Construir un buen gobierno implica la apertura de su actuación al escrutinio público a través de mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo, transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos, así como la rendición de cuentas de acuerdo a las metas establecidas en el corto, mediano y largo plazos.
Al convocar la honestidad, la justicia y la confiabilidad como componentes de la transparencia será en la presente administración un principio de actuación que permita forjar, en la totalidad del cuerpo burocrático, una actitud de apertura y diálogo constante con los ciudadanos.
En esta práctica se gestan ventajas competitivas, así como mayores beneficios en la atención de necesidades sociales, pues se conforma un ambiente de confianza, reconocimiento y apropiación de las acciones al reducir la discrecionalidad y evitar los actos que propicien corrupción.
Aunado a ello, la rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades, siempre y cuando éstas informen de manera clara sobre sus decisiones y justifiquen las acciones emprendidas, con el acompañamiento de mecanismos de control y sanción para quienes no se conduzcan de acuerdo a la Ley.
Para el gobierno estatal, la transparencia, la rendición de cuentas, el orden, el control y el combate a la corrupción, son principios de actuación cotidiana con sustento legal en su aplicación, los cuales se instituyen en prácticas de gobierno que gozan de amplio reconocimiento. La adopción de estos principios por quienes conforman la administración debe estar respaldada por el reconocimiento de la situación actual que guarda la entidad; sólo a partir de ello será posible identificar las causas y las alternativas de acción para la consolidación de la tarea mencionada.
Durante los últimos años han sido pocos los gobiernos que han sustentado con hechos su convicción de que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción deben ser una realidad, no sólo un buen argumento discursivo para diferenciarse de gobiernos antecesores, pero también hay quienes consideran al conjunto de prácticas y herramientas antes citadas como una obligación innecesaria que cuestiona su actuación sin aportar beneficios tangibles. Se debe subrayar que la relevancia de la transparencia gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de disminuir los niveles de corrupción y recuperar la confianza en las instituciones.
Quintana Roo se encuentra actualmente entre los estados más rezagados en materia de transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto, razón por la que carece de estrategias, métodos o sistemas para la prevención, detección o combate a la corrupción.
Esta situación fue originada por diversos factores que se reflejaron en el desorden administrativo de gobiernos acostumbrados a actuar bajo el amparo de la secrecía, la confidencialidad y la supuesta experiencia en el manejo de información pública, que impedía a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información pública gubernamental.
El desinterés y desidia de anteriores administraciones imposibilitaron instrumentar acciones, proyectos y programas indispensables para fomentar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. A esto obedece que la entidad se encuentre en los últimos lugares de las evaluaciones realizadas por organismo nacionales expertos en la materia.
La disposición de información fiscal generada por el gobierno de Quintana Roo fue catalogada en 2015 en el rubro de carente en cuanto a la atención de las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Contabilidad Gubernamental; esto se observó en la presentación de la cuenta pública, el presupuesto de egresos, los reportes respecto a la deuda y finanzas públicas, así como en los programas anuales de evaluación que son usuales en todas las entidades federativas y que sirven de argumento para la asignación presupuestal a las dependencias y entidades de la administración.
Debido a lo expuesto, Quintana Roo se ubicó en el lugar 24 de todas las entidades federativas evaluadas a través del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas elaborado por la consultora Aregional. La característica distintiva fue la presentación de información sin suficiente desagregación y claridad, por lo cual los resultados podrían ser cuestionables en una revisión más detallada (ver gráfica 3.1).
Los mecanismos existentes en materia de planeación y programación no poseen la solidez institucional necesaria para obtener un buen desempeño gubernamental o presentar puntualmente los dispositivos de asignación presupuestal ni el ejercicio del gasto, alineados a objetivos y metas establecidas en el corto, mediano y largo plazos. En cuanto a los sistemas de evaluación la presentación de información es poco confiable, ya que no clarifica los modelos de planeación y programación; pero a pesar de estas grandes deficiencias, la información se presenta ante los órganos auditores.
El resultado mencionado, guarda particularidades importantes si se toma como referencia el resultado del año 2014, pues mejoró 7 posiciones para ubicarse fuera de los niveles bajos y se reconoció el esfuerzo gubernamental de presentar la información a través del portal de transparencia fiscal y con una mejora significativa en la calidad de los archivos.
