En Quintana Roo #JuntosSaldremosAdelante ante el COVID-19

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Recuerda que la línea única de emergencias es 911, la cual engloba emergencias médicas, de salud y protección civil.

 

La comisión de delitos y la percepción de seguridad son indicadores fundamentales para medir la inseguridad en los estados. Aunque pareciera que las cifras van a la baja, la percepción de inseguridad ha aumentado, por lo que se presume que se ha dejado de confiar en las instituciones y, en consecuencia se ha dejado de denunciar los delitos.

De acuerdo con estadística de la Incidencia Delictiva del Fuero Común Estatal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)11 del año 2011 a septiembre de 2016, se observa que en el estado de Quintana Roo se registró un promedio de 33 mil 323 delitos por año, siendo el año 2012 el que más episodios de este tipo tuvo, mientras que 2014 fue el año en que se tuvo una menor incidencia de delitos, con 30 mil 664 (ver gráfica 2.4).

DELITOS DE ALTO IMPACTO

El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) aporta la siguiente clasificación sobre los delitos de alto impacto: secuestro, homicidios dolosos, lesión Reportes de incidencia delictiva por año 32,900 35,284 35,271 30,664 32,496 7,727 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (a Septiembre) 130 dolosa con arma blanca, extorsión, robo a transeúnte sin violencia, robo a transeúnte con violencia, robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia; así que tomando como referencia esta tipificación, es preciso analizar cada uno de los delitos que se cometen en Quintana Roo de acuerdo con la estadística de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En cuanto al secuestro se refiere, se observa una disminución considerable en el lapso de cinco años, pues en 2011 se efectuaron 21 secuestros, mientras que en 2015 hubo cinco, y hasta el mes de septiembre de 2016 sólo se realizó uno. Sobre este evento delictivo, de acuerdo a la estadística analizada, es obvio que se ha generado una estrategia acertada, pero no se ha producido lo mismo para el combate a otros delitos, en los que ha habido un aumento (ver gráfica 2.5).

El año 2012 fue en el que se registró el mayor número de lesiones dolosas con arma blanca, con 351 eventos delictivos de este tipo, y ha mantenido una constante los años subsecuentes; las estadísticas reportan que este delito se eleva durante los meses de junio, julio y agosto (ver gráfica 2.7).

La extorsión se encontraba en su apogeo en los años 2012-2014, sin embargo, en el 2015 registro una disminución del 44% respecto al año anterior, con tan sólo 116 eventos delictivos (ver gráfica 2.8).

En el periodo que se estudia, el robo a transeúnte sin violencia ha registrado un aumento constante; no obstante, el robo a transeúnte con violencia ha registrado variación (ver gráfica 2.9).

Finalmente, el robo de vehículo con violencia registró pocos incidentes en los primeros cuatro años del periodo que se reporta, pero en 2015 la cifra superó la suma de los años 2012, 2013 y 2014. En el caso de robo de vehículo sin violencia las cifras después del año 2011 disminuyeron en un promedio de 48%, pero para el año 2015 se incrementaron las cifras hasta superar las registradas en el 2011, al registrarse con 789 eventos delictivos de este tipo (ver gráfica 2.10).

El delito que más se registró en el periodo de 2011 a septiembre de 2016 fue el robo sin violencia a transeúnte, con el 32% del total de los delitos analizados cometidos. También es de destacar que 2015 fue el año en que más eventos delictivos se registraron, lo cual debe tomarse en cuenta para revertir esta situación en los siguientes años, mediante estrategias de prevención y combate a la delincuencia.

Toda vez que el año 2015 fue en el que más se cometieron delitos, es preciso hacer un análisis en el ámbito municipal sobre la incidencia delictiva12 del fuero común, se tomaron en cuenta el robo común, las lesiones, los homicidios, los delitos patrimoniales, el secuestro y la violación. El delito que más se suscitó fue el robo común con 13 mil 570 registros, en tanto el delito que menos se registró fue el de secuestro, con cinco eventos delictivos (ver gráfica 2.11).

Benito Juárez es el municipio en el que más delitos se registraron, al concentrar el 50% del total, mientras que el municipio de Lázaro Cárdenas fue el que tuvo menor incidencia, con el 0.9% de la suma de delitos (ver gráfica 2.12).

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 201613 realizada por el Instituto Nacional de Información y Estadística (INEGI), la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), proporciona información sobre el grado y naturaleza de los delitos, además de recabar información sobre la percepción ciudadana sobre las políticas y desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad pública y que combaten a la delincuencia.

La encuesta señala que los delitos más frecuentes por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en el estado son la extorsión, el robo o asalto en la calle o transporte público y el robo en casa habitación.

Los resultados, para el estado de Quintana Roo demuestran que la tasa de delitos en la entidad superó de 2010 a 2012 la media nacional. Y a pesar de que se registraron menos delitos en el año 2015 en comparación con el 2014, se sitúa en el séptimo lugar nacional, es decir, por encima de la media nacional (ver gráfica 2.13).

Además, los indicadores revelan que los delitos resultan también de la pérdida de valores éticos por parte de los cuerpos de seguridad.

