El aprovechamiento de inversiones es un elemento fundamental para lograr que las entidades sean competitivas; de ello depende la creación de condiciones para el impulso sustentable de la economía y, por ende, su impacto directo en la calidad de vida de las familias. Lamentablemente, el potencializar conocimiento y desarrollar talento en el contexto local es un área que no ha sido atendida, pues comúnmente los esfuerzos se han dirigido a ganar competitividad en relación directa y exclusiva con el sector empresarial. En ese tenor, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubicó a Quintana Roo en el año 2016 por encima del promedio nacional respecto a las capacidades estructurales y coyunturales para la atracción y retención de talento e inversiones (ver gráfica 3.27).
La vista general a los resultados presentados con respecto al Índice de Competitividad Estatal 2016, permite identificar a Quintana Roo entre los primeros 15 estados con niveles aceptables en la materia, esto dada la tranquilidad que le otorga su fortaleza en el sector turístico y con ella la ventaja de ser reconocida como un sector precursor que registra, por ejemplo, un flujo alto de pasajeros aéreos, disponibilidad de cajeros automáticos u hogares con acceso a internet, siendo este último un elemento de análisis debido a la cantidad de población residente en el territorio. Asimismo, se reconoce a la productividad de los trabajadores y las condiciones laborales existentes en el territorio, principalmente la zona norte, en donde nuevamente el sector turístico es pieza clave de la economía y permite destacar la presencia de una gran cantidad de población foránea con educación superior -16.6% del total de foráneos de 25 años o más lo que indica una desatención local en materia educativa, así como en la generación de conocimiento. (Ver gráficas 3.28 y 3.29)
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).-Un Puente entre dos México.-Resultados del Índice de Competitividad Estatal 2016.-Pág. 126
Empero, se advierte una desorganización administrativa en lo correspondiente al subíndice Gobierno Eficiente y Eficaz, en donde se muestra la incapacidad del gobierno para influir a través de políticas públicas, planes, programas o proyectos en el desarrollo económico local, que concierne al manejo interno de la administración pública, la situación financiera, la mejora regulatoria y la falta de vinculación del gobierno con la ciudadanos a través de los medios electrónicos (ver gráfica 3.30).
Ibid., p. 131.
La economía local se debilita cuando no se impulsa ni se desarrolla el conocimiento y cuando éste no se vincula a las vocaciones regionales del territorio. Por lo tanto, es imperioso dejar atrás los modelos tradicionales de administración y empezar a considerar la innovación gubernamental como una herramienta para incentivar la competitividad y la economía. En el subíndice de Innovación y Sofisticación en los Sectores Económicos la entidad se ubicó en último lugar; esto indica que la entidad no propicia la formación de investigadores ni genera patentes, así como tampoco crea empresas e instituciones de carácter científico y tecnológico, y tampoco certifica la calidad de los procesos (ver gráfica 3.31).
De acuerdo con cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los países más desarrollados la innovación contribuye entre dos terceras y tres cuartas partes a las tasas de crecimiento del PIB observadas entre 1995 y 2006.
En el documento titulado “The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow”, publicado en 2010, se explica la necesidad de que los gobiernos opten por la innovación como una prioridad para salir de la crisis.
En 2011, México estableció el Plan Nacional de Innovación, cuyo objetivo era establecer políticas públicas destinadas a promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos y de servicios, con el fin de incrementar la competitividad de la economía nacional en el corto, mediano y largo plazos.
Actualmente, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI) que se desprende del Objetivo 3.5 del Plan Nacional de Desarrollo que a la letra dice: “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”, y se basa en cinco estrategias:
1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.
2. Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel.
3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.
4. Contribuir a transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.
5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.
El indicador del objetivo 1 es el Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) como porcentaje del PIB. Hay que tomar en cuenta que los países desarrollados dedican entre 1.5% y 3.8% de su PIB al GIDE. De acuerdo al Banco Mundial, el promedio mundial del GIDE era del 2.17% en el año 2012, en el que México destinaba sólo el 0.43% del PIB a este rubro.
