En Quintana Roo #JuntosSaldremosAdelante ante el COVID-19

El estado tiene a cargo la seguridad pública, como función establecida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esa función comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución de los delincuentes y las sanciones administrativas.

Además de lo anterior, construir un clima de seguridad, confianza ciudadana, paz social y orden público son las principales obligaciones del estado y un derecho primordial de toda sociedad, todo lo cual implica ofrecer garantías para que las personas puedan desarrollarse plenamente y desplegar sus potencialidades con la certeza de que su patrimonio, sus bienes y su propia vida se encuentran exentos de cualquier peligro.

La seguridad pública, en ese sentido, permite que los ciudadanos ejerzan sus libertades dentro de los cauces del derecho y se convierte en un importante instrumento para la gobernabilidad y, en consecuencia, para la competitividad, y el desarrollo social y económico.

Ahora bien, en los últimos años, los distintos niveles de gobierno han establecido estrategias y homologado criterios para combatir y prevenir el delito; sin embargo, es indudable que la inseguridad sigue encontrando caminos para reproducirse de manera exponencial en muchas comunidades y municipios.

La inseguridad y la violencia son resultado de un complejo entramado de problemas sociales y económicos relacionados con la pobreza, la desintegración familiar, la marginalidad y los precarios niveles de cobertura en educación, salud, cultura y deporte, así como de yerros e impunidad en los sistemas de impartición de justicia.

Esto genera dinámicas antisociales y la proliferación de fenómenos delictivos que hoy en día constituyen uno de los principales temas de preocupación pública no solamente en el estado de Quintana Roo, sino en todas las entidades de la república mexicana. A ese respecto, las experiencias nacionales e internacionales indican que mantener la paz y el orden públicos requiere necesariamente de estrategias integrales de corresponsabilidad en seguridad y del destierro de prácticas autoritarias que sólo propician miedo y desconfianza, elementos que debilitan el tejido social.

La participación ciudadana es crucial en ese sentido: cada persona, cada grupo, y cada organización legítima debe reconocer perfectamente sus derechos, pero también ejercer sus obligaciones como una conducta de responsabilidad y compromiso con su comunidad.

Así pues, para que una sociedad sea corresponsable es necesario establecer condiciones y relaciones de confianza recíproca, pues sin ésta es imposible alcanzar cualquier tipo de metas colectivas. De ahí que resulte prioritario crear una agenda de seguridad ciudadana que ponga en primer lugar la protección de las personas, que sea coherente con la idea del desarrollo humano y que se erija como un poderoso instrumento de gobernabilidad.

La seguridad pública, en ese tenor, debe ser multidimensional, integral y transversal; por ello la política en la materia debe basarse en una visión global e incluyente.

El propósito es construir esquemas de coordinación y colaboración en todos los niveles de gobierno y con los sectores social, público y privado para que en el corto, mediano y largo plazos, se ofrezca certeza, tranquilidad y protección permanente desde una perspectiva de gobernanza y auténtica participación democrática.

La percepción y vivencia de los ciudadanos sobre la inseguridad en el estado de Quintana Roo se encuentra determinada por tres factores:

a. La incidencia de eventos delictivos que mina la confianza hacia las instituciones de seguridad;

b. Elcomportamientoydesempeñoporpartedeloscuerpospoliciales;y c. La impunidad prevaleciente en todos los sectores.

Es cierto que la percepción nacional influye en el ánimo ciudadano, pero la realidad que se palpa en Quintana Roo indica que en lo concerniente a seguridad aún queda mucho por corregir. Por tal razón, la plataforma de gobierno, se centra en un principio de actuación y un objetivo particular susceptible de ser alcanzado durante el periodo gubernamental.

GOBERNABILIDAD

Una de las preocupaciones del estado es la preservación de la estabilidad social. Sin duda alguna, en la actualidad se registra una importante presencia de expresiones ciudadanas que promueven el consenso; sin embargo, igualmente existen manifestaciones que, en ocasiones, generan disenso, conflicto y oposición irracional.

En ese sentido, el reto es construir un escenario de sanos equilibrios, de diálogo, de tolerancia y de cordialidad que implica escuchar todas las voces y generar mecanismos de conciliación que hagan gobernable el estado.

El Índice de Desarrollo Democrático de México IDD-MEX 2015 elaborado por Fundación Konrad Adenauer, Polilat, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Colegio de México (Colmex), permite conocer el estado de la democracia mexicana con base en indicadores elaborados a partir de elementos de orden jurídico, político, civil económico y social, mediante los cuales es posible tener una visión multinivel del estatus de la democracia en México, toda vez que muestra los indicadores relativos al contexto nacional y un desglose de las condiciones democráticas en las entidades federativas. A través de estos se presenta una visión integral de la democracia mexicana, así como su impacto institucional para la protección de los derechos, las igualdades y las libertades de los mexicanos.

En su séptima edición el IDD-MEX 2015 se estructura para medir cuatro dimensiones de la democracia mexicana: 1) Democracia de los Ciudadanos, 2) Democracia de las Instituciones, 3) Democracia Social y 4) Democracia Económica.

En el Índice del año 2015, el estado de Quintana Roo obtuvo 4.294 puntos y se ubicó en la posición número 26 a nivel nacional. Sin embargo, es preciso mencionar que desde el año 2010 la calificación en el índice disminuyó considerablemente, pues se contaba con 6.019 puntos y cuatro años después bajo a 3.077, que fue la puntuación obtenida en 2014. Lo anterior es resultado de debilidades estructurales en el estado que inciden en la falta del ejercicio democrático de los ciudadanos en lo social, económico y político (ver gráfica 2.1)

La comisión de delitos y la percepción de seguridad son indicadores fundamentales para medir la inseguridad en los estados. Aunque pareciera que las cifras van a la baja, la percepción de inseguridad ha aumentado, por lo que se presume que se ha dejado de confiar en las instituciones y, en consecuencia se ha dejado de denunciar los delitos.

