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Sin duda, Quintana Roo es resultado de las políticas de planificación regional producidas en el país durante la década de 1970 que surgieron como alternativa para reducir las desigualdades regionales, tomando como base para su desarrollo la riqueza cultural, la particular situación geográfica y las características del entorno natural de esta entidad.

Sin embargo, hoy como ayer, conservar estos valiosos recursos representan un gran desafío para consolidar su progresiva evolución. Es necesario considerar que apenas en 1974 se decretó la creación del estado libre y soberano de Quintana Roo y que éste es el último lugar como territorio independiente de México, razón por la cual aún hace falta cumplir muchos de los objetivos que dieron lugar a su surgimiento.

El proceso de configuración territorial del estado de Quintana Roo es un modelo de concentración y dispersión, reflejo de la realidad urbana que caracteriza a nuestro país; asimismo, es resultado de las políticas públicas de los gobiernos anteriores, los cuales generaban sólo beneficios parciales al concentrar los recursos en determinados polos de desarrollo; sin embargo, esto también ha provocado grandes desigualdades regionales y sociales, prueba de ello es que la zona norte concentra las actividades que le confieren un mayor desarrollo en comparación con la zona maya o la zona sur del estado.

Si bien, desde hace poco más de cuarenta años desde sus inicios como entidad federativa se han efectuado acciones de planeación, éstas son todavía insuficientes, pues las comunidades rurales, semi rurales y urbanas de la entidad, particularmente aquellas que se ubican en zonas ejidales de vocación forestal y agrícola, evidencian los problemas estructurales que dificultan sus avances económico y social; así también, la centralización de la actividad turística sobre zonas de alto valor ambiental han propiciado un progreso desigual de las regiones.

Al respecto, el polo de desarrollo turístico de Cancún planeado minuciosamente como respuesta a la crisis del modelo económico basado en la sustitución de importaciones fue la alternativa para impulsar nuevas actividades económicas en beneficio del desarrollo regional y de la nación, lo cual se cumplió de manera limitada, pues el turismo sigue siendo el motor del desarrollo en el estado.

A pesar de los beneficios económicos que el sector turístico ha causado, no se debe olvidar que también se han ocasionado grandes desequilibrios medioambientales y sociales, tales como contaminación, uso irracional de los recursos, explotación forestal, cambios de uso de suelo, alta concentración demográfica en algunas ciudades, altos niveles de inmigración, informalidad, nuevas zonas marginales y baja diversificación productiva, lo que ha motivado una alta dependencia del sector de servicios en la entidad.

Esta dependencia de la economía del estado en el sector servicios o sector terciario ha repercutido en la agudización de problemas sociales y en la precarización del trabajo: empleos con bajos ingresos, empleos de baja calificación y corta temporalidad del ciclo laboral, entre otros inconvenientes; y ha demostrado su desacierto para impulsar el desarrollo económico del estado, sobre todo si se considera que Cancún es la tercera ciudad más cara del país y, por ende, los pobladores de la Zona Norte de la entidad tienen una baja capacidad de compra, ya que sus salarios no les alcanzan para adquirir los satisfactores primordiales.

Tal situación ha llevado a la división social; al privilegiarse la construcción de zonas hoteleras y zonas habitacionales de clase media y de altos ingresos, se ha excluido a los estratos más pobres de la sociedad, lo cual ha llevado a la formación de zonas depauperadas carentes de servicios urbanos y equipamientos básicos, cuyos habitantes quedan excluidos de la integración económica y social de la región.

Lograr el desarrollo territorial de Quintana Roo implica considerar una distribución óptima del desarrollo en sus tres regiones: sur, norte y maya, mediante tres líneas básicas de acción: a) conseguir el equilibrio territorial en sus regiones; b) vincular a su población rural y semi rural con la población urbana mediante el fortalecimiento del desarrollo endógeno; y c) lograr el desarrollo sostenible en todo el proceso de planeación del desarrollo territorial con una visión de largo plazo.

DESARROLLO URBANO

La realidad de las ciudades y las localidades del estado rebasó la planeación urbana y los programas de desarrollo urbano estatales y municipales.

El estado cuenta con 1 millón 501 mil 562 habitantes, según la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INEGI, lo que significa que el estado multiplicó su población por casi 17 veces en los últimos 45 años.

A causa de las políticas públicas efectuadas años atrás, actualmente prevalece un gran contraste regional, siendo la zona norte de la entidad la que presenta un mayor dinamismo económico, social, demográfico y urbano. Según el censo elaborado por el INEGI en 2010, el 88% de la población de la entidad habitaba en centros urbanos, mientras que el 12% lo hacía en localidades rurales (ver mapa 5.1).

 

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De acuerdo con PricewaterhouseCoopers 2012, en el indicador Desarrollo Urbano de los estados, que mide el porcentaje de avance del desempeño de los estados en materia de vivienda, acceso a agua potable, viviendas con acceso a la electricidad, demanda de vivienda por cada mil habitantes, espacios de recreación, inversión pública en municipios, aeropuertos (nacionales o internacionales) y transporte sustentable, el estado de Quintana Roo se encuentra en el lugar número 15 respecto a las otras entidades.

El suelo urbano que posee infraestructura, equipamiento y servicios en la entidad es de 310.81 kilómetros, conforme el INEGI 2010.