El cuestionamiento es obligado: ¿Por qué con la presentación de la información no se advirtieron problemas eventuales en el manejo de las finanzas públicas, o, por otro lado, si se señalaron —ya que el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) tan sólo evalúa la presentación de información— por qué el gobierno en aquel momento no actuó en consecuencia? Estas preguntas justifican la urgencia de disponer en todo el país de un Sistema Nacional Anticorrupción y de una Ley de Disciplina Financiera para investigar y sancionar los actos de corrupción, así como para ordenar los procesos internos de los gobiernos en el manejo de los recursos públicos, orientándolos a la consecución de objetivos y evitar con ello la contratación de deuda pública como remedio a la pereza gubernamental.
Los resultados detallados al 2015 presentan bajos puntajes en lo referente a estadísticas fiscales, rendición de cuentas y marco programático presupuestal, pero destaca la existencia de un marco regulatorio articulado con las disposiciones de carácter federal. Con referencia a estos últimos datos, el modelo programático, presupuestal y de evaluación advierte una realidad que ha caracterizado a la administración estatal, al presentar el origen en los recursos, pero no en el ejercicio de estos, pues no existe un marco de planeación adecuado que justifique la dirección del presupuesto hacia prioridades previamente definidas; lo anterior se constata en la presentación de la Ley de Ingresos y su contraste con el proyecto de egresos expuesto históricamente sin sustento de planeación. Este es el primer paso para evitar la rendición efectiva de cuentas.
Prueba fehaciente de ello es la publicación en 2016 del ITDIF que registra, en primer lugar, una caída de posición para Quintana Roo al lugar 26, pero de igual forma, un cambio metodológico que permitió agregar mayor rigurosidad en la clasificación de dicho Índice. Lo anterior responde a los altos niveles de competencia y calidad de la información presentada por las entidades, así como el contexto nacional en donde actualizaciones como la referente a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue determinante para identificar a aquellas entidades que cumplieron de manera sistemática y justificada, pero sin la intención de transparentar sus acciones (ver gráfica 3.2).
Durante el último año de la evaluación se observaron varias carencias en la presentación de la información, baja calidad y su falta de integración en formatos de datos abiertos, así como poca desagregación que exhibe un desorden interno en materia administrativa.
Concretamente, al cierre de la administración 2011-2016, se continuó con la desatención al marco programático presupuestal, por lo cual se advertía la desarticulación entre la planeación, los ingresos y la asignación del gasto. También se identificaron errores en el modelo de evaluación de resultados, pues los indicadores presentados no reflejaban la realidad de la administración local y estos no fueron cotejados con auditorías en el ejercicio presupuestal. Finalmente, es importante mencionar la falta de claridad en la asignación de compensaciones y deducciones a los funcionarios públicos, así como la ausencia de datos relativos a convocatorias, participantes, motivos, montos y plazos de entrega en todos los procesos de licitación referentes a la adquisición y adjudicación de contratos en materia de obra pública (ver tabla 3.1). Esta conjugación de factores ubica a la administración pública de Quintan Roo como una de las de mayor opacidad, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas y renuente a la apertura de su gobierno al escrutinio público.
La desorganización programática y presupuestal ha conducido a la opacidad y corrupción gubernamental, con considerables repercusiones en las finanzas públicas en Quintana Roo; este hecho también se constata en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el cual se registra por dos años consecutivos a Quintana Roo como la entidad con el menor porcentaje de cumplimiento relativo a Finanzas Públicas, Acceso a Información Pública, y Datos Abiertos, entre otros.
Durante 2015, la entidad registró 50% de cumplimiento en dicho Índice, situándose por ello en el último lugar de la clasificación. Este resultado se relaciona con una deficiente atención al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos en materia de Armonización Contable, que se reflejaba en la mala calidad de la información presupuestal, al ser imposible presentar ante los ciudadanos cuánto, cómo y en qué se invertía el dinero público (ver gráfica 3.3).
Por lo anterior, la estructuración programática y presupuestal de carácter público es un simple recurso discursivo, no una realidad política y social en la entidad; más que eso, ha sido una falacia administrativa que impidió la congruencia entre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el estado.
Con ello, se identifican graves faltas administrativas, entre las que sobresalen la presentación de información sin versiones de carácter público ni en formato de datos abiertos; a ello se añade la falta de desagregación de información presupuestal en la clasificación por objeto de gasto en capítulo, concepto y partida, así como también limitantes en el clasificador por tipo de gasto, en especial lo referente a la armonización de la deuda pública, pasivos, pensiones y jubilaciones; evidentemente, todo ello conduce a la identificación de áreas de oportunidad en lo referente a la clasificación administrativa, económica y de funcionalidad (finalidad, función y subfunción) con relación a la integración de los programas presupuestarios de acuerdo a los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
Por añadidura, la calificación obtenida en la sección de Clasificaciones durante el año de referencia fue de 0%, mientras que en las secciones de Acceso Inicial y Aspectos Generales se registró 92% y 73% respetivamente, con lo cual se observa que en Quintana Roo la información presupuestal se presenta de manera general sin consideraciones a la normativa nacional que exige garantía de publicitar en todos los aspectos relacionados con la materia, siendo el mayor problema la calidad de la información.