Los grupos de interés que confluyen en la innovación y la tecnología son múltiples, de conformidad con una lógica transversal multisectorial. Tanto el sector gubernamental como la iniciativa privada y el sector social son susceptibles de ser detonados y potencializados a partir del uso y la capacitación en competencias y habilidades en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Lo anterior debido a que las TIC son herramientas que pueden facilitar la inclusión social, reducir el aislamiento, abrir oportunidades laborales y de capacitación, ayudar a generar oportunidades e igualdad para los grupos vulnerables (tales como los pueblos y comunidades indígenas), ofrecer herramientas de transparencia, gestión y accesibilidad a los gobiernos e incrementar la competitividad del sector productivo. Por lo tanto, las TIC representan una gran oportunidad para diversificar la economía, mejorar el empleo, elevar la productividad del estado, reducir la brecha digital y posicionarse en un mundo cada vez más informado y conectado.
Hay que reconocer los distintos programas y las acciones estatales emprendidos en la administración 2011-2016 para afianzar la innovación gubernamental, especialmente en instituciones como la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Gestión Pública, en las que se intentó que las diferentes áreas de la Administración Pública Estatal modernizaran sus respectivas plataformas tecnológicas a través de la adquisición de nuevo equipo, la digitalización de archivos y adecuaciones a sus principales procesos administrativos que se gestionan digitalmente. Sin embargo, este esfuerzo se dio de manera desarticulada, por lo que sus resultados son asimétricos y no existen indicadores internos que permitan establecer el avance en materia de gobierno digital y de desregulación obtenido mediante las estrategias empleadas.
Es innegable que globalmente están surgiendo empresas de base tecnológica con crecimientos económicos y una escalabilidad nunca antes vista. Hoy, las empresas más grandes del mundo tienen menos de diez años de antigüedad y presentan crecimientos de dos dígitos, con empleos bien remunerados y excelentes condiciones laborales. En ese contexto, Quintana Roo debe impulsar la creación y el fortalecimiento de este tipo de empresas a través de una cultura innovadora.
Lejos de ello, como advertimos con anterioridad al analizar los resultados del índice en materia de competitividad, la entidad no ha puesto en ejecución una línea de acción sistemática y sólida que haya valorado y apoyado un auténtico proceso de incorporación a un esquema de modernización e innovación tecnológica. Esto se debe, en primer lugar, al modelo productivo sobre el que Quintana Roo se ha sostenido después de su creación como estado libre y soberano a principios de la década de 1970. Este modelo privilegió al sector turístico en manos de la iniciativa privada que, lógicamente, se concentró en los negocios del ramo, mientras que los sectores social y público mantuvieron un esquema de operación tradicional y totalmente ajeno a la incorporación eficiente de tecnologías, tanto en el ámbito productivo como educativo y administrativo.
Dicho atraso científico y tecnológico se resiente en toda la entidad. En el sur, más rural y orientado al sector primario, las áreas productivas no utilizan procesos tecnológicos y menos de gestión digital. En la zona norte, cuya economía depende del sector turístico (hotelería y servicios asociados) —además de ser la que concentra al mayor número de población—, la ausencia de políticas públicas que realmente impulsen el avance e incorporación de tecnologías de la información y comunicación se hace patente en los deficientes niveles de conocimientos y habilidades digitales adquiridas tanto por quienes reciben algún tipo de instrucción formal escolarizada, como por la población económicamente activa que se encuentra en búsqueda de trabajo. Sin duda, no saber usar los recursos tecnológicos de la era digital limita a gran parte de la población para incorporarse al sector económico y turístico, al no cumplir con el perfil que requieren los puestos laborales, dominados por el manejo, aunque sea básico, de la computadora y el idioma inglés.
Esta situación se traduce en un amplio núcleo de la población que además de no tener movilidad laboral, compiten por puestos de trabajo con personas más jóvenes y mejor calificadas. Así pues, el desempleo, el subempleo y una creciente presión social son los retos institucionales más apremiantes del mundo globalizado. Para que Quintana Roo logre estar a la altura de la era digital requiere del establecimiento de objetivos, estrategias, metas e indicadores en materia de innovación gubernamental que no se registran únicamente al gobierno electrónico.
Nota: el apartado de Innovación Gubernamental contó con la invaluable colaboración del Mtro. Marco Antonio Bravo Fabián y su equipo consultor en materia de tecnología, innovación y generación de conocimiento.