De acuerdo con estadística de la Incidencia Delictiva del Fuero Común Estatal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)11 del año 2011 a septiembre de 2016, se observa que en el estado de Quintana Roo se registró un promedio de 33 mil 323 delitos por año, siendo el año 2012 el que más episodios de este tipo tuvo, mientras que 2014 fue el año en que se tuvo una menor incidencia de delitos, con 30 mil 664 (ver gráfica 2.4).

Los indicadores cualitativos y cuantitativos en materia de prevención del delito, son pocos, y el primero se reporta es la incidencia delictiva, del cual ya se mencionaron los datos correspondientes. No obstante, el Bureau of Justice Assistance, propone dos niveles de indicadores para evaluar el resultado de las acciones de prevención comunitaria que cualquier programa de prevención del delito debe contener, el primero define la eficacia de las acciones realizadas por la autoridad policial para reducir el delito y el segundo mide el grado de involucramiento de los ciudadanos en la prevención de éste.

El reto es crear corresponsabilidad con los ciudadanos en el combate y prevención del delito, así como en la protección ciudadana y la responsabilidad vial.

Los Centros Estatales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, son espacios para llevar a cabo la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas en la materia. De acuerdo con el informe de actividades del SESNSP, en noviembre de 2013 el estado de Quintana Roo carecía de un Centro Estatal de Prevención, al igual que otras 13 entidades del país.

En el mismo informe se presentan datos sobre la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) al Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED) mediante participación ciudadana por entidad federativa. El estado obtuvo 5.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2013, ubicándolo en lugar 16 respecto al resto de entidades del país.

El PRONAPRED fue creado en el año 2014 por el gobierno federal, con el objetivo principal de atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. La planeación de sus acciones se diseña con tres niveles de Indicadores de prevención social de la violencia y la delincuencia. Documento conceptual, desarrollo metodológico e informe de campo.

Primario (Prevención Universal): medidas dirigidas a toda la población para promover formas de convivencia pacífica y legal. Secundario (Prevención Selectiva): acciones focalizadas a grupos que registran un mayor riesgo de convertirse en generadores de violencia o delincuencia, o por el contrario, ser víctimas de ellas. Y terciario (Prevención Indicada): acciones para evitar la reincidencia de personas generadoras de violencia; y para evitar la revictimización.

De igual forma, el Programa busca la transversalidad con el enfoque de seguridad ciudadana, el enfoque de cohesión comunitaria, la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos, para que sean aplicados en todas las acciones que se realicen.

En el año 2014, el Programa inicialmente contemplaba la atención a 60 municipios, incluidos Benito Juárez, Othon P. Blanco y Solidaridad; ese año el monto aprobado para el estado fue de 67 millones 277 mil 782 pesos24. En un trabajo coordinado entre el Gobierno Federal y Estatal, surgió el Proyecto para la Prevención del Suicidio denominado Unidos Por La Vida.

En el año 2015, a través de un convenio específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, celebrado entre la Secretaría de Gobernación y el estado de Quintana Roo, se destinaron hasta 66 millones 380 mil 856 de pesos para la entidad.

Periódico Oficial, 30 de abril de 2014, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014.

Diario Oficial de fecha 14 de febrero de 2014, ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332783&fecha=14/02/2014.

De acuerdo con el 4to. Informe de la administración anterior (página 177), se dispusieron 66 millones 641 mil 963 pesos derivados del PRONAPRED.  Diario Oficial de fecha 23 de febrero de 2015, CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Quintana Roo. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5383008&fecha=23/02/2015 y ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. DOF 26 de diciembre de 2014.

Para el ejercicio fiscal 2016, el programa destinó la cantidad de 51 millones 195 mil 41 pesos (ver gráfica 2.21).

El sistema penitenciario en México se ha transformado radicalmente para el bien de los internos; ha pasado de un lastimoso castigo para las personas que delinquen a un proceso de readaptación social integral en el que se les dota de herramientas para enfrentarse a su libertad al haber cumplido su condena.

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los fundamentos del Sistema Penitenciario Nacional, señala que éste se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo y su capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de los sentenciados a la sociedad y procurar que no reincidan, de conformidad con los beneficios que para estos prevé la ley. También establece que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.

A pesar de encontrarse internados en los Centros de Readaptación Social, hay un sinnúmero de personas en espera de sentencia condenatoria; además, no existen condiciones óptimas que promuevan una reinserción social digna.

Contrariamente a lo estipulado en la Carta Magna, las instituciones no han logrado consolidar el sistema penitenciario para favorecer a los sentenciados. Se ha establecido un sistema de readaptación social, desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que los internos por el sólo hecho de ser personas, poseen los mismos derechos humanos que quien no ha delinquido.

México ha adoptado medidas en materia penitenciaria, como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otros, a pesar de ello, las estrategias no han arrojado resultados contundentes en el país.

En Quintana Roo hay tres centros penitenciarios estatales. De acuerdo con INEGI 2013, el número de personas ingresadas a los centros por presuntos delitos del fuero común fueron 2 mil 725. Las personas reclusas en los centros penitenciarios al cierre del año por presuntos delitos del fuero común fueron 2 mil 641. Asimismo, de acuerdo a la información del año 2012 del INEGI, se observa una disparidad 153 entre la capacidad de los centros de readaptación social de 2 mil 10 personas y 2 mil 479 internos registrados en ese mismo año.

El sistema penitenciario y de justicia para adolescentes es competencia de los gobiernos estatales.

En cuanto a los Centros Estatales de Tratamiento para Adolescentes, en la entidad hay un centro estatal con esas características, al igual que en 21 estados en el país.