Los quintanarroenses perciben que el gobierno ataca los efectos y no las causas de la inseguridad. Además, al desconfiar de sus autoridades, están renuentes a colaborar en la mejoría de su seguridad y de su entorno; esto fue lo que arrojaron los resultados de la ENVIPE, pues en todo el país se mostró una clara desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad.

Según la encuesta, 57.5% de la población percibe la inseguridad y la delincuencia como los problemas más importantes en el estado. El desempleo, la corrupción y el aumento de precios le siguen en importancia (ver gráficas 2.14).

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La desconfianza de la ciudadanía hacía las instituciones de seguridad en las entidades es cada vez mayor, toda vez que la Policía de Tránsito, la Policía Preventiva Municipal, el Ministerio Público y Procuradurías Estatales son señalados como las menos honestas (ver gráfica 2.15).

De acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en lo referente a la llamada cifra negra, es decir, los delitos no denunciados que no tuvieron un inicio de averiguación previa, en 2015 descendieron a 88.5%, lo que significó una disminución histórica en seis años, situación que coloca al estado en la penúltima posición en la tabla nacional (ver gráfica 2.16).

En 2014, el INEGI registró 427 mil 898 delitos ocurridos, contra 52 mil 920 denunciados, situación que ubica al estado a nivel nacional en las posiciones 22 y 17 respectivamente. A su vez, en 2015 el mismo INEGI ubicó al estado en la décima posición nacional, con 61% sobre la percepción de seguridad.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)14, es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. Estos recursos pueden destinarse para reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos, para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes, así como para equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, entre otros.

En los últimos cinco años, la federación ha destinado más de 828 millones de pesos derivados de este fondo establecidos en los Presupuestos de Egresos de la Federación y que se consolidan a través de convenios de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estado de Quintana Roo (ver gráfica 2.17).

El Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG), antes Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), es una contribución que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el fortalecimiento de la seguridad.

El monto total destinado para los municipios del FORTASEG en el año 2016 fue de 125 millones 428 mil 333 pesos, distribuidos entre los municipios más representativos (ver tabla 2.1).

 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/fortaseg.php

De acuerdo con los Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo16, publicados en el Periódico Oficial del Estado, el monto destinado a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública ha tenido una variación de entre 548 millones y 730 millones; esta dependencia concentró en las distribuciones anuales, comparadas con sus homologas, el 16.5% en el año 2012 al 23.1% en 2014 del total del presupuesto anual destinado a las dependencias (ver gráfica 2.18).

Los presupuestos federal y estatal dan cuenta que se ha destinado una gran cantidad de recursos, sin que ello se refleje en la disminución de la incidencia delictiva y mucho menos en la percepción de seguridad.

Derivado de lo anterior, es fundamental dirigir los recursos asignados a estrategias articuladas en materia de seguridad y que proporcionen resultados contundentes a corto, mediano y largo plazos; además de que debe realizarse una evaluación continua del ejercicio del gasto, pues parece que no existen resultados efectivos al invertir millones de pesos en este rubro.

Decretos 404, 058 y 369, así como Presupuestos de Egresos 2013, 2014 y 2015 publicados en el Periódico Oficial del Estado.

DINÁMICA CRIMINAL

De acuerdo con la información recopilada por Lantia Consultores, en Quintana Roo hay presencia de cárteles, células y bandas criminales locales, particularmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. Aquellos encuentran redituables mercados de la economía informal, como el narcomenudeo, la trata y el tráfico de personas, el tráfico de mercancías y el ambulantaje y piratería, particularmente, porque la economía formal del estado está destinada al turismo.

El Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, sobre todo en Chetumal y Cancún, y tienen presencia reducida por medio de células en otros municipios de la entidad.

El Cártel del Golfo y Los Zetas no tienen una estructura clara y se hallan diseminados en distintas células criminales afines y en ocasiones antagónicas, como en el caso de Tamaulipas. En Quintana Roo se registran dos grupos vinculados con estas organizaciones: Los Sureños, relacionados con Los Zetas y Los Pelones, célula afín al Cártel del Golfo —encabezado, entre otros, por Graham Anguiano Interian (a) Caritas y Edgar Iván Reyes Benhumea (a) Ocho o Kasper—.

Adicionalmente, como en otras entidades donde las organizaciones criminales de despliegue nacional tienen presencia limitada, hay grupos criminales locales —en ocasiones relacionados con actores o grupos políticos locales— que se dedican al tráfico de mercancías, personas (trata), piratería, comercio informal (ambulantaje) y narcomenudeo.

Sobre lo anterior, destaca el Cártel de Cancún bajo el liderazgo de Oscar Alejandro Rivero Matos (a) Pipo y/o Uno (capturado en noviembre de 2015 por elementos del Mando Único), un sujeto con alias Skinner y el contrabandista de licores y cigarrillos –y vinculado al ex gobernador Mario Villanueva-, Ernesto Alonso de Miguel (a) El Español, ejecutado en el mes de noviembre de 2015.

Lantia Consultores, Diagnóstico Ejecutivo en materia de Seguridad Pública y Gobernabilidad para el gobierno estatal de Quintana Roo y Ayuntamientos 2016, III. Dinámica Criminal.

ESTADO DE FUERZA

El personal policial en gobiernos estatales y municipales, según el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, con corte al 30 de noviembre de 2014, señalo que en Quintana Roo había 5 mil 602 elementos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, señala que el Personal destinado a funciones de seguridad pública en las administraciones públicas estatales en Quintana Roo es de mil 95 elementos. Del total, el 63.4% es personal operativo y solo el 3.9% es personal administrativo (ver gráfica 2.19).

Esta situación lo ubica a nivel nacional en la novena posición de las entidades con menor número de personal encargado de la seguridad.

Información de Lantia Consultores señala que la policía estatal desempeña un papel marginal en el esquema de seguridad de la entidad, pues la policía municipal, es el pilar para garantizar la seguridad de los habitantes de la entidad.

Lantia Consultores, Diagnóstico Ejecutivo en materia de Seguridad Pública y Gobernabilidad para el gobierno estatal de Quintana Roo y Ayuntamientos 2016, D. Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia.

Si se toma como referencia el índice de policías estatales y municipales (administrativos y mandos operativos) por cada mil habitantes, en 2015, Quintana Roo está por arriba del promedio nacional (4.1) con 5.5 elementos por cada mil habitantes. Sin embargo, la mayoría se encuentran en posiciones administrativas y el estado cuenta con pocos elementos operativos. Con estas cifras como punto de comparación (policías operativos por cada mil habitantes), Quintana Roo está por debajo del promedio nacional (2.8) con 0.9 elementos operativos por cada mil habitantes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado es la que cuenta con más elementos operativos, por ejemplo, en el Ministerio Público hay un mil uno. En suma si se toma en cuenta las fuerzas estatales y municipales, Quintana Roo cuenta con 7 mil 243 elementos, una cifra muy por debajo del promedio nacional que es de 15 mil 751.

Por otra parte, los salarios en las corporaciones policiales de Quintana Roo son de los más bajos del país con 5 mil 798 pesos mensuales, sólo por encima de Campeche y Chiapas que cuentan con salarios menores, y muy por debajo del promedio nacional de 10 mil 433 pesos mensuales. Unos salarios dignos y competitivos son clave para evitar posibles incidentes de infiltración, colusión criminal o hechos de corrupción.

En lo que hace a la certificación, de acuerdo con datos de SESNSP de 2015, de 4 mil 87 elementos de la policía municipal que se certificaron, por medio de exámenes de control de confianza, 3 mil 288 aprobaron, 298 elementos no aprobaron, 418 estaban en proceso de certificación y 54 se encontraban pendientes de renovación. En el caso de las corporaciones estatales, 2 mil 338 elementos19 fueron evaluados de los cuales 85.5% aprobaron, lo que corresponde a 1 mil 999 elementos (ver gráfica 2.20).

De acuerdo con Lantia Consultores, el universo de policías es de 2 mil 397.

Si se toma como referencia el porcentaje de avance en evaluaciones, según datos de 2015, Quintana Roo sólo registraba un progreso de 6%, es decir, por debajo del promedio nacional de 13.7% y muy por debajo del primer lugar, que fue Veracruz con un avance de 43.5%.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional, en relación a la información sobre las academias de formación policial, al igual que en 23 estados, Quintana Roo tiene una Academia funcionando.

La información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, indica que en el estado hay 12 Comandancias, cuatro casetas de policías, dos centros de control y confianza (C3), así como cuatro Centros de Comando, Cómputo, Control y Comunicaciones (C4), 63 cámaras de vigilancia y 21 botones de pánico. Equipamiento que debe aprovecharse y ampliarse para procurar la seguridad de los ciudadanos.

¿En qué debemos actuar inmediatamente?

Con base en la información presentada, la disminución y el control del delito debe atenderse a través de la formulación de planes con objetivos y estrategias homologadas que orienten en forma práctica y coordinada la labor entre las corporaciones policiacas de los municipios y el estado.

En primer lugar, estos planes tendrán que centrarse en disminuir los delitos de alto impacto, aquellos que los quintanarroenses encuentran en la cotidianidad en las calles de sus comunidades y sus municipios, y que también afectan las actividades económicas de pequeños y medianos negocios en la entidad.

La sociedad percibe un distanciamiento con las instituciones de seguridad; por ello se necesitan políticas en la materia que denoten mayor transparencia, eficacia, eficiencia y legitimidad.

Así pues, el modelo de seguridad que se propone para mantener el orden y la paz públicos se centra en desplegar un esquema que permita aumentar el número del personal operativo (de acuerdo con estándares nacionales), capacitar permanentemente al Estado de fuerza, alinear los procedimientos y estrategias policiales e impulsar la coordinación entre instituciones de seguridad.

Asimismo, es importante dotarlos con equipos, herramientas y tecnología de punta que permitan hacer frente a los delincuentes y que permitan formar un estado con inteligencia policial fuerte.