El derecho a la vivienda se establece en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”
Partiendo del hecho de que la vivienda es el espacio en el que las personas permanecen más tiempo, ya sea para descansar o para compartir con su familia, se vuelve un factor preponderante en la vida de las personas.
La vivienda es el componente que más influye en la salud, y es también un subindicador de la pobreza y marginación.Debido a que la vivienda es la base del patrimonio familiar, planear cómo adquirir un bien inmueble es una decisión sumamente importante y a la vez complicada, pues hay que calcular los costos, solventar pagos y realizar trámites engorrosos.
Para crear un sentido de comunidad se debe partir de la identificación de carencias económicas, sociales, demográficas y medioambientales, entre otras. Debido a que tener un techo en donde resguardarse es la primera condición para la subsistencia y el desarrollo de las personas, el que los ciudadanos puedan acceder a la compra de una casa o departamento es de la mayor prioridad para cualquier gobierno.
Hasta el año 2013, el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir) operaba en el estado; posteriormente este organismo condujo a la conformación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual suspendió temporalmente la promoción de adquisición de vivienda por parte del gobierno estatal.
Durante el año 2011 la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) gestionó recursos provenientes del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda “Esta es tu casa”, en la modalidad 2x1 para la adquisición de vivienda en el municipio de Othón P. Blanco, con una inversión de 27 millones 960 mil pesos que beneficiaron a 120 familias.
De acuerdo al Programa Sectorial de Vivienda 2011, hay un disponibilidad de 2 mil 847 hectáreas para reserva territorial, lo que representa una gran oportunidad para la construcción de vivienda, por supuesto, atendiendo los criterios de desarrollo urbano que cada municipio establece (ver tabla 5.18).
El Programa Sectorial de Vivienda refiere que en el estado hay 125 asentamientos humanos irregulares en los que habitan aproximadamente 160 mil personas. En el municipio de Benito Juárez existen 67 asentamientos de este tipo y en Isla Mujeres se tienen detectados 37 asentamientos humanos irregulares.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal levantada por el INEGI, en 2015 había 441 mil 200 viviendas particulares habitadas en la entidad. De ellas, el 2.1% tenía piso de tierra y 34% tenía piso de cemento o firme (ver tabla 5.19).
Aunque es complicado que los recursos, públicos y privados necesarios para el financiamiento de vivienda se canalicen de forma eficaz, hay instituciones federales que ofrecen y dan seguimiento a recursos destinados a subsidios para la vivienda. En el año 2011 se destinaron 6 mil 902.3 millones de pesos para ese fin (ver tabla 5.20).
El documento Estado Actual de la Vivienda en México 2015, realizado por la Fundación Centro de Documentación e Investigación de la Casa A.C. (CIDOC) y la Sociedad Hipotecaria Federal, con la participación de la Sedatu, la SHCP, la Conavi, el Fonhapo, el Infonavit, el Fovissste, el BBVA Bancomer y la coalición para el hábitat HIC-AL, presenta información relativa a las políticas en materia de vivienda en el país.
En ese estudio se señala que la demanda de vivienda en Quintana Roo asciende a 12 mil 912 viviendas (ver tabla 5.21).
La investigación referida indica que Quintana Roo tiene un rezago habitacional de sólo 0.58%, por lo que es una de las entidades con menor rezago habitacional en el país.
Otro dato importante que expone la misma publicación es que el valor del terreno por metro cuadrado en el estado, en el semestre de enero a junio de 2015, tuvo un valor promedio de mil 427 pesos, similar al de los estados de Baja California, Zacatecas y Sinaloa.
En la entidad, de acuerdo con el informe aludido, hay 52 empresas dedicadas a la construcción de la vivienda y, entre todas ella, emplean a aproximadamente mil 766 personas.
Por otra parte, el FOVISSTE otorgó en 2014 cerca de 804 millones 918 mil 937 pesos para mil 951 créditos para vivienda. Sin embargo, datos ampliados del Anuario Estadístico y Geográfico de Quintana Roo señalan que en 2013 se concedieron 21 mil 415 créditos, en su mayoría para vivienda completa y en segundo lugar para mejoramiento físico de la vivienda.
La institución que más créditos dio fue INFONAVIT, seguido por la banca comercial; la inversión también fue en el orden mencionado (ver tabla 5.22).