De acuerdo con el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria de los Centros Estatales 2015 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)28, Quintana Roo tuvo una calificación de 4.43 sobre los tres Centros de Reinserción Social: Cancún en Benito Juárez, Chetumal y el de Retención Municipal de Playa del Carmen.

Del año 2008 a la fecha no se ha superado un puntaje de seis, en la evaluación realizada por la CNDH (ver gráfica 2.22).

La protección civil es la acción solidaria y participativa que considera riesgos naturales o antrópicos como efectos adversos de los agentes perturbadores, definida en la Ley General de Protección Civil. Asimismo, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos de manera corresponsable, privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones.

El estado debe aplicar medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.

Quintana Roo es el único estado de la región sureste que no posee un Atlas de Riesgo. Una tercera parte de los municipios se encuentra en baja vulnerabilidad al cambio climático y tres en media; sin embargo, los índices de exposición por la frecuencia de fenómenos extremos son altos.

De acuerdo con el Atlas Climatológico de Ciclones Tropicales en México30, el estado de Quintana Roo se encuentra entre las 10 zonas terrestres mexicanas con más de 10 ciclones tropicales en los últimos 52 años.

Según la Base de Datos Estadísticos (BADESNIARN) de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el estado se han promulgado 17 declaratorias de desastre natural31 y 20 declaratorias de emergencia pública32, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (ver tabla 2.3).

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/37.pdf

El respeto a los derechos humanos es un componente esencial de la gobernabilidad. Por ello, es importante reforzar sus principios en la sociedad.

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos que las personas tengan y puedan ejercer el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la salud, a la educación y a la cultura.

Es indispensable garantizar la dignidad de las personas y una sociedad armónica. Estas acciones le corresponden directamente al estado, a través de instrumentos que impulsen el progreso como sociedad: principio fundamental de los derechos humanos.

De acuerdo con el INEGI, en el año 2013 habían 6.7 oficinas de Derechos Humanos por cada millón de habitantes, situación que colocaba al estado en segundo lugar nacional por debajo de Baja California Sur, y casi cinco más que el promedio nacional de 1.8.

El mismo organismo registró 136 hechos presuntamente violatorios denunciados ante los Organismos Públicos de Derechos Humanos, por cada cien mil habitantes, ubicándose en quinto lugar de las entidades federativas con mayor número de denuncias.

Es preciso mencionar que a nivel estatal las procuradurías o fiscalías generales de justicia, son el órgano que cuenta con un mayor número de recomendaciones emitidas por las instancias de derechos humanos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el año 2015, Quintana Roo registró 204 quejas interpuestas ante esta instancia, lo que ubica a la entidad en el lugar 19 a nivel nacional.

Derivado de la reforma del año 2011 en materia de Derechos Humanos y de acuerdo a la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos37, de la CNDH, los estados deben incorporar en su constitución política las principales reformas que se hicieron en la constitución federal. Quintana Roo tiene un avance del 81.8% en la actualización de su normatividad en materia de derechos humanos, de acuerdo con las modificaciones.

Los aspectos que sí se consideran en la Constitución local, en materia de derechos humanos son:

  • Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad: artículo 12, párrafo tercero.
  • Principio de interpretación conforme a los tratados internacionales: artículo 7; artículo 12, párrafo segundo; artículo 13 apartado A, fracción IX, párrafo segundo.
  • Obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos: Artículo 12, párrafo tercero.
  •  Prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales: Artículo 13, párrafo segundo.
  • Obligación del estado de fomentar el respeto a los derechos humanos en la educación que imparta: Artículo 32, párrafo sexto.
  • Obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos en las constituciones de las entidades federativas: Artículo 94, párrafo segundo.

Por su parte, el Índice Global de Impunidad en México 2016 (IGI-MEX 2016), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia UDLAP. Está compuesto con información de tres dimensiones que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), el funcionamiento y las capacidades de los sistemas de seguridad y justicia.

Considera una dimensión estructural, la dimensión funcional y la cifra negra. La dimensión estructural reporta las capacidades instaladas con las que cuentan los estados para castigar a aquellos que infringen el Estado de Derecho; la dimensión funcional registra la forma en que las áreas de gobierno encargadas de castigar a quienes violentan el estado de Derecho operan; y la cifra negra permite identificar el porcentaje de delitos no registrados dentro del sistema de procuración de justicia que quedan sin castigo.

El índice es un modelo econométrico de variables que utiliza como fuente principal los Censos Nacionales de Gobierno, que son instrumentos de información estadística y geográfica provenientes de registros administrativos de los tres Poderes de la Unión en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como de organismos públicos de carácter autónomo relacionados con temas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y sistema penitenciario.

También muestra el número de recomendaciones emitidas por las comisiones estatales entre los años 2010 y 201438. El estado recibió dos en el periodo de estudio: una fue por ejecuciones extrajudiciales y la otra por encarcelamiento político, ubicándose en el lugar 25 a nivel nacional.

A través de tres Visitadurias Generales y Adjuntas ubicadas en los municipios, la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDHQROO) recibe todo tipo de quejas relacionadas con la violación a estos derechos. De acuerdo con los informes de gobierno de la administración 2011-2016 el órgano autónomo registro un total de 6 mil 535 quejas. Cabe destacar que el aumento en el número de quejas puede obedecer a la falta de respeto de los derechos humanos que prevaleció en el gobierno en mención, ya que de 694 quejas registradas en el año 2012, pasaron a mil 788, esto es, 157% más en tan sólo tres años (ver gráfica 2.23).

El número de recomendaciones derivadas de las quejas sumo 186, siendo el año 2014 cuando se emitieron más. La Procuraduría General de Justicia es la instancia que recibe más recomendaciones por la violación a derechos humanos de los quintanarroenses (ver gráfica 2.24).

Datos del último Informe del Gobierno de la Administración 2011-2016 indican que durante 2015 se registraron 718 quejas por violación a los derechos humanos en Felipe Carillo Puerto, por lo que fue el municipio donde más atropellos hubo en este rubro.