En cuanto a la distribución territorial el municipio de Benito Juárez concentra 49.52% de la población de la entidad, así como las principales actividades económicas basadas en el sector terciario, situación que lo coloca como el principal motor económico de la entidad y de la Región Sureste.

Esta situación lo ha llevado a presentar un crecimiento poblacional de 4.1% en la última década, que es la tasa más alta del país; asimismo, tiene un alto grado de migración que se presenta particularmente en el polo turístico de Cancún, lo que ha desencadenado una fuerte presión hacia las ciudades de Playa del Carmen, Isla mujeres, Cozumel y Tulum.

El estado tiene grandes centros regionales en proceso de crecimiento: Cancún, Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, pero todas ellas muestran un incremento de aproximadamente 150 zonas irregulares, las cuales se calcula que ocupan una superficie de 19 mil hectáreas que generan áreas con carencias principalmente sobre zonas ejidales, debido a causas multifactoriales, entre las que destacan la inmigración y la falta de recursos económicos.

Esos fenómenos han provocado situaciones problemáticas que ya fueron tratadas en los ejes anteriores de este documento, y que repercuten en la falta de empleo o bien en empleos estacionales en la zona y la falta de acceso a mejores condiciones para el desarrollo de una vida digna, en tanto las necesidades de infraestructura y de servicios básicos son cada vez mayores.

Una situación adversa que se añade a la problemática urbano-ambiental de la entidad es la ocupación del territorio —ya sea para el desarrollo de nuevos asentamientos destinados a los habitantes locales, a la infraestructura, o con el fin de realizar actividades turísticas— sobre zonas agrícolas, de riqueza forestal o sobre territorio virgen, lo cual tiene un efecto negativo en los ecosistemas naturales, es decir, sobre el principal activo de la zona.

Otro grave problema observado a lo largo de la zona costera consiste en que debido al tipo de actividades que ahí se desarrollan —muchas de ellas asociadas a los servicios, como el turismo recreativo, las actividades portuarias, pesca, acuacultura y el crecimiento demográfico— se genera estrés ambiental, lo cual representa un serio peligro no sólo para el estado sino para el país en general, pues la riqueza cultural y ambiental de la península ha sido el valor diferenciador del estado respecto al resto del territorio.

Datos contenidos en los informes de la administración 2011-2016 señalan que para la construcción de equipamiento e infraestructura pública establecida en los programas estatales y municipales se otorgaron 288.3 hectáreas en donación, principalmente a los ayuntamientos; y a fin de brindares certeza jurídica los predios fueron utilizados principalmente para infraestructura de educación y salud (ver gráfica 5.1).

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Igualmente, los mismos documentos dan cuenta de las constancias de compatibilidad urbanísticas otorgadas, que responden a la política del orden y control del crecimiento urbano en cumplimiento al marco normativo y los requerimientos de los municipios. En el periodo 2011-2015 se emitieron 3 mil 141 constancias (ver gráfica 5.2).

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Otra acción que brinda certeza jurídica a los inmuebles públicos son los títulos de propiedad. En cinco años del gobierno anterior se expidieron 252 títulos de propiedad de inmuebles ubicados en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum (ver gráfica 5.3)

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El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), como promotor del desarrollo económico y social de la entidad, tiene la obligación irrestricta de adquirir la reserva territorial con la que debe contar el gobierno del estado para infraestructura, vivienda, servicios y esparcimiento, así que con esta facultad de la que está investido destinó 18 millones 910 mil pesos para adquirir 440,427.18 hectáreas en los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco para reserva territorial, en beneficio de los habitantes.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) se firmó un acuerdo para materializar el compromiso 170 presidencial en el estado de Quintana Roo, que consiste en la regularización de 2 mil 802 hectáreas, que suman la superficie de 2 mil 610 hectáreas en el municipio de Benito Juárez y 192 hectáreas en la demarcación continental del municipio de Isla Mujeres; lo anterior posibilitó regularizar asentamientos humanos que antes eran 52 mil 208 lotes irregulares, entre parcelas, colonias y unidades habitacionales, que benefició el patrimonio familiar de 208 mil 832 quintanarroenses.

Los instrumentos de planeación urbana regulan el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el estado de Quintana Roo dispone de múltiples programas de desarrollo urbano: estatal, de centros de población y municipales, entre otros, que dan cuenta de la importancia que tiene la ordenación de sus asentamientos (ver tabla 5.1).

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De ellos, es preciso destacar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Región Caribe Norte, que está conformada por los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y la zona costera de los municipios Solidaridad y Tulum. La importancia radica en su potencial, pues es el área turística más importante del país, además de que el desarrollo de las localidades de estos municipios ha hecho que otras localidades cercanas (Vicente Guerrero, Kantunilkín, Solferino, San Ángel, Chiquilá y Holbox) a la región se integren a esa dinámica económica y, en consecuencia, comiencen a conformar pequeños subsistemas que deberán recibir apoyo para aprovechar las economías de escala generadas a partir del desarrollo turístico costero de la zona.

Otro instrumento que merece especial atención es el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, el cual inició su actualización en el año 2012, ya que desde que fue publicado en abril de 2002 sus políticas continuaban implementándose, pese al rezago que presentaban y su desfase con la realidad, aunque finalmente no fue publicado y en consecuencia no obtuvo vigencia y obligatoriedad.