Considerando que más del 60% de los recursos en los estados se destinan al pago de sueldos del aparato burocrático, destaca la nula información reportada en cuanto al número de plazas existentes (honorarios, base y confianza) que conforman la base trabajadora del gobierno quintanarroense; de igual manera ocurre con la presentación general de los tabuladores sin la exhibición de las remuneraciones adicionales al sueldo base; y tampoco se muestra el número de plazas existentes en el magisterio o la cantidad de recursos destinados al pago de pensiones, lo que en conjunto justifica la calificación de 0% a la sección referente a Tabuladores/Plazas del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE).
Con la reserva de presentar mayor desagregación de la información referente a las finanzas públicas en el apartado correspondiente dentro de este diagnóstico, es importante mencionar que la información mostrada en la materia tan sólo registró un 17% de cumplimiento en los parámetros establecidos en la sección de Deuda Pública del IIPE; a ello se debe sumar la poca claridad de la información referente al financiamiento de partidos políticos, gastos en Comunicación Social, los fideicomisos públicos, padrón de beneficiarios de programas sociales, ayudas sociales, la utilización de los recursos para desastres naturales y la contratación de deuda bajo este justificante, así como donativos, entre otros (ver imagen 3.1).
La programación presupuestal y los criterios de evaluación con referencia a los recursos ejercidos por el Congreso, el Sistema Judicial y los Partidos Políticos son inexistentes, por lo cual el uso de recursos públicos se mantiene en absoluta opacidad.
Durante el último año de la administración 2011-2016 la situación descrita persistió: el estado de Quintana Roo se mantuvo en el último lugar nacional y ni siquiera se 215 pudo conservar el mismo porcentaje de atención, pues en la medición del año 2016 se registró tan sólo un 48% como calificación otorgada por el IIPE (ver gráfica 3.4).
El resultado obtenido confirma la desorganización administrativa que redunda en la presentación de información gubernamental dispersa, heterogénea e incompleta, por lo cual se ha dificultado no sólo a los ciudadanos sino a toda la población local, regional y nacional, saber cuánto, en qué y para qué se utilizan los recursos públicos en un estado con alto crecimiento económico y destino turístico de playa, reconocido internacionalmente (ver imagen 3.2).
En la evaluación del IIPE 2016 se registró como una mala práctica en el país que el estado de Quintana Roo sea la única entidad federativa que no cuenta con una versión pública de su Periódico Oficial.
La integración del Presupuesto de Egresos impedía percatarse de las prioridades gubernamentales y, por ende, el ejercicio de rendición de cuentas se encontraba limitado, al no estar disponibles para su observación los rubros de inversión gubernamental y el destino de los impuestos pagados por los ciudadanos.
Si a lo anterior se agrega la expedición de la nueva Ley de Disciplina Financiera, así como los recortes presupuestales previstos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se evidencia que la integración de los proyectos de egresos estatales deberán estar acompañados de su respectiva justificación técnica del ejercicio en el gasto, es decir, es requisito fundamental presentarlos por los rubros de atención en el corto y mediano plazos, adjuntando los objetivos, las estrategias y metas que posibiliten dar a conocer cómo serán atendidas las demandas y necesidades de la población.
La situación financiera que enfrenta Quintana Roo dará paso a la disyuntiva entre mejorar el gasto público o continuar con el endeudamiento bajo los nuevos preceptos establecidos en la normativa federal anteriormente referida. No obstante, cualquiera que sea la ruta tomada el transparentar su actuación deberá ser una obligación.
