DESARROLLO URBANO
La realidad de las ciudades y las localidades del estado rebasó la planeación urbana y los programas de desarrollo urbano estatales y municipales.
El estado cuenta con 1 millón 501 mil 562 habitantes, según la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INEGI, lo que significa que el estado multiplicó su población por casi 17 veces en los últimos 45 años.
A causa de las políticas públicas efectuadas años atrás, actualmente prevalece un gran contraste regional, siendo la zona norte de la entidad la que presenta un mayor dinamismo económico, social, demográfico y urbano. Según el censo elaborado por el INEGI en 2010, el 88% de la población de la entidad habitaba en centros urbanos, mientras que el 12% lo hacía en localidades rurales (ver mapa 5.1).
De acuerdo con PricewaterhouseCoopers 2012, en el indicador Desarrollo Urbano de los estados, que mide el porcentaje de avance del desempeño de los estados en materia de vivienda, acceso a agua potable, viviendas con acceso a la electricidad, demanda de vivienda por cada mil habitantes, espacios de recreación, inversión pública en municipios, aeropuertos (nacionales o internacionales) y transporte sustentable, el estado de Quintana Roo se encuentra en el lugar número 15 respecto a las otras entidades.
El suelo urbano que posee infraestructura, equipamiento y servicios en la entidad es de 310.81 kilómetros, conforme el INEGI 2010.
En cuanto a la distribución territorial el municipio de Benito Juárez concentra 49.52% de la población de la entidad, así como las principales actividades económicas basadas en el sector terciario, situación que lo coloca como el principal motor económico de la entidad y de la Región Sureste.
Esta situación lo ha llevado a presentar un crecimiento poblacional de 4.1% en la última década, que es la tasa más alta del país; asimismo, tiene un alto grado de migración que se presenta particularmente en el polo turístico de Cancún, lo que ha desencadenado una fuerte presión hacia las ciudades de Playa del Carmen, Isla mujeres, Cozumel y Tulum.
El estado tiene grandes centros regionales en proceso de crecimiento: Cancún, Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, pero todas ellas muestran un incremento de aproximadamente 150 zonas irregulares, las cuales se calcula que ocupan una superficie de 19 mil hectáreas que generan áreas con carencias principalmente sobre zonas ejidales, debido a causas multifactoriales, entre las que destacan la inmigración y la falta de recursos económicos.
Esos fenómenos han provocado situaciones problemáticas que ya fueron tratadas en los ejes anteriores de este documento, y que repercuten en la falta de empleo o bien en empleos estacionales en la zona y la falta de acceso a mejores condiciones para el desarrollo de una vida digna, en tanto las necesidades de infraestructura y de servicios básicos son cada vez mayores.
Una situación adversa que se añade a la problemática urbano-ambiental de la entidad es la ocupación del territorio —ya sea para el desarrollo de nuevos asentamientos destinados a los habitantes locales, a la infraestructura, o con el fin de realizar actividades turísticas— sobre zonas agrícolas, de riqueza forestal o sobre territorio virgen, lo cual tiene un efecto negativo en los ecosistemas naturales, es decir, sobre el principal activo de la zona.
Otro grave problema observado a lo largo de la zona costera consiste en que debido al tipo de actividades que ahí se desarrollan —muchas de ellas asociadas a los servicios, como el turismo recreativo, las actividades portuarias, pesca, acuacultura y el crecimiento demográfico— se genera estrés ambiental, lo cual representa un serio peligro no sólo para el estado sino para el país en general, pues la riqueza cultural y ambiental de la península ha sido el valor diferenciador del estado respecto al resto del territorio.
Datos contenidos en los informes de la administración 2011-2016 señalan que para la construcción de equipamiento e infraestructura pública establecida en los programas estatales y municipales se otorgaron 288.3 hectáreas en donación, principalmente a los ayuntamientos; y a fin de brindares certeza jurídica los predios fueron utilizados principalmente para infraestructura de educación y salud (ver gráfica 5.1).
Igualmente, los mismos documentos dan cuenta de las constancias de compatibilidad urbanísticas otorgadas, que responden a la política del orden y control del crecimiento urbano en cumplimiento al marco normativo y los requerimientos de los municipios. En el periodo 2011-2015 se emitieron 3 mil 141 constancias (ver gráfica 5.2).
Otra acción que brinda certeza jurídica a los inmuebles públicos son los títulos de propiedad. En cinco años del gobierno anterior se expidieron 252 títulos de propiedad de inmuebles ubicados en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum (ver gráfica 5.3)
El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), como promotor del desarrollo económico y social de la entidad, tiene la obligación irrestricta de adquirir la reserva territorial con la que debe contar el gobierno del estado para infraestructura, vivienda, servicios y esparcimiento, así que con esta facultad de la que está investido destinó 18 millones 910 mil pesos para adquirir 440,427.18 hectáreas en los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco para reserva territorial, en beneficio de los habitantes.