Otra acción importante realizada fue la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Benito Juárez, en vinculación con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, por lo que este municipio es el primero del estado que recibe el apoyo de ambos instrumentos tendientes a propiciar un desarrollo sustentable, fortalecer la conservación de los ecosistemas y dotar de una mayor certidumbre a la inversión pública y privada.

Hay que destacar la importancia de los Comités Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda en los municipios, pues fungen como órganos auxiliares en la planeación urbana con una notable y activa participación.

Uno de los motivos por los cuales la planeación urbana estatal carece de instrumentos legales para el desarrollo de las regiones, metrópolis y zonas conurbadas es que no hay estudios sectoriales de Quintana Roo; tal situación se refleja en la falta del crecimiento equilibrado y ordenado en toda la entidad.

Aunque a inicios de este siglo se hicieron estudios de diversa índole con énfasis en los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población y en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano no recibieron la misma atención, y ello entorpeció el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano en sus niveles programáticos.

¿En qué debemos actuar inmediatamente?

En los últimos años se suscitaron cambios demográficos notables: aumentó la estructura piramidal por edad y sexo de la población en las localidades que forman parte de Quintana Roo, disminuyó la mortalidad infantil y se incrementó la esperanza de vida. Estas transformaciones se debieron principalmente a la instalación de servicios sanitarios de primer y segundo nivel. Por esta razón es forzoso ampliar y mejorar la Infraestructura, el equipamiento y los servicios de las ciudades y localidades rurales, para convertir tanto las ciudades como los asentamientos humanos en lugares incluyentes, seguros, habitables y sostenibles.

La planeación y gestión urbana del estado se han llevado a cabo de manera parcial, pues incluso cuando se han propiciado las condiciones adecuadas para emprender ordenamientos territoriales ecológicos dentro del estado se ha omitido la necesaria transversalidad del ordenamiento territorial donde se entrelacen lo urbano, lo rural y lo natural; es decir, ha faltado integrar a los estudios de ordenamiento territorial la administración eficiente del crecimiento urbano, así como la protección, preservación, conservación, restauración y el mejoramiento de los recursos naturales, con un enfoque de sustentabilidad para protegerlos y conservarlos.

Este panorama indica que se debe generar un desarrollo armónico y equitativo, con la participación de las autoridades municipales, el sector privado y los ciudadanos, de manera flexible, coordinada y concertada institucionalmente, para generar programas de ordenamiento territorial integrales que posibiliten mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado, sin perder de vista la competitividad, habitabilidad, sustentabilidad, cohesión y justicia social.

Las personas realizan traslados y dinámicas económicas que traspasan las delimitaciones político-administrativas del territorio, en busca de trabajo, educación y mejores oportunidades de vida. La movilidad hace que las ciudades funcionen y estructuren las zonas metropolitanas, las cuales dinamizan o hacen surgir una gran diversidad de transformaciones económicas y sociales. Para que las zonas metropolitanas sean sostenibles se requiere de estrategias y acciones capaces de aprovechar el entorno económico mediante la creación de empleos, sin descuidar la oferta de servicios de educación y salud, con el fin incentivar la recomposición del tejido social.

La zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios en que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana concentre funciones y actividades que rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía.

De acuerdo con la delimitación de Zonas Metropolitanas de México 2010 realizada por el Conapo, el INEGI y la Secretaría de Desarrollo Social Federal (Sedesol), la zona metropolitana de Cancún contaba en el año 2010 con una población de 677 mil 379 habitantes, con una superficie de 3 mil 53 kilómetros cuadrados y una densidad media urbana de 103.2 habitantes por hectárea (ver tabla 5.2).

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La zona metropolitana de Cancún fue reconocida por su densidad poblacional, toda vez que ésta reviste gran importancia para la política urbana. La zona metropolitana abarca el municipio de Benito Juárez, en conjunto con las localidades de Cancún, Alfredo B. Bonfil, Leona Vicario y Puerto Morelos, mientras que el municipio de Isla Mujeres está conformado por su propia cabecera municipal del mismo nombre y la zona urbana Ejido Isla Mujeres.

El Programa Metropolitano de Desarrollo Urbano de Benito Juárez–Isla Mujeres Continental contiene políticas urbanas para dar atención a esa zona. No obstante, hay localidades en Bacalar y José María Morelos que requieren mayor infraestructura, equipamientos y servicios tanto federales como estatales y municipales que permitan cubrir las necesidades de los habitantes de las ciudades y de aquellos que en el mediano plazo se concentrarán ahí.

A finales del año 2014 las autoridades estatales y municipales ingresaron una propuesta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para delimitar y construir la zona metropolitana Región Caribe Norte. Esta demarcación contiene los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, pero con pretensiones de extenderla a Tulum, Solidaridad y Cozumel, lo que abarcaría a 950 mil habitantes. Dicha demarcación representa el 90% del PIB turístico de la entidad y más del 10% del PIB nacional en el mismo rubro.

En el año 2012, PricewaterhouseCoopers ubicó al estado en sexto lugar, de acuerdo con el Indicador de Desarrollo Urbano en Zonas Metropolitanas que mide el porcentaje de avance del desempeño de las zonas metropolitanas en vivienda, acceso a agua potable, viviendas con acceso a la electricidad, demanda de vivienda por cada mil habitantes, espacios de recreación, inversión pública en municipios, aeropuertos (nacionales o internacionales) y transporte sustentable.