Benito Juárez fue el municipio que más créditos y mayor inversión tuvo, seguido por el municipio de Solidaridad.
El costo, los créditos y los servicios en las viviendas ofertados no son escasos; sin embargo, las políticas implementadas no han logrado que la población que más lo requiere se beneficie de ellos, entre los que se hallan los trabajadores por cuenta propia o los que no tienen forma de comprobar sus ingresos. El gobierno estatal también ha echado mano de los programas federales sobre subsidios a la vivienda.
De acuerdo con el Censo Económico 2014, hasta ese año había 223 empresas destinadas a la construcción, lo que representaba el 1.3% de las existentes en el país. El 43% de las empresas se ubicó en el municipio de Benito Juárez y el 32.3% en Othón P. Blanco (ver gráfica 5.15).
De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2014, el rezago habitacional total de Quintana Roo fue de 114 mil 189 viviendas, lo que ubicó al estado en el séptimo lugar de las entidades con menor rezago habitacional (ver tabla 5.23).
Quintana Roo, junto con Hidalgo y Jalisco, son las entidades federativas con las viviendas más pequeñas, cuyo promedio es de 66 metros cuadrados, situación que no contribuye a que los quintanarroenses tengan una vivienda digna, pues una vez adquirida el espacio no resulta suficiente para desarrollar actividades familiares. En comparación con el Distrito Federal, las viviendas, consideradas como residenciales son de 178.3 m2 .
¿En qué debemos actuar inmediatamente?
El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales resalta que el derecho a la vivienda debe incluir las siguientes características esenciales e interrelacionadas:
Cada persona debe tener un nivel de seguridad en su situación de vivienda para estar protegido frente al desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas. Esta seguridad jurídica de la tenencia puede adoptar diversas formas, tales como la propiedad legal, el alquiler o una cooperativa de vivienda.
Las viviendas deben contar con disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Los estados deben garantizar que las viviendas ofrecen las instalaciones necesarias para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Esto incluye el acceso permanente a recursos naturales y comunes, el agua potable, la energía para cocinar, la calefacción e iluminación, las instalaciones sanitarias y de aseo, el almacenamiento de alimentos, la eliminación de desechos, el drenaje y los servicios de emergencia.
La vivienda y los costos relacionados con ella deben ser proporcionales a los niveles de ingresos y en un nivel que no comprometa otras necesidades básicas, es decir, que sean asequibles. El estado debe crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse, poner en marcha protecciones para los inquilinos frente a los alquileres no razonables, y asegurar la disponibilidad de materiales naturales en las sociedades donde estos recursos sean las principales fuentes utilizadas para la construcción de viviendas, situación que se da principalmente en la Región Maya.
Una vivienda adecuada debe ser habitable, proporcionar a sus habitantes un espacio suficiente, ser segura para vivir y dar protección contra el frío, el calor, la lluvia y otros elementos de la naturaleza y riesgos estructurales. En Quintana Roo se debe prestar especial atención a la relación entre la vivienda inadecuada y las amenazas a la salud, principalmente de fenómenos meteorológicos.
Todos los habitantes, especialmente los que pertenecen a un grupo vulnerable, deben tener acceso a una vivienda, sin exclusión de los ancianos, los niños, las personas con discapacidad, los enfermos terminales y las víctimas de desastres naturales. Se debe ofrecer vivienda prioritaria a los grupos desfavorecidos, mediante planes de viviendas apropiados para aumentar el acceso a la tierra de las personas sin hogar o los sectores empobrecidos de la sociedad.
En muchos casos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, el transporte puede ser costoso y consumir mucho tiempo. Una vivienda adecuada debe encontrarse con una buena ubicación, debe estar en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de salud y educación y otros servicios sociales. Las casas no deben construirse en lugares peligrosos o contaminados.
Los materiales de construcción de las viviendas deben estar conectados con la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda; según corresponda a las comunidades dentro del contexto particular, para diversas zonas del estado la adecuación cultural es una condición indispensable. Los esfuerzos para modernizar la vivienda deben adaptarse a las creencias y necesidades de los habitantes.
Derivado de lo anterior, es indispensable realizar las gestiones necesarias para que las instituciones de crédito, incluso el propio gobierno, garanticen estas características mínimas-básicas.