Esto nos marca la pauta para mejorar el desempeño de las instituciones, pues la responsabilidad de hacer de los derechos humanos y de la cultura de la legalidad una condición para el bienestar general corresponde siempre y de manera compartida a los distintos niveles de gobierno.

Con frecuencia, las transgresiones a la ley han minado los valores de responsabilidad social y civismo entre la ciudadanía y ha creado nichos de corrupción que se incrustan en lo más profundo del comportamiento institucional.

En el subíndice Derechos Políticos y Libertades Civiles del Índice de Desarrollo Democrático 2015 IDD-MEX 2015, que mide la percepción que tiene la sociedad local acerca del grado de respeto que hay en los estados sobre los derechos políticos (incluye los derechos humanos; de las personas; derechos de asociación y organización; autonomía personal y derechos económicos), Quintana Roo se encuentra en el lugar 28, con una calificación de 3.434 puntos que consigna un bajo desarrollo.

Lo más lamentable es que el abandono del principio de legalidad afecta la conciencia de niños y jóvenes y pone en riesgo la esperanza de una convivencia pacífica y ordenada.

¿En qué debemos actuar inmediatamente?

Combatir la corrupción implica enfrentar la problemática desde la raíz, dentro y fuera del estado, pues en ocasiones se convierte en todo un sistema de poder subterráneo. De ahí la necesidad de combatir permanentemente la corrupción y la impunidad para impedir la violación sistemática de los derechos humanos.

Se deduce entonces que el respeto hacia los derechos humanos sólo será efectivo en la media en que los quintanarroenses los conozcan y los promuevan, pues de esa forma podrán accederse a la plenitud del desarrollo humano. Además, corresponde a las autoridades de todos los niveles capacitar a sus servidores públicos para hacer respetar los derechos humanos de los quintanarroenses.

Los derechos humanos incluyen la participación decisiva de la sociedad en todos los procesos de gobierno, pues cuando los ciudadanos colaboran en la toma de decisiones se distribuyen responsabilidades y se hacen eficaces todos los procesos institucionales.

Por ello, la participación debe erigirse como un medio para encontrar consensos en el desarrollo generalizado de nuestro estado. La idea es procurar una intervención desde todos los ámbitos de acción, como lo son el económico, el social, el ideológico, el político y el territorial.

A la par, en la Constitución del Estado debe considerarse el principio pro persona y la obligación del estado de organizar el sistema penitenciario, de tal manera que la base sea el respeto a los derechos

Es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un Sistema de Justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho. La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

En este sentido, se requiere de un sistema jurídico que esté basado en principios, procedimientos y documentos, sin ambigüedades y que garanticen el entendimiento de la Ley por parte de ciudadanos y funcionarios.

Ahora bien, en este rubro los ciudadanos tienen una percepción negativa generalizada. La carencia de certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley es, sin duda, una de las características del sistema de procuración de justicia que más acusadamente marca la percepción que los ciudadanos poseen de las instituciones y sus funcionarios, lo que se refleja en la escasez de denuncias sobre delitos.

La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad inicio con la declaratoria de su entrada en vigor el 10 de abril de 2014, y el inicio de vigencia comenzó el 10 de junio del mismo año39. Asimismo, la Ley correspondiente al Sistema Penal Acusatorio fue aprobada a poco más de un mes de publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales.

De acuerdo con el INEGI, en Quintana Roo, en el año 2013 por cada 100 mil habitantes había tres jueces y cuatro órganos de seguridad y justicia estatales por cada 100 mil habitantes, como en Coahuila y Tabasco.

En ese mismo año se registró que sólo el 59.2% de las averiguaciones previas se resolvía, está situación ubicó al estado en el lugar 14, debajo de la media nacional.

En el año 2014, el INEGI, registró que el 4.91% de la población tenía confianza en la aplicación de la ley.

En cuanto a la tasa de personas con sentencia condenatoria, el INEGI registro al estado en el lugar 26, respecto a las demás entidades, con un 82.7%.

En 2015, en el indicador de percepción de ausencia de corrupción en el sistema judicial40 generado por INEGI, ubico al estado en el penúltimo lugar nacional con 19.7%

La confianza de aplicación de la ley41, que mide el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe que los delincuentes son siempre castigados, medido por INEGI, ubica al estado debajo de la media nacional, con un porcentaje de 4.91, en el lugar 22.

Esta percepción tiene origen, entre otros factores, en la ineficacia, la corrupción, los abusos y el tráfico de influencias que repercuten en el funcionamiento de las dependencias, mismos que han propiciado una escasa investigación de los delitos, procedimientos inadecuados, así como el uso de tecnologías y mecanismos de información obsoletos.

Por tal motivo, la procuración de justicia se ha comportado de manera reactiva, propiciando que la población se sienta insegura, insatisfecha y abandonada ante el marco jurídico que la rige.

En cuanto al nivel de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, según CIDAC, para el año 2014 presentaba una operación parcial, ya que contaba con el 71% de avance en armonización normativa y se ubicó en el lugar 23 en su implementación.

INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.

INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014.

El IGI-MEX 2016 ubica al estado de Quintana Roo en los mayores niveles de impunidad, que lo ubican en el penúltimo lugar nacional con un grado de impunidad muy alto y 76.61 puntos. Es preciso mencionar que 29.39 puntos lo separan del estado de Campeche, que de acuerdo al índice es el menos impune del país.

A través de la cadena impune es posible identificar el volumen de casos que continúan avanzando en el proceso desde que inicia la averiguación previa hasta la sentencia registrada como condenatoria. En el caso de Quintana Roo, se contabilizaron 35 mil 271 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas durante 2013. De ellas, se llegó a alguna determinación en 59% de los casos y 41% fueron descartados. En total 20 mil 891 averiguaciones fueron determinadas (ver gráfica 2.25).