Derivado del Fondo Metropolitano, en los últimos tres años se han aprobado más de 345 millones de pesos para realizar proyectos en la zona metropolitana de Cancún (ver gráfica 5.4).

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Los recursos aplicados se han destinado en su mayoría al municipio de Benito Juárez, que se ha beneficiado con 37% del total de recursos aprobados para los tres años (2014, 2015 y 2016) (ver gráfica 5.5).

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De los 19 proyectos programados, cinco se dispusieron para mejorar la infraestructura vial, cuatro para documentos rectores de planeación y los restantes en movilidad, residuos sólidos urbanos y energía eléctrica, entre otros.

Además del Fondo Metropolitano, se han destinado recursos Federales del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional en tres años, por poco más de un mil 351 millones (ver gráfica 5.6)

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En total se programaron 53 proyectos en los 11 municipios; Solidaridad se benefició con 25 proyectos, en tanto el municipio de Benito Juárez obtuvo el 29% del monto total del Fondo para el Desarrollo Regional (ver tabla 5.3).

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Es de destacar que la mayoría de las propuestas se destinaron a la construcción de pavimentación, banquetas y guarniciones, así como para infraestructura deportiva.

Por lo tanto, es necesario realizar algunos esfuerzos institucionales adicionales, pues 12 proyectos aprobados para el estado entre 2014 y 2015 no se concretaron, por ejemplo, el aeródromo de Playa del Carmen, con un presupuesto aprobado de 115 millones de pesos que comprendían la primera y segunda etapas que se completaría en dos años.

En cumplimiento a las Reglas de Operación para la implementación de los recursos del Fondo Metropolitano se conformó un Consejo para el Desarrollo Metropolitano que avala el desarrollo de los trabajos en la zona. Además, se instaló una Comisión de Conurbación.

El estado está divido en tres regiones: maya, norte y sur. Esta división obedece a la funcionalidad del territorio. A pesar de ello, no hay estudios de las regiones del estado y tampoco de la zona metropolitana de Cancún.

Desde 1996 Campeche, Yucatán y Quintana Roo han enfrentado un juicio por conflicto de límites territoriales, debido a que Campeche creó sobre territorio quintanarroense el municipio de Calakmul.

En 2014 los tres Poderes del estado de Quintana Roo interpusieron una nueva y trascendental controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la franja territorial en disputa es de 10 mil 500 km.

¿En qué debemos actuar inmediatamente?

En los últimos años las mutaciones funcionales de las ciudades mexicanas han derivado en procesos de conurbación y metropolización; se trata de nociones rebasadas en la normatividad, en los diagnósticos y en los criterios de definición.

Más allá de que la legislación mexicana no considera la vinculación política administrativa ni los procesos sociológicos que derivan de la conurbación y la metropolización, es prácticamente imposible conceptualizar la metrópoli de forma aislada, sino identificando los tipos de urbanismo diferenciado, como tampoco se puede suponer que todas las zonas conurbadas y metropolitanas actúan de la misma forma, por lo que es forzoso conocer los contextos socio-espaciales propios, tanto como los comunitarios y los próximos.

Por lo anterior, es urgente actualizar los programas estatales y municipales de desarrollo destinados a la ordenación de zonas conurbadas y metropolitanas intere intraestatales, así como los centros de población, parciales, sectoriales, regionales y subregionales, para tener tres sistemas regionales de ciudades y una metrópoli, siguiendo los criterios de sustentabilidad, habitabilidad y competitividad, con especial atención a la Región Sur-Sureste y la zona del Caribe, reforzando su potencial de atracción internacional. También es importante potenciar las vocaciones de cada área, y eso se logrará si se respeta su entorno natural, su riqueza cultural y sus tradiciones.

Si se desea preservar la riqueza natural y cultural del estado es necesario que en el mediano y largo plazos la estrategia fundamental de la entidad sea la conservación, preservación y, en su caso, la mitigación de los desequilibrios ambientales.

El reto es favorecer actividades económicas diversificadas de bajo impacto ambiental, fortaleciendo el tejido social que se desarrolla en las diferentes regiones del estado.

Como se sabe, recientemente se están reactivando las relaciones comerciales internacionales con la República de Cuba, lo que representa una nueva competencia turística en el Caribe; debido a ello, resulta fundamental afianzar las condiciones de competitividad del estado.

Dicho en otras palabras, si los recursos naturales y culturales son el principal elemento de atracción de Quintana Roo se corre el riesgo de perderlos a causa de su manejo indiscriminado; tal situación obliga a hacer un uso responsable para su aprovechamiento y conservación, de lo que se desprende la urgente necesidad de implementar una visión de sustentabilidad en el ejercicio de gobierno con perspectivas hacia el futuro.

La ubicación geográfica de la entidad la hace más susceptible a los efectos del cambio climático y a los fenómenos hidrometeorológicos, principalmente por los huracanes que han tenido efectos devastadores en el estado, en especial el huracán Gilberto en 1988 y consecutivamente los huracanes Emily y Wilma registrados en 2005.