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) se firmó un acuerdo para materializar el compromiso 170 presidencial en el estado de Quintana Roo, que consiste en la regularización de 2 mil 802 hectáreas, que suman la superficie de 2 mil 610 hectáreas en el municipio de Benito Juárez y 192 hectáreas en la demarcación continental del municipio de Isla Mujeres; lo anterior posibilitó regularizar asentamientos humanos que antes eran 52 mil 208 lotes irregulares, entre parcelas, colonias y unidades habitacionales, que benefició el patrimonio familiar de 208 mil 832 quintanarroenses.
Los instrumentos de planeación urbana regulan el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el estado de Quintana Roo dispone de múltiples programas de desarrollo urbano: estatal, de centros de población y municipales, entre otros, que dan cuenta de la importancia que tiene la ordenación de sus asentamientos (ver tabla 5.1).
De ellos, es preciso destacar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Región Caribe Norte, que está conformada por los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y la zona costera de los municipios Solidaridad y Tulum. La importancia radica en su potencial, pues es el área turística más importante del país, además de que el desarrollo de las localidades de estos municipios ha hecho que otras localidades cercanas (Vicente Guerrero, Kantunilkín, Solferino, San Ángel, Chiquilá y Holbox) a la región se integren a esa dinámica económica y, en consecuencia, comiencen a conformar pequeños subsistemas que deberán recibir apoyo para aprovechar las economías de escala generadas a partir del desarrollo turístico costero de la zona.
Otro instrumento que merece especial atención es el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, el cual inició su actualización en el año 2012, ya que desde que fue publicado en abril de 2002 sus políticas continuaban implementándose, pese al rezago que presentaban y su desfase con la realidad, aunque finalmente no fue publicado y en consecuencia no obtuvo vigencia y obligatoriedad.
Otra acción importante realizada fue la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Benito Juárez, en vinculación con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, por lo que este municipio es el primero del estado que recibe el apoyo de ambos instrumentos tendientes a propiciar un desarrollo sustentable, fortalecer la conservación de los ecosistemas y dotar de una mayor certidumbre a la inversión pública y privada.
126 http://seduvi.qroo.gob.mx/index.php/programas-de-desarrollo-urbano-pdus…
Hay que destacar la importancia de los Comités Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda en los municipios, pues fungen como órganos auxiliares en la planeación urbana con una notable y activa participación.
Uno de los motivos por los cuales la planeación urbana estatal carece de instrumentos legales para el desarrollo de las regiones, metrópolis y zonas conurbadas es que no hay estudios sectoriales de Quintana Roo; tal situación se refleja en la falta del crecimiento equilibrado y ordenado en toda la entidad.
Aunque a inicios de este siglo se hicieron estudios de diversa índole con énfasis en los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población y en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano no recibieron la misma atención, y ello entorpeció el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano en sus niveles programáticos.
¿En qué debemos actuar inmediatamente?
En los últimos años se suscitaron cambios demográficos notables: aumentó la estructura piramidal por edad y sexo de la población en las localidades que forman parte de Quintana Roo, disminuyó la mortalidad infantil y se incrementó la esperanza de vida. Estas transformaciones se debieron principalmente a la instalación de servicios sanitarios de primer y segundo nivel. Por esta razón es forzoso ampliar y mejorar la Infraestructura, el equipamiento y los servicios de las ciudades y localidades rurales, para convertir tanto las ciudades como los asentamientos humanos en lugares incluyentes, seguros, habitables y sostenibles.
La planeación y gestión urbana del estado se han llevado a cabo de manera parcial, pues incluso cuando se han propiciado las condiciones adecuadas para emprender ordenamientos territoriales ecológicos dentro del estado se ha omitido la necesaria transversalidad del ordenamiento territorial donde se entrelacen lo urbano, lo rural y lo natural; es decir, ha faltado integrar a los estudios de ordenamiento territorial la administración eficiente del crecimiento urbano, así como la protección, preservación, conservación, restauración y el mejoramiento de los recursos naturales, con un enfoque de sustentabilidad para protegerlos y conservarlos.
Este panorama indica que se debe generar un desarrollo armónico y equitativo, con la participación de las autoridades municipales, el sector privado y los ciudadanos, de manera flexible, coordinada y concertada institucionalmente, para generar programas de ordenamiento territorial integrales que posibiliten mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado, sin perder de vista la competitividad, habitabilidad, sustentabilidad, cohesión y justicia social.