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, con estricto apego a la legalidad, cercanía con la población en el marco de los derechos humanos, gobernabilidad y paz social.

ESTRATEGIA GENERAL

Desarrolla esquemas de corresponsabilidad ciudadana que permitan diseñar políticas públicas integrales para una eficaz gobernanza, así como para la prevención y combate de los delitos, y la protección de la integridad, en el marco de los derechos humanos y con la administración impartición de justicia.

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES RESPONSABLES:

  • Secretaría de Seguridad Pública
  • Secretaría de Gobierno
  • Fiscalía General del Estado

PROGRAMA 5. GOBERNABILIDAD

Objetivo:

Establecer un gobierno confiable, cercano a la gente, abierto al diálogo y conciliador, que atienda las demandas ciudadanas y genere estabilidad y paz social.

Estrategia:

Implementar una agenda ciudadana, que incluya canales de comunicación y diálogo congruentes, cercanos a los Quintanarroenses, a los gobiernos municipales y federal, así como al sector privado.

Meta:

Implementar 19 mecanismos de participación ciudadana en coordinación con las dependencias del gobierno estatal.

Líneas de acción:

2.5.1 Garantizar el Estado de Derecho mediante el cumplimiento de las leyes y respetando el pacto social.

2.5.2 Impulsar mecanismos de dialogo para la resolución pacífica de conflictos y atención de demandas de los sectores de la sociedad.

2.5.3 Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los Quintanarroenses.

2.5.4 Fortalecer la coordinación entre los poderes del Estado y los sectores público, privado y social.

2.5.5 Garantizar a los ciudadanos espacios de colaboración y participación en la toma de decisiones del gobierno.

2.5.6 Coordinar una red de colaboración interinstitucional para la recepción, gestión y seguimiento a las peticiones de la población.

2.5.7 Fomentar los valores cívicos con el apoyo de los sectores público, privado y social.

2.5.8 Fomentar una relación respetuosa del gobierno con las asociaciones y grupos religiosos.

2.5.9 Fortalecer la relación respetuosa del gobierno con partidos y agrupaciones políticas.

2.5.10 Implementar esquemas de resolución de conflictos sociales.

2.5.11 Colaborar, con el Colegio de Notarios, en la aplicación de la normatividad y supervisión de las Notarías.

2.5.12 Actualizar y sistematizar el Archivo General del Estado.

2.5.13 Implementar un sistema de archivo en todas las áreas del gobierno estatal, a fin de establecer mecanismos de control y seguimiento de la documentación oficial.

2.5.14 Actualizar y sistematizar el Archivo General de Notarias para mejorar su funcionalidad.

2.5.15 Garantizar que la información pública del Periódico Oficial sea veraz, oportuna y cumpla con las formalidades de la ley, para ofrecer certeza jurídica.

2.5.16 Sistematizar y digitalizar el Registro Civil para facilitar el acceso a actos registrales de las personas.

2.5.17 Implementar un programa para el registro de las personas.

2.5.18 Fortalecer la relación institucional con los gobiernos municipales.

2.5.19 Generar un sistema de información poblacional, que coadyuve a la formulación de políticas en la materia.

2.5.20 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 6. CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES

Objetivo:

Fortalecer los cuerpos policiales para proteger a los ciudadanos y consolidar un estado seguro.

Estrategia:

Trabajar de manera coordinada e interinstitucional con todos los niveles de gobierno para combatir y prevenir de manera eficaz el delito, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de la competencia estatal.

Meta:

El 100% de los elementos policiales cuenten con el Certificado Único Policial (CUP), al término de la administración.

Líneas de Acción:

2.6.1 Promover el incremento del estado de fuerza del gobierno estatal.

2.6.2 Impulsar la certificación del estado de fuerza estatal.

2.6.3 Reorganizar el estado de fuerza para cumplir con el servicio a la sociedad.

2.6.4 Fomentar, en coordinación con el sector educativo, un programa de educación continua para los cuerpos de seguridad.

2.6.5 Generar esquemas de especialización al estado de fuerza, para focalizar la implementación de estrategias en materia de seguridad.

2.6.6 Coadyuvar, en coordinación con los municipios, la certificación del personal encargado de la seguridad pública local.

2.6.7 Cumplir con todas las evaluaciones requeridas para el ingreso, permanencia, renovación de vigencia y promoción de personal.

2.6.8 Establecer un programa de reconocimiento a la labor de los cuerpos de seguridad, que incluya estímulos económicos.

2.6.9 Promover la homologación salarial de los cuerpos de seguridad (policías y custodios).

2.6.10 Mejorar las condiciones laborales de los policías, mediante la revisión de la jornada laboral, homologación de salarios, mejorar las prestaciones de ley, entre otros.

2.6.11 Proponer esquemas de financiamiento mixto para fortalecer la capacitación, vinculación y actuación policial.

2.6.12 Impulsar, en coordinación con todas las instituciones de seguridad pública, un esquema de vinculación estratégica y homologación de procedimientos.

2.6.13 Conformar grupos de reacción inmediata para el combate efectivo de los diversos delitos.

2.6.14 Implementar, el modelo de policía de proximidad, para generar confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad pública.

2.6.15 Coordinar un programa de capacitación y profesionalización para los elementos de las policías estatales y municipales.

2.6.16 Implementar acciones para establecer el Mando Mixto, una vez aprobado por las instancias competentes.

2.6.17 Crear unidades especializadas para la prevención y combate de delitos específicos.

2.6.18 Promover un área que se encargue de la atención y seguimiento médico y psicológico a los elementos de seguridad.

2.6.19 Promover, en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales, la implementación de operativos conjuntos para el combate y la prevención de delitos.