Además, existen otros riesgos latentes en la entidad asociados al cambio climático, entre los que destacan los incendios forestales, las inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, vendavales y creciente de marea, lo que sin duda afecta a la infraestructura de la ciudad y a las actividades económicas, ya que los centros urbanos ubicados al límite de la zona costera son los más vulnerables, pues como ha señalado la ONU, los más pobres serán quienes resulten más afectados por el calentamiento global antropogénico.

Según el informe Brundtland publicado originalmente en 1987, el término desarrollo sustentable es “la satisfacción de necesidades del presente pero sin comprometer las futuras”. En un sentido humanista el desafío de la educación formal consiste en forjar al hombre con valores y dotar a su inteligencia de razón para respetar los ecosistemas en los que interviene.

De acuerdo con el INEGI, el 97% del territorio de la entidad está cubierta de selva, tular, manglar, agricultura y pastizal, que lo ubica como el segundo lugar nacional por su diversidad en vegetación.

Datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, (Conabio), conjuntamente con el INEGI, refieren que en cuanto a las especies vegetales nativas predomina la selva prácticamente en 90% de la entidad. También se destaca la importancia socioeconómica y cultural de los árboles maderables, el aprovechamiento forestas y silvícola de la caoba, el cedro rojo, ramón, zapote, chechem, katalox, caoba chakah, sak pa’, kitam che’, xtoj yuub, tsitsilche’, chechem, jochockch, subinche, sakchechem, guayacán, tsitsilche’, tsiin che, palo de tinte, y las especies epífitas como la barba española, palma corozo, palma kuka’, el mangle negro, mangle botoncillo, mangle blanco y mangle rojo, pasto suuk, tasiste, hulub, ica co, jochokche’, huano, ch’it., carrizo y acahual.

Las especies más comunes que se pueden encontrar son las siguientes: guarumbo, ka’s kaat y jabín. Le sigue en importancia la vegetación acuática, cuya superficie se ha reducido a causa de los asentamientos humanos.

Los manglares y tulares se sitúan principalmente en toda la costa del estado, junto con las dunas. Los petenes se localizan al este, cerca de las bahías Ascensión y Espíritu Santo, mientras que en la parte sur proliferan las áreas de palmar.

Son importantes los pastos marinos y las macroalgas, de estos últimos, las verdes, las rojas y las cafés predominan. La agricultura ocupa el 5% del territorio estatal. En Quintana Roo hay un hábitat de 129 mil 921 hectáreas de mangle que representan el 16.9% del país. El 64% de la cobertura de manglar en Quintana Roo se localiza en Áreas Naturales Protegidas.

Quintana Roo posee la única costa bañada por el Mar Caribe, donde se localiza uno de los arrecifes de barrera más grandes del mundo y junto con el ambiente terrestre conforma el ecosistema más valioso de la república mexicana. Sin embargo, desde que se empezó a desarrollar el área turística de Cancún se han dañado los ecosistemas a lo largo de 30 kilómetros, aproximadamente.

Quintana Roo tiene una amplia diversidad de fauna; en la selva húmeda habitan los siguientes animales: jaguarundí, jabirú, boa, coralillo, culebra labios blancos, cocodrilo, tortugas gravada y casquito; gecko y nauyaca. En los bosques: tlacuache, comadreja, murciélago, tigrillo, armadillo, ocelote, garza, zopilote, águila pescadora, faisán negro y chachalaca, mientras que en el mezquite y matorral costero hay lechuzas. En los humedales y cenotes se puede encontrar nutria, flamenco, pato y sapo excavador; y en ambientes acuáticos: cangrejo ermitaño, coral, camaroncillo,langostino y delfín. Los animales en peligro de extinción son el mono aullador, el mono araña, la anguila y la cacerolita de mar.

En el Centro de Atención y Rehabilitación de Mamíferos Acuáticos (CARMA), ubicado en la comunidad de Laguna Guerrero dentro de la Reserva Estatal Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco, se recibe a mamíferos que requieren de atención médica para su posterior reintegración a la vida silvestre; en el proyecto participa la Red de Varamientos de Mamíferos Acuáticos del Río Hondo y Bahía de Chetumal.

Para que la flora y fauna sean preservadas, es necesario que confluyan tres elementos: que existan las condiciones necesarias para vivir, descansar y refugiarse; que exista alimento para nutrirse: en el caso de la flora que el suelo sea apto y en el caso de la fauna que las especies de la cadena alimenticia subsistan; y por último, que existan las condiciones apropiadas para asegurar su capacidad reproductora.

La medición del Índice de Competitividad Estatal realizada por el IMCO en 2014 ubica al estado en la posición nacional número 22 respecto del indicador Manejo Sustentable del Medio Ambiente. La importancia de este indicador radica en la disponibilidad y administración de los recursos naturales, algunos riesgos en los que podrían incurrir las empresas que quieran invertir en la entidad y factores relacionados con la disponibilidad del agua, calidad del aire y el manejo de residuos que inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes.

Mención especial merece la exposición que hace IMCO sobre la sobreexplotación de los acuíferos en el estado, ya que se extraen volúmenes superiores a los reportados en el periodo 2001-2014.

Desde el año 2013 el gobierno estatal ha trabajado con Yucatán y Campeche, en coordinación con el Banco Mundial, para integrar un Fondo de Cambio Climático de la Península de Yucatán, con la finalidad de generar mecanismos de financiamiento y distribución de beneficios. En tres años se han generado las condiciones institucionales, de planeación y de consensos para comenzar la ejecución conforme a la normatividad aplicable.