En el análisis correspondiente al año 2016 se revela una degradación administrativa respecto a los mecanismos de vinculación ciudadana y el acceso a la tarea gubernamental en cuanto a transparencia se refiere; sin embargo, es aún más grave la fragilidad institucional en materia de planeación, programación y evaluación de la tarea gubernamental, pues se padecen seis situaciones principales que a continuación se enuncian:
1. Deficiente planeación y asignación del gasto;
2. Programación Presupuestal sustentada en procesos;
3. Mala adopción del Presupuesto con Base en Resultados;
4. Mecanismos de evaluación limitados a la integración de indicadores de desempeño, sin atención clara a las dimensiones de eficacia, eficiencia calidad y economía;
5. Tendencia inercial al cumplimiento de actividades base por dependencia y entidad gubernamental, bajo la consideración de contratación a nueva deuda pública, y
6. Ausencia de un plan integral de saneamiento de las finanzas públicas estatales.
En este sentido, desde el año 2014 se vislumbraba el desfase de la normatividad vigente, el escaso cumplimiento de la información que debía ser pública de oficio, la deficiente atención a los usuarios que demandan información a sujetos obligados, la nula capacidad del órgano existente para garantizar la transparencia, así como el incumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados, que en conjunto fueron registrados en la Métrica de la Trasparencia elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución que otorgó .674 de 1 al estado de Quintana Roo.
Hay que resaltar, como preludio al apartado correspondiente al modelo de planeación, programación y evaluación, que la adopción del Presupuesto con base en Resultados (PbR) como política federal y de aplicación obligatoria desde el año 2008 mantiene una disociación entre el nombramiento de procesos con el calificativo PbR y los resultados obtenidos en el funcionamiento del gobierno; la entidad, aun con el amparo de la metodología, no presenta resultados que eleven la calidad del gasto público; esto indica que las acciones del gobierno no son palpables en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida de los quintanarroenses. La asignación presupuestal con baja rigurosidad técnica conllevó a “inadvertir” el endeudamiento de la entidad, así como a justificar a través de la integración desmedida de Programas Operativos Anuales revestidos por el concepto de Programas Presupuestarios, mayores erogaciones con relación a los ingresos en arcas (ver los apartados Finanzas Públicas, Actuación con base en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño).
Gobierno Abierto
La mayor dificultad en la conformación de un gobierno abierto reside en hallar consenso para su propia conceptualización. No obstante, por tal se entiende una política pública que entrelaza los conceptos transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos en las políticas públicas, cuya característica sobresaliente consiste en que la información y datos gubernamentales desempeñan un papel protagónico. Así pues, el gobierno que adopte esta política debe entender que ésta no sólo consiste en el desarrollo de portales electrónicos con contenidos de información generalizada y sin vinculación con las demandas sociales en la materia, pues más allá de la consulta pública respecto a los planes, programas, políticas o proyectos emprendidos, se mantiene presente la posibilidad de involucrar a los ciudadanos con el diseño, la planeación, la programación, la ejecución, la evaluación, el seguimiento y el control como un ejercicio de co-creación, en donde se atienden y solucionan de manera colaborativa los problemas públicos.
Lo anterior da pauta a vincular la trasparencia con la participación ciudadana dentro de un marco general de actuación en el cual el gobierno abre su administración al escrutinio público, en el entendido de que el gobierno no puede ni debe ser el único agente en la definición y atención de las necesidades sociales, si es que quiere conseguir mayor legitimidad en sus decisiones; el ciudadano tiene así la posibilidad de transitar de la pasividad al protagonismo en la definición de la agenda pública de un gobierno horizontal.
Quintana Roo carece por ahora de mecanismos vinculatorios para el impulso al Gobierno Abierto, pues como se expresó, las autoridades han minado la transparencia y la rendición de cuentas y han evitado su contacto con los ciudadanos, así como también han sido renuentes a la creación de herramientas innovadoras que promuevan el intercambio y la retroalimentación acerca de sus acciones, lo que se entiende como una tarea pendiente en la estrategia nacional para el impulso del gobierno abierto (ver imagen 3.3).
Quintana Roo carece por ahora de mecanismos vinculatorios para el impulso al Gobierno Abierto, pues como se expresó, las autoridades han minado la transparencia y la rendición de cuentas y han evitado su contacto con los ciudadanos, así como también han sido renuentes a la creación de herramientas innovadoras que promuevan el intercambio y la retroalimentación acerca de sus acciones, lo que se entiende como una tarea pendiente en la estrategia nacional para el impulso del gobierno abierto (ver imagen 3.3).
Lo anterior tiene su origen en la falta de voluntad política para crear parámetros de actuación para incentivar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, que deriva en la inactividad institucional de dependencias, entidades y organismos para la propuesta de acciones encaminadas a la atención de los postulados en materia de gobierno abierto, por lo cual se registra en la entidad una serie de carencias en esta materia, que a continuación se enuncia:
• Inexistencia de Protocolos de Apertura Gubernamental para la publicación de información.