2.6.20 Integrar, en coordinación con las instancias de seguridad pública, Informes Policiales Homologados.

2.6.21 Integrar información para mantener actualizado el mapa geodelictivo.

2.6.22 Atender solicitudes, trámites y registro de autorizaciones de Empresas de Seguridad Privada, así como realizar la verificación correspondiente.

2.6.23 Implementar un programa de certificación de Empresas de Seguridad Privada.

2.6.24 Dar cumplimiento, en el ámbito de su competencia a las responsabilidades que deriven del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2.6.25 Implementar, en coordinación con los gobiernos municipales, un programa de homologación y fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública.

2.6.26 Actualizar y aplicar la normatividad vigente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

2.6.27 Implementar el servicio profesional de carrera policial.

2.6.28 Fortalecer la capacitación a los operadores de los sistemas de emergencia y denuncia anónima.

2.6.29 Fortalecer la defensa jurídica del personal policial en la actuación policial.

2.6.30 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 7. EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD

Objetivo:

Fortalecer las herramientas en materia de seguridad a fin de mejorar la capacidad de respuesta e inteligencia policial en la prevención y combate a la delincuencia.

Estrategia:

Modernizar y ampliar la infraestructura física y tecnológica en materia de seguridad; así como el equipamiento a los cuerpos policiales.

Meta:

Disminuir en 10% la incidencia delictiva estatal de forma anual

Líneas de Acción:

2.7.1 Dotar a los cuerpos de seguridad pública con el equipamiento y unidades policiales.

2.7.2 Adquirir tecnología de punta en materia de investigación policial.

2.7.3 Implementar un Programa de Arcos de Seguridad Vial.

2.7.4 Integrar un modelo mixto de seguridad, que combine el uso de tecnología (cámaras, arcos, alarmas, números de reporte, centro de mando, aplicaciones para reporte de delitos, entre otros) e inteligencia policial, para la oportuna atención ciudadana.

2.7.5 Promover, en coordinación con los gobiernos municipales, la instalación y equipamiento de puestos de mando regionales.

2.7.6 Implementar, aplicaciones móviles y medios alternativos de reportes de emergencia.

2.7.7 Ampliar la red de radio comunicación existente.

2.7.8 Modernizar y equipar la infraestructura policial, que considere a la Academia Estatal de Seguridad Pública.

2.7.9 Rehabilitar, habilitar y adquirir módulos de vigilancia para generar mayor proximidad con los ciudadanos.

2.7.10 Equipar con dispositivos de video vigilancia y georreferenciación a las unidades móviles de seguridad.

2.7.11 Crear el C5 para consolidar la coordinación interinstitucional, estrategia e inteligencia policial.

2.7.12 Fortalecer los C4 existentes para mejorar la operación policial.

2.7.13 Fortalecer la red de videovigilancia en zonas con mayor incidencia delictiva y afluencia de personas.

2.7.14 Proveer, en coordinación con los municipios, de información actualizada, la base de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (SNISP).

2.7.15 Fortalecer la operación del Sistema Estatal de Georeferencia Urbana y Sistema de Indicadores, para detectar zonas con mayor incidencia delictiva.

2.7.16 Gestionar fondos federales específicos para seguridad.

2.7.17 Promover la certificación de calidad en los procesos de uso de Tecnologías de Información y comunicaciones en materia de seguridad pública.

2.7.18 Promover la certificación de calidad en el servicio de atención a llamadas de emergencia y de denuncia anónima.

2.7.19 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 8. CORRESPONSABILIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y RESPONSABILIDAD VIAL.

Objetivo:

Incluir a la ciudadanía en la prevención de la delincuencia y la seguridad vial, para crear comunidades seguras.

Estrategia:

Desarrollar esquemas y herramientas de corresponsabilidad para la prevención del delito y fomento a la educación vial.

Meta:

Implementar 16 mecanismos de participación ciudadana para la prevención del delito y la seguridad vial.

Líneas de Acción:

2.8.1 Implementar el Programa Estatal de Prevención del Delito.

2.8.2 Promover, con los sectores empresarial, educativo y social, esquemas de corresponsabilidad y vinculación para la prevención del delito y denuncia.

2.8.3 Impulsar, en coordinación con los municipios, programas de corresponsabilidad, prevención y vigilancia comunitaria.

2.8.4 Implementar, en coordinación con el sector educativo y asociaciones de padres de familia, programas para la prevención del delito y violencia en escuelas.

2.8.5 Mejorar, en coordinación con los sectores social, educativo y empresarial, los esquemas de patrullaje y vigilancia.

2.8.6 Realizar, en coordinación con municipios, jornadas de prevención al delito en zonas que cuentan con una alta incidencia delictiva.

2.8.7 Efectuar, con apoyo de los ciudadanos y los gobiernos municipales, recorridos para detectar factores de riesgos en zonas de alta incidencia delictiva.

2.8.8 Implementar, en coordinación con los gobiernos municipales, un programa de proximidad ciudadana para la prevención del delito.

2.8.9 Realizar, con apoyo de todos los sectores, campañas de prevención del delito, a través de diversos medios locales de difusión.

2.8.10 Promover la cultura de la denuncia y de la legalidad para la sana convivencia social.

2.8.11 Fortalecer los comités de participación ciudadana, con las unidades administrativas competentes, para elaborar políticas públicas en materia de seguridad.

2.8.12 Fortalecer, en coordinación con los sectores empresarial y educativo, las tareas desempeñadas por el Observatorio Ciudadano para el combate y prevención del delito.

2.8.13 Crear, en coordinación con el sector empresarial y los gobiernos municipales, un fideicomiso para la seguridad pública.

2.8.14 Gestionar y aplicar los recursos del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED).

2.8.15 Crear y fortalecer la Policía Estatal de Caminos.

2.8.16 Establecer, en coordinación con los gobiernos federal y municipales, convenios de colaboración para la atención vial.