De acuerdo con la Semarnat, en el estado operan ocho Programas de Ordenamiento Ecológicos (POE) decretados. La superficie con ordenamientos ecológicos en Quintana Roo es de 920 mil hectáreas, que representan el 18% del territorio estatal (ver tabla 5.4).

 

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Datos recientes de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) señalan que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio Othón P. Blanco fue publicado el 7 de octubre de 2015. Con la suma de la información se concluye que únicamente los municipios de Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad, Othón P. Blanco y Benito Juárez disponen del POE para regular la totalidad de su superficie municipal.

Para dar seguimiento a los Programas de Ordenamiento Ecológico se implementó el Sistema de Bitácora Ambiental, el cual es un instrumento que fomenta la participación, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, alineado con información relativa a los procesos de elaboración, participantes, normatividad y servidor cartográfico, que permite ubicar por medio de mapas del estado el sitio exacto de un área de interés y conocer lo aplicable en materia de ordenamiento ecológico. También funcionan Comités de Ordenamiento Ecológico Territoriales en los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Solidaridad y Bacalar.

Cabe destacar que en la administración 2011-2016 sólo se firmó un convenio de colaboración con la Semarnat para la realización de acciones conjuntas que generen políticas para el ordenamiento ecológico.

Asimismo, el estado es participe del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe. Fue en el año 2011 cuando el gobierno federal, cinco entidades y la Universidad de Quintana Roo (UQROO) participaron activamente en la realización del Programa, que incluye las fronteras de Estados Unidos a Belice. Este primer documento sentó las bases de la política pública de carácter federal que se aplicará en 142 municipios costeros, con un total de 11 millones 300 mil habitantes, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para ordenar la porción marina del litoral oriental de México y su zona costera inmediata.

El Programa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de noviembre de 2012.

Quintana Roo forma parte del Comité para la Creación del Fondo de Acción Climática de la Península de Yucatán, en el que también participa personal de los estados de Campeche, Yucatán, la organización México-REDD+ y la banca comercial.

En el Grupo de Trabajo Interinstitucional REDD+ se definen las áreas de acciones tempranas en el estado y se establece el Índice de la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal; actualmente se ha avanzado en la determinación de las causas de deforestación y degradación forestal, con la asesoría del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.

En el marco de las acciones tempranas REDD+ de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se concluyó la primera etapa del Programa Especial de la Península de Yucatán y se obtuvieron recursos por 12.5 millones de pesos para apoyar a comunidades, ejidos y dueños de tierras, contribuyendo a acciones tempranas de preparación e implementación del suelo.

Con el Apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la participación de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se concluyó la Hoja de Ruta de la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático, encaminada a reducir y detener la deforestación y degradación forestal del estado, la cual es única en su tipo, al ser la primera región del país en la que se trabaja conjuntamente.

Además, se cuenta con el Inventario de Gases Efecto Invernadero que estableció la línea base en el periodo 2007-2012, validado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. A pesar de ello, el estado no tiene una red de monitoreo de emisiones.

Durante la administración pasada se creó un Sistema Estatal de Información Ambiental (SEIA), con lineamientos homologados en el procesamiento de datos de información geográfica en todos los temas que inciden en materia ambiental; actualmente funciona de forma interna; sin embargo, se proyecta que a mediano plazo esté disponible para el público a través de la página de la Secretaría.

De acuerdo con la Semarnat,129 la recolección de residuos sólidos urbanos en el estado es de mil 700 toneladas. El municipio de Benito Juárez genera el 47.04% del total de residuos de la entidad y el porcentaje de residuos sólidos urbanos es de 93.3%.

En cuanto a infraestructura, el estado dispone de ocho rellenos sanitarios, además de 153 vehículos de recolección. Gracias a ello, el 99.3% de los residuos sólidos generados se recolectan. Asimismo, se construyó la primera etapa del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal de Benito Juárez e Isla Mujeres.

La Agencia Alemana de Cooperación Técnica-GIZ estableció el Primer Plan de Residuos Sólidos en Casos de Desastre en el país.

Desde 2012, con la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y con su derivación en el estado de Quintana Roo en 2015, se determinó que cualquier daño al medio ambiente tendrá su correspondiente reparación y es obligatorio realizar acciones que contengan el daño y, cuando esto no sea posible, se deberá recurrir a una compensación ambiental.

El Código Penal Federal considera como delitos contra el ambiente y la gestión ambiental las acciones que dañan o afectan los recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas, la calidad del agua, el suelo, el subsuelo o el ambiente.

El reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012–2015 registró 393 delitos cometidos contra el ambiente y la gestión ambiental frente al patrimonio del estado (ver gráfica 5.7).

De acuerdo a información del INEGI, en 2014 se recibieron 388 denuncias en materia ambiental (ver tabla 5.5)

Si bien existe un marco legal aplicable en materia ambiental, también es cierto que éste ha sido rebasado y olvidado, por lo que la situación actual en materia ambiental reporta saldos negativos, debido a la incapacidad del gobierno de imponer orden y de organizar en el territorio la ejecución de la normatividad, así como de vigilar su cumplimiento.

