de electricidad.
Este panorama adverso ha obligado a las personas indígenas a trasladarse a zonas urbanas, en búsqueda de mejores condiciones de vida. El Diagnóstico de la Lengua y Cultura Maya en Quintana Roo, elaborado por el gobierno del estado, identifica que estos desplazamientos son posibles por es la existencia de una red social, la cual explica que la migración a estas zonas tiene como objetivo la reintegración familiar.
Garantizar el ejercicio real de los derechos humanos de las comunidades indígenas, así como la cobertura de los servicios básicos en las viviendas, el acceso a la justicia, la educación y la salud, siguen siendo retos que debe afrontar la entidad. También se señala que el mayor porcentaje de población indígena se concentra en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdena, por lo tanto, estos son municipios en los que se deberá priorizar las acciones gubernamentales a fin de reducir las desigualdades existentes.