2.8.17 Realizar, en coordinación con los sectores educativo, empresarial y social, campañas de concientización sobre el riesgo de conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas, drogas y el uso de dispositivos móviles de comunicación.

2.8.18 Actualizar, en coordinación con los sectores social y educativo, el Reglamento de Tránsito del Estado.

2.8.19 Implementar, con los municipios, un programa de alcoholímetro en todo el estado, con la vigilancia de consejos ciudadanos.

2.8.20 Implementar esquemas para el control de límites de velocidad en vialidades municipales y estatales.

2.8.21 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 9. SISTEMA PENITENCIARIO

Objetivo:

Fortalecer el sistema penitenciario para lograr una reinserción social del individuo con dignidad, respeto a su integridad y a sus derechos humanos.

Estrategia:

Implementar un programa integral de reinserción social, con una clasificación objetiva de la población penitenciaria para determinar los niveles de intervención al tratamiento; así como seleccionar, capacitar y profesionalizar al personal penitenciario para que coadyuve con la seguridad y el cumplimiento de los derechos humanos.

Meta:

Lograr la certificación internacional de la Asociación Americana de Prisiones (ACA) en al menos un Centro de Reinserción Social del estado.

Líneas de Acción:

2.9.1 Elaborar un diagnóstico general de los Centros de Reinserción Social para determinar las necesidades de infraestructura, seguridad y operación penitenciarias.

2.9.2 Equipar con sistemas y dispositivos tecnológicos de seguridad a los Centros de Reinserción Social.

2.9.3 Atender el resultado del diagnóstico para garantizar la operación penitenciaria enfocada a la obtención de la certificación internacional.

2.9.4 Atender las observaciones y recomendaciones que emitan las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos en materia penitenciaria.

2.9.5 Elaborar la clasificación objetiva de la población penitenciaria y establecer los niveles de intervención al tratamiento.

2.9.6 Gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, recursos para construir nuevos Centros Penitenciarios.

2.9.7 Realizar gestiones para recibir apoyo del Plan Mérida, de acuerdo a su vigencia.

2.9.8 Fortalecer el programa de infraestructura penitenciaria para garantizar mayor seguridad.

2.9.9 Efectuar, en coordinación con la sociedad civil y los sectores público y privado, un programa integral orientado a la reinserción social de los internos.

2.9.10 Generar, en coordinación con la sociedad civil, ONG´s y el sector empresarial, capacitación, industria penitenciaria y fuentes de empleo para los internos que obtengan su libertad.

2.9.11 Promover la construcción de un modelo para dar seguimiento a la vigilancia en externación.

2.9.12 Coordinar, con la federación, el traslado de internos sentenciados por delitos federales a CEFERESOS.

2.9.13 Promover la capacitación y profesionalización del personal penitenciario.

2.9.14 Incrementar la plantilla de personal de custodia de acuerdo a los estándares internacionales.

2.9.15 Promover el incremento de personal especializado que labora en los Centros de Readaptación.

2.9.16 Revisar y actualizar el marco jurídico y operativo de los Centros de Reinserción Social.

2.9.17 Realizar acciones para operar el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

2.9.18 Impulsar la certificación del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

2.9.19 Realizar operativos de verificación del cumplimiento a los protocolos de operación de los penales.

2.9.20 Mantener actualizada la base de datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP).

2.9.21 Realizar un proyecto de integración de los centros de retención municipales, para que sean administrados por el gobierno estatal.

2.9.22 Promover, en coordinación con las Comisiones Nacional y Estatal, la protección de los Derechos Humanos de los internos.

2.9.23 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 10. PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo:

Contar con una entidad resiliente, preparada y fuerte para mitigar el impacto eventual de un fenómeno perturbador.

Estrategia:

Implementar un sistema de coordinación con las autoridades y dependencias de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil a fin de promover la gestión integral de riesgo.

Meta:

Capacitar al 100% de la población para salvaguardar la integridad de las personas, su patrimonio y el entorno.

Líneas de acción:

2.10.1 Generar políticas públicas alineadas a las cuatro prioridades de la Plataforma Global para la reducción de riesgos de desastres.

2.10.2 Actualizar el marco jurídico en materia de Protección Civil.

2.10.3 Invertir en equipamiento e infraestructura para la gestión integral del riesgo de desastres.

2.10.4 Coordinar con los municipios el manejo integral del riesgo.

2.10.5 Elaborar el Atlas Estatal de Riesgo para garantizar tranquilidad a las familias y su patrimonio ante cualquier riesgo.

2.10.6 Apoyar a los gobiernos municipales para la realización o actualización de sus Atlas Municipales de Riesgo.

2.10.7 Realizar, en coordinación con el sector educativo, un programa de educación en escuelas y centros de trabajo para fomentar la cultura de la prevención, la autoprotección y el autocuidado.

2.10.8 Fomentar, en coordinación con los sectores público, privado y social, la integración de unidades internas de protección civil.

2.10.9 Actualizar protocolos de atención al turista en caso del eventual impacto de un fenómeno perturbador.

2.10.10 Fomentar la realización e integración de programas internos de protección civil.

2.10.11 Brindar asesoría y capacitación para la integración de programas internos de protección civil.

2.10.12 Gestionar la educación, profesionalización, capacitación y adiestramiento en materia de protección civil.

2.10.13 Fortalecer la preparación de la población ante desastres para elevar la capacidad de reacción.

2.10.14 Realizar, a través del Sistema de Alerta Temprana, SIAT-CT, el monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos.

2.10.15 Disponer de espacios adecuados para funcionar como refugios temporales en caso de presentarse contingencias.

2.10.16 Crear un centro estatal de respuesta y atención de emergencias en materia de protección civil para brindar mejor atención.

