Es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un Sistema de Justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho. La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.
En este sentido, se requiere de un sistema jurídico que esté basado en principios, procedimientos y documentos, sin ambigüedades y que garanticen el entendimiento de la Ley por parte de ciudadanos y funcionarios.
Ahora bien, en este rubro los ciudadanos tienen una percepción negativa generalizada. La carencia de certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley es, sin duda, una de las características del sistema de procuración de justicia que más acusadamente marca la percepción que los ciudadanos poseen de las instituciones y sus funcionarios, lo que se refleja en la escasez de denuncias sobre delitos.
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad inicio con la declaratoria de su entrada en vigor el 10 de abril de 2014, y el inicio de vigencia comenzó el 10 de junio del mismo año39. Asimismo, la Ley correspondiente al Sistema Penal Acusatorio fue aprobada a poco más de un mes de publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales.
De acuerdo con el INEGI, en Quintana Roo, en el año 2013 por cada 100 mil habitantes había tres jueces y cuatro órganos de seguridad y justicia estatales por cada 100 mil habitantes, como en Coahuila y Tabasco.
http://proyectojusticia.org/datos/public/informacion.html
En ese mismo año se registró que sólo el 59.2% de las averiguaciones previas se resolvía, está situación ubicó al estado en el lugar 14, debajo de la media nacional.
En el año 2014, el INEGI, registró que el 4.91% de la población tenía confianza en la aplicación de la ley.
En cuanto a la tasa de personas con sentencia condenatoria, el INEGI registro al estado en el lugar 26, respecto a las demás entidades, con un 82.7%.
En 2015, en el indicador de percepción de ausencia de corrupción en el sistema judicial40 generado por INEGI, ubico al estado en el penúltimo lugar nacional con 19.7%
La confianza de aplicación de la ley41, que mide el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe que los delincuentes son siempre castigados, medido por INEGI, ubica al estado debajo de la media nacional, con un porcentaje de 4.91, en el lugar 22.
Esta percepción tiene origen, entre otros factores, en la ineficacia, la corrupción, los abusos y el tráfico de influencias que repercuten en el funcionamiento de las dependencias, mismos que han propiciado una escasa investigación de los delitos, procedimientos inadecuados, así como el uso de tecnologías y mecanismos de información obsoletos.
Por tal motivo, la procuración de justicia se ha comportado de manera reactiva, propiciando que la población se sienta insegura, insatisfecha y abandonada ante el marco jurídico que la rige.
En cuanto al nivel de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, según CIDAC, para el año 2014 presentaba una operación parcial, ya que contaba con el 71% de avance en armonización normativa y se ubicó en el lugar 23 en su implementación.
INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.
INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014.
El IGI-MEX 2016 ubica al estado de Quintana Roo en los mayores niveles de impunidad, que lo ubican en el penúltimo lugar nacional con un grado de impunidad muy alto y 76.61 puntos. Es preciso mencionar que 29.39 puntos lo separan del estado de Campeche, que de acuerdo al índice es el menos impune del país.
A través de la cadena impune es posible identificar el volumen de casos que continúan avanzando en el proceso desde que inicia la averiguación previa hasta la sentencia registrada como condenatoria. En el caso de Quintana Roo, se contabilizaron 35 mil 271 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas durante 2013. De ellas, se llegó a alguna determinación en 59% de los casos y 41% fueron descartados. En total 20 mil 891 averiguaciones fueron determinadas (ver gráfica 2.25).
Se estiman 73.3 causas penales por jueces en el estado, esto es un número mayor a la media nacional, que es de 51.7. Es de reconocerse la amplia brecha entre el número de averiguaciones abiertas y en las que se logró acreditar una causa penal. Esto se debe a diversas causas: desde que se levanten denuncias por presuntos delitos que efectivamente no cuentan elementos para poder determinarse causa penal, hasta que el Ministerio Público no está logrando conseguir las pruebas suficientes para acreditar las investigaciones abiertas con causa penal.
Sin embargo, el presupuesto asignado a las instituciones que procuran y administran justicia aumentó en los últimos años, sin que ello se viera reflejado en una administración de justicia eficiente y capaz de revertir los atrasos en materia de procuración de justicia (ver gráficas 2.26 y 2.27).
En la subdimensión de sistema de justicia relativa a la dimensión funcional, registra el total de ingresos penitenciarios, el 28.5% cuentan con una sentencia, el cual es un porcentaje bajo frente al 58.4% de la media nacional.
Asimismo, 63.4% de los reclusos no tienen una sentencia en primera instancia comparado con el 35.7% del promedio en el país. Sin embargo, el presupuesto ejercido por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura por cada 100 mil habitantes es mayor al nivel nacional y el de la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia.
También se cuenta con una mayor cantidad de personal en el sistema judicial. Se estima que hay 33.8 policías judiciales por 100 mil habitantes, tres veces más que el promedio nacional; y hay 3.7 secretarios por juez.
El índice registra un mayor gasto y personal dedicado en el ámbito judicial, así como en el Ministerio Público. El personal en esta instancia es de 14.9 personas por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional. En el caso del personal dedicado a investigación, por cada mil delitos registrados hay 3.03 peritos y 6.44 agentes del Ministerio Público.
Debido a la cercanía con la frontera sur, se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra del Migrante, aunque la creación de esta fiscalía es un buen principio, aún hace falta establecer otras estrategias.
¿En qué debemos actuar inmediatamente?
Diseñar programas de profesionalización y regular los procesos de selección, capacitación, promoción y remuneración de los servidores públicos debe ser una prioridad, con el propósito de mejorar el capital humano y la confiabilidad hacia éste, así como realizar las gestiones necesarias para la transición total hacia el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
A pesar de que las inversiones en el sistema judicial y el número de personal, superan la media nacional, esto no se ve traducido en el número de sentencias, situación que se convierte en una cadena de impunidad.
Además de la capacitación del personal en los nuevos procedimientos, es necesario generar modalidades de capacitación en temas específicos de conciliación, pues es a través de este mecanismo como se centra la solución de conflictos de manera anticipada para evitar el congestionamiento judicial.