Al hacer caso omiso de dicho marco legal se han trasgredido y vulnerado los ecosistemas. En aras del desarrollo turístico han crecido de manera desordenada muchos nuevos asentamientos, con sus consecuentes problemas de incorporación al sistema urbano y rural de Quintana Roo y la demanda de servicios. Por tanto, en lo que ataña al medio ambiente, la normatividad federal y la estatal, deben armonizarse también en los contextos locales, y los municipios deben alinearse a esta política de aprovechamiento sustentable, además de promover los que son de su competencia.

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha determinado sitios específicos del planeta con el objetivo de catalogar, preservar y dar a conocer espacios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Algunos de estos son susceptibles de financiamiento a través del Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de Valor Universal Excepcional.

Dicho fondo fue fundado por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural como propuesta que partió de la conferencia general de la Unesco el 16 de noviembre de 1972. Desde entonces, 195 países y 10 miembros asociados han ratificado los acuerdos de la convención.

Quintana Roo posee varios lugares que cumplen con los requisitos necesarios marcados por la Unesco para su inclusión en la lista del Programa Patrimonio de la Humanidad. No obstante, sólo tiene un sitio que entra en esta categoría y otro se encuentra en trámites para su aceptación (ver tablas 5.6 y 5.7).

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De acuerdo con el Registro de Sitios Mexicanos en el programa El Hombre y la Biosfera de la Unesco (MAB),130 Quintana Roo ha logrado inscribir dos zonas: Sian Ka’an, ubicada frente a la costa del municipio de Felipe Carrillo Puerto y Banco Chinchorro, ubicado frente a las costas de Othón P. Blanco; la primera obtuvo su registro en 1986 y la segunda en 2003.

De acuerdo con el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de México, Quintana Roo tiene 16 zonas arqueológicas abiertas al público en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (ver tabla 5.8)

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30 Conaculta, Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México, 2010

Otro atractivo turístico relevante, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, es el inmueble religioso Templo de la Cruz Parlante, catalogado por el INAH. Además, existen cuatro centros ceremoniales mayas: Tixcacal Guardia, Chancah Veracruz, Tulum y Chumpón.

De acuerdo con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, el territorio quintanarroense alberga 27 áreas naturales protegidas, 17 decretadas por la federación y 10 por el estado, encauzadas a la protección de especies en riesgo o en peligro de extinción en una gran superficie de hectáreas de ecosistemas en lagunas costeras, arrecifes, dunas, selva baja y mediana (ver tablas 5.9 y 5.10).

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La intención de clasificar los sitios Ramsar131 es la conservación y el uso racional de los humedales, sobre todo del hábitat de las aves acuáticas, como manglares, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías y suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural y usos tradicionales).

Se refieren a humedales de importancia internacional, considerados como ecosistemas fundamentales en la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos y pastos marinos, humedales de alta montaña, arrecifes de coral, oasis, sistemas cársticos y sitios con especies amenazadas. En México hay 142 sitios de este tipo, y 13 de los que se encuentran en Quintana Roo son hábitat de aves acuáticas considerados Ramsar (ver tabla 5.11).

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El manejo integral de los residuos sólidos urbanos en la entidad es uno de los grandes problemas que deberán ser resueltos por la próxima administración; las principales causas de ello son la ignorancia de los ciudadanos acerca de la separación de los residuos, así como también la carencia de infraestructura para su manejo y separación, aunado a una inadecuada estrategia de recolección.

Los problemas ambientales más evidentes que aquejan a la entidad son la contaminación de los mantos acuíferos, la contaminación del agua en sistemas lagunares, la tala ilegal de bosques, el cambio de uso de suelo, la urbanización en zonas de manglar o sobre duna costera y la redensificación de la zona hotelera. Al respecto, cabe señalar que la densidad de dicha zona rebasó el cálculo hecho en el Plan de Desarrollo Urbano para Cancún; debido a que nuevos estudios han arrojado que ésta podría duplicarse en los próximos quince años se deberá establecer estrategias viables para su mitigación. A lo anterior se añade la falta de infraestructura básica de los sistemas de drenaje, del tratamiento de aguas residuales y del tratamiento de residuos sólidos, lo que incrementa los niveles de contaminación y los desequilibrios ambientales.

¿En qué debemos actuar inmediatamente?

Las acciones ejecutadas han condicionado el crecimiento equilibrado, privilegiando la productividad económica mediante el impulso al turismo, pero a veces sacrificando la protección del medio ambiente. Por esa razón, es fundamental replantear el desarrollo de la entidad tomando como base su riqueza cultural y sus ecorregiones. En tal sentido, la política de desarrollo deberá fundarse, en los siguientes años, en el uso racional de los recursos y en el valor específico que representan sus acervos histórico, social y cultural.

Es imperioso que el gobierno eche a andar una nueva política integral de sustentabilidad y habitabilidad, con el fin de fortalecer el desarrollo territorial del estado sin poner en riesgo los recursos naturales existentes. En el proceso de planeación bajo este nuevo enfoque debe asumirse implícitamente la premisa de la responsabilidad ambiental y, de incumplirse ésta, fincar consecuencias y responsabilidades; de esta forma, no sólo se conseguirá el cambio deseable y los mayores beneficios, sino también se podrá construir un mejor entorno de convivencia para los quintanarroenses.

En esta línea de planeación se tendrá que incluir al sector privado, aunque sin detrimento de los demás sectores, siempre con miras a que el medio ambiente no se vulnere ni se sigan incrementando los efectos negativos del cambio climático.

Es necesario establecer, mediante programas adecuados y factibilidad presupuestaria, la recuperación de suelos agrícolas, sobre todo de aquellos que han sido afectados por la acción del hombre, y empezar así a revertir los daños ocasionados.

Los decretos por los que porciones terrestres o acuáticas se declaran áreas naturales protegidas o reservas ecológicas son acciones del mayor alcance jurídico para la conservación de la biodiversidad. Debido a ello, se pretende impulsar la creación de nuevos decretos en más de la mitad del territorio del estado; esta medida, junto con la implementación de programas estratégicos de ordenamiento urbano que dinamicen la economía a través del turismo y en los que se tome en cuenta la sustentabilidad y la conservación o restauración de los recursos naturales, contribuirá a equilibrar el crecimiento de las ciudades y localidades, con pleno respeto a las disposiciones jurídicas existentes en materia de cuidado al medio ambiente.

Se ha observado que los pobladores de comunidades rurales son más respetuosos de su patrimonio natural que quienes habitan en las ciudades en proceso de consolidación o de los habitantes en áreas de dispersión, pues las actividades de estos últimos atentan contra los grandes bienes ambientales. Al conjuntar esto con lo que se ha expresado en los ejes anteriores, se buscará el crecimiento económico y el desarrollo social, para conseguir mejores niveles de bienestar; por ello se pretende instaurar que las acciones de gobierno, en lo conducente, tomen en cuenta el cuidado y la protección del medio ambiente.

Ante el panorama descrito es necesario plantear un modelo que oriente el desarrollo turístico hacia la conservación del medio natural, a través de una gestión y administración urbana respetuosas del marco legal. Para conseguir lo que aquí se plantea es imprescindible armonizar los valores naturales, sociales y culturales con el desarrollo y el crecimiento económico. Indubitablemente, fortalecer la industria turística del estado no es sinónimo de destrucción de sus recursos naturales, pues si así fuera, la actividad turística dejaría de ser sustentable para la región.

El crecimiento desordenado y disperso de las ciudades, provocado por la falta de planeación urbana y territorial más la necesidad impuesta de poseer un vehículo, genera entornos saturados y caóticos en donde inercialmente las personas se mueven, confluyen y se trasladan, en menoscabo de su calidad de vida.

Es el momento de emprender estrategias que disminuyan las emisiones de gases, que impulsen un transporte ordenado y sustentable y en consecuencia mejoren la calidad de vida de las personas.

Las ciudades deben ser diseñadas para las personas, no para los vehículos. Trasladar esta premisa a los hechos se logrará mediante la planeación, el diseño, y la implementación de proyectos integrales que faciliten la movilidad y hagan el transporte público útil y confortable.

Como se ha venido expresando, la fundación del estado supuso la expansión del sector turístico, razón por la cual la red vial fue diseñada para la conectividad hacia las principales zonas turísticas y sus ciudades vinculantes, sin considerar que un nuevo centro urbano de las características de Quintana Roo provocaría la recepción estacional o permanente de individuos provenientes de los estados vecinos, y que a través del tiempo eso ocasionaría la formación de nuevas localidades dispuestas de manera dispersa, que carecerían de conectividad con los principales centros urbanos de la entidad.

Actualmente el estado tiene una red carretera que se conecta con las tres regiones del estado, así como con los corredores que conducen a la Región Centro del país, siendo una de las principales carreteras la México 307 que recorre la entidad de sur a norte iniciando en Chetumal, pasando por Felipe Carrillo Puerto y terminando en la ciudad de Cancún, así como la carretera México 180 que conecta de Oeste-Este la ciudad de Cancún con el vecino estado de Yucatán.

Sin embargo, dado el patrón de crecimiento disperso de las principales localidades, éstas no han podido integrarse al sistema de movilidad de la entidad; esta característica enfatiza que la conectividad dentro del estado es fragmentaria y deficiente. De acuerdo con el INEGI, hay un 56.82% de carreteras pavimentadas en la entidad, y en 2014 la red carretera tenía una extensión de 5 mil 503 kilómetros.

El dato más reciente del año 2015 reconoce que en el estado circulan 350 mil 794 automóviles, lo que ubica a la entidad en la posición nacional número 20 en lo que a cantidad de automóviles se refiere. La estadística comprende los vehículos de motor destinados principalmente al transporte de personas que cuentan hasta con siete asientos (incluido el del conductor); esta clase de vehículo engloba los convertibles, jeep, limousine, sedán, sport, vagoneta, miniván y otros vehículos que cumplan con las características descritas anteriormente.

El parque vehicular registrado fue de 587 mil 888 automóviles. Tan sólo en el municipio de Benito Juárez 280 mil 897 vehículos se encontraban en circulación. De este total casi el 60% eran automóviles para uso oficial, público o particular, y el resto eran motocicletas, camiones y camionetas de carga y camiones de pasajeros (ver gráfica 5.8).

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En el estado las modalidades de transporte público cuya operación ha sido concesionada y corresponde a los municipios son las siguientes: taxi, camiones y autobuses. Cada una de estas modalidades presenta problemáticas particulares.

Aunque el servicio de taxis funciona habitualmente no existe un reglamento o sistema para fijar las tarifas; por otra parte, los concesionarios del aeropuerto de Cancún encarecen en gran medida el precio de