• Publicación de información limitada a datos generales de actuación gubernamental.
• Presentación de información en versiones ciudadanas, pero sin el acompañamiento de formatos para datos abiertos (se considera información ciudadana pero no pública).
• Inexistencia de un sitio único de concentración para información en formatos de datos abiertos.
• Falta de mecanismos innovadores para incentivar la colaboración con los ciudadanos.
• Demora en la adhesión al Modelo de Gobierno Abierto del INAI con la estrategia de Co-creación (ver imagen 3.4).
Imagen 3.4 220
Si bien es cierto que en el país no están dispuestas todas las condiciones para adoptar los principios establecidos internacionalmente en la materia a través de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), no hay que olvidar que en la entidad las acciones efectuadas no han logrado fortalecer la transparencia y mucho menos la rendición de cuentas, por lo cual la suma de esfuerzos para colaborar con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un área de oportunidad invaluable a través del Modelo de Gobierno Abierto, con base en la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación (ver imagen 3.5).
Con lo anterior se busca que gradualmente las instituciones gubernamentales avancen en la instrumentación e institucionalización de esquemas comprensivos de divulgación que no sólo pongan a disposición de la ciudadanía la información exigida por la legislación o solicitada ex profeso (transparencia reactiva), sino también la publicación de datos e información socialmente útil (transparencia proactiva).
Aún más importante es fomentar la participación de los ciudadanos en la tarea del gobierno a fin de definir de manera conjunta las alternativas de solución a las necesidades que se consideren apremiantes en todos los ámbitos, tarea pendiente para el gobierno de Quintana Roo (ver imagen 3.6).
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- ACUERDO por el cual se establece el Modelo de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Fortalecer la relación entre el gobierno y los ciudadanos debe permitir una interacción fructífera que redunde en las acciones del gobierno. En este proceso debe considerarse, en primer lugar, los intereses cotidianos de los ciudadanos y, en segundo, los conocimientos, actitudes y prácticas relativas al Derecho de Acceso a la Información. Al respecto, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 (ENAID), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fue diseñada para analizar la calidad de la información que emite el gobierno, así como el grado de interés de la población en ésta, a fin de construir alternativas para la apertura gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas.
Según la ENAID, los temas de mayor interés cotidiano de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de 100 mil habitantes son los siguiente en orden de importancia: noticias, amigos, clima, precios de alimentos, actividades recreativas, desastres naturales, higiene personal, salud, trámites, pagos, ubicación de lugares y deportes, entre otros (ver gráfica 3.5).
Para Quintana Roo los resultados de la aplicación de este instrumento en el mismo rango etario confirman la falta de interés de los ciudadanos en la actividad del gobierno y la falta de credibilidad en las instituciones gubernamentales; todo ello debe tomarse en cuenta en el diseño de las estrategias de comunicación y vinculación para la co-creación en el espacio público, pues como se observa, la población de 18 años tiene como necesidades primordiales de información en su vida cotidiana, por orden de importancia, las siguientes: información sobre amigos y familiares, noticias, clima, cuidado e higiene personal y precios de alimentos, mientras que los cinco asuntos menos importantes son los relativos al tráfico, oferta y bolsas de trabajo, partidos políticos, religión y comunicados de gobierno (ver gráfica 3.6).
Asimismo, es necesario considerar —con el fin de desarrollar la estrategia de comunicación y vinculación con los ciudadanos para dar cumplimiento a los objetivos en la materia— los medios utilizados por la población para consultar la información relevante en su vida cotidiana. Según la ENAID, tanto en la entidad como en la generalidad del país, se consulta prioritariamente la televisión, seguida de internet o directamente al proveedor o prestador de servicios para obtener información de la vida diaria (ver gráfica 3.7).
En cuanto al segundo considerando, relativo a la actuación del gobierno, se debe poner interés a la información que éste genera en el corto, mediano y largo plazos, para relacionarlo con las necesidades de información de la población y conocer el grado de aceptación de los logros cumplidos. La propia Encuesta detectó que los temas que genera el gobierno sobre los cuales la población escuchó o leyó más fueron los concernientes a Seguridad Publica, narcotráfico o delincuencia, Desastres Naturales, Elecciones, Servicio público de Salud y Servicio de educación pública. Cabe destacar que en el mismo orden, aunque con diferentes cantidades, se registra la confianza que la población guarda con respecto a la información vertida en los tópicos que se pueden observar a continuación (ver gráfica 3.8).