2.10.17 Supervisar que los Consejos Municipales de Protección Civil se constituyan y funcionen de forma efectiva.

2.10.18 Instalar el Comité Estatal de Emergencias, en los casos en que se requiera.

2.10.19 Dar seguimiento a las actividades del Consejo Estatal de Protección Civil.

2.10.20 Fomentar la participación ciudadana, mediante actividades de promoción de la cultura de protección civil.

2.10.21 Fortalecer las relaciones institucionales con los Sistemas Estatales de Protección Civil de la península y la zona fronteriza.

2.10.22 Fortalecer la comunicación entre los sistemas municipales y el Sistema Estatal.

2.10.23 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 11. DERECHOS HUMANOS.

Objetivo:

Garantizar la difusión, la protección, el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos.

Estrategia:

Vigilar y respetar la correcta aplicación del marco jurídico en materia de derechos humanos, mediante la implementación de políticas públicas así como de mecanismos de prevención, capacitación y difusión.

Meta:

Capacitar en materia de derechos humanos y aplicación del protocolo de actuación gubernamental al 100% de servidores públicos.

Líneas de acción:

2.11.1 Capacitar continuamente en materia de derechos humanos a los servidores públicos de todas las instancias de gobierno.

2.11.2 Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.

2.11.3 Realizar actividades focalizadas que promuevan el respeto a los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad.

2.11.4 Lanzar una campaña permanente de promoción de los derechos humanos.

2.11.5 Implementar un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos.

2.11.6 Fomentar, en coordinación con el sector educativo, la inclusión de temas sobre derechos humanos en la currícula.

2.11.7 Implementar, con la asesoría de organismos estatales, nacionales e internacionales, políticas públicas para el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos de todas las personas.

2.11.8 Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los organismos internacionales en la materia.

2.11.9 Implementar políticas públicas que promuevan la no discriminación.

2.11.10 Promover, en coordinación con los gobiernos municipales, acciones para implementar el modelo de Derecho a la Ciudad.

2.11.11 Implementar acciones que promuevan el respeto del derecho de las personas de la diversidad sexual.

2.11.12 Revisar la autonomía de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos frente al poder político.

2.11.13 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 12. PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo:

Fortalecer el Sistema de Procuración de Justicia y la resolución de conflictos penales entre ciudadanos que permita brindarles certeza jurídica y recuperar su confianza

Estrategia:

Elaborar un plan integral e innovador para la correcta aplicación de la procuración de justicia y resolución de conflictos penales entre los ciudadanos, con la colaboración de las instituciones competentes.

Meta:

Garantizar que se cubra el 100% de las condiciones institucionales y de infraestructura para la operación efectiva del sistema penal acusatorio.

Líneas de acción:

Promover la actualización del marco jurídico del estado de Quintana Roo en materia de procuración de justicia y la resolución de conflictos penales.

2.12.1 Realizar la profesionalización continua de todos los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.

2.12.2 Promover la mejora de las condiciones laborales de los servidores públicos que laboran en la Fiscalía General del Estado.

2.12.3 Promover el diseño de mecanismos de evaluación, que permitan la mejora continua de las áreas de la Fiscalía General del Estado.

2.12.4 Abatir el rezago de las averiguaciones previas realizando la investigación del delito y dictando las determinaciones correspondientes.

2.12.5 Dar trámite a las carpetas de investigación conforme al marco jurídico aplicable.

2.12.6 Implementar mecanismos eficientes de atención al público, con especial atención a personas con discapacidad.

2.12.7 Mejorar los mecanismos para lograr una simplificación administrativa.

2.12.8 Elaborar un programa de construcción y mantenimiento de infraestructura de la Fiscalía General del Estado.

2.12.9 Dotar de material y equipamiento a las diferentes áreas para la operatividad de la Fiscalía General del Estado.

2.12.10 Implementar un programa integral de tecnologías de la información y comunicaciones necesarias a fin de mejorar el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado.

2.12.11 Generar un banco integral de datos digitales que concentre la información de todas las áreas de la Fiscalía General del Estado.

2.12.12 Mejorar la operatividad de los servicios periciales.

2.12.13 Gestionar, con instituciones nacionales e internacionales, recursos para el equipamiento, infraestructura y capacitación para mejorar la operatividad de la Fiscalía General del Estado.

2.12.14 Promover que las acciones y la conducta del personal de la Fiscalía General del Estado sea con estricto apego y respeto a los derechos humanos.

2.12.15 Establecer y fortalecer la Unidad de Análisis de la Información.

2.12.16 Establecer y fortalecer el Centro de Atención de Justicia para las Mujeres.

2.12.17 Crear y fortalecer la Unidad para Atención de Víctimas del Delito.

2.12.18 Fortalecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado.

2.12.19 Fortalecer todas las unidades administrativas adscritas a la Fiscalía General del Estado.

2.12.20 Participar en la implementación del Programa Estatal de Atención a Víctimas del Delito.

2.12.21 Ejecutar los Protocolos para la atención a víctimas del delito.

2.12.22 Crear un fondo y sus lineamientos para la atención básica a víctimas, detenidos, testigos protegidos y sujetos contemplados en las leyes aplicables.

2.12.23 Crear y fortalecer una unidad encargada de la investigación de personas desaparecidas y no localizadas.

2.12.24 Desarrollar, en colaboración con el gobierno federal, un programa local contra la trata de personas.

2.12.25 Incorporar protocolos aprobados, en coordinación con instituciones encargadas de la procuración de justicia.

2.12.26 Generar vínculos con organismos nacionales e internacionales para mejorar la procuración de justicia.

2.12.27 Crear una fiscalía especializada para la atención de delitos por violencia de género.

2.12.28 Atender los lineamientos derivados de las políticas y estrategias nacionales e internacionales en materia de procuración de justicia.

2.12.29 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

INDICADORES VINCULADOS AL PLAN DE ACCIÓN

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