Resulta por demás interesante que los principales medios que usa la población quintanarroense para conocer información son páginas de internet de los gobiernos, los portales de transparencia en internet, los periódicos o publicaciones oficiales de los gobiernos, así como también prefieren acudir directamente a las oficinas de gobierno, las oficinas de transparencia, pero la televisión e internet son los modos más usuales de obtener la información requerida. Del total de la población de 18 y más encuestada, sólo 18 mil 799 habitantes consideraron que fue muy fácil obtenerla; 362 mil 410 dijeron que fue fácil, mientras que 290 mil 011 consideró que fue difícil, y 62 mil 926 aseveró que fue muy difícil. Ambas vertientes propuestas para impulsar una estrategia de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, están expresadas en la ENAID (ver gráfica 3.9).
Los resultados insatisfactorios que se han obtenido en materia de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abiertos son multifactoriales, como se ha observado; las tres principales causas, sin duda alguna, son la desorganización administrativa prevaleciente en todo el aparato gubernamental, la falta de voluntad política para transparentar la actuación del gobierno, el nulo fortalecimiento al área encargada de registrar y vigilar el cumplimento de la normativa, así como la inexistencia de un sistema de control, vigilancia y sanción a los actos de corrupción.
Con base en ello, se advierten serias deficiencias en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo cual es prioritario fortalecerlas mediante diversas estrategias, como las que se han expuesto, sin omitir su vinculación con la participación ciudadana.
Esto permite recordar la reciente aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con implicaciones directas en las entidades federativas que, en un primer momento, obliga a efectuar cambios estructurales al interior del gobierno y, en un segundo momento, a que el actuar del gobierno se conduzca con rectitud institucional y de carácter personal en la figura de sus funcionarios públicos; baste mencionar el SNA ha contado con impulso ciudadano en la vertiente correspondiente a la integración de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses comúnmente conocida como Ley 3 de 3.
El SNA es un mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno a fin de prevenir y combatir actos de corrupción, así como garantizar mayor transparencia y efectiva rendición de cuentas; la aprobación considera 7 leyes secundarias en la materia:
Expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Establece las bases de coordinación del SNA, a nivel federal y local, así como las características del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital Nacional.
Expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Establece las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos, de presentar declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal.
Expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Fortalece a la Auditoría Superior de la Federación para el combate de la corrupción.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa
• Sancionar por faltas graves tanto a servidores públicos como a particulares.
Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
• Crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción.
Reformas al Código Penal Federal.
• Establece las sanciones que serán acreditables a quienes cometan actos de corrupción: servidores públicos y particulares.
Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Fortalece a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción
Con ello, el reto para las entidades federativas es la homologación a la legislación federal en la materia e iniciar con la publicación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, así como con instalación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, instituir en el Tribunal de Justicia Administrativa una sala especializada en materia de anticorrupción, así como la conformación del Consejo Ciudadano especializado en la materia, entre otras acciones de acuerdo a lo señalado.
¿En qué debemos actuar inmediatamente?
Hacer de Quintana Roo un estado más transparente requiere la correcta adopción del Sistema Nacional Anticorrupción y su aplicación con sustento programático y presupuestal al interior de la administración pública.
Una tarea fundamental será la mejora del portal web del gobierno del estado, dotándolo de información útil, sumamente accesible y de óptima calidad para todos los ciudadanos, además de perfeccionar y modernizar los procesos y las plataformas existentes para que los quintanarroenses puedan tramitar sus solicitudes de acceso a la información con apego a la normatividad disponible para ese fin, respetando los tiempos de respuesta. Al efectuarse estas modificaciones en un mediano plazo las mejorías deberán ser evidentes.
Asimismo, fortalecer los modelos de planeación, programación, seguimiento, evaluación y control gubernamental que permitan clarificar el ejercicio del gasto público y con ello abrir la puerta al cuestionamiento razonado respecto a las prioridades de actuación estipuladas por la autoridad.
Por último, la vinculación con los sectores empresarial y académico será la oportunidad ideal para diseñar localmente un sistema integral de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, con el cual se dé cumplimiento de la mejor manera posible a los lineamientos nacionales, así como para optimizar los procesos gubernamentales dirigidos a obtener resultados tangibles en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Nota: Las acciones puntales que serán desarrolladas con base en el nuevo modelo de gobierno pueden ser consultadas en la sección Plan de Acción en la que se presentan programas estratégicos de gobierno acompañados por objetivos, estrategias y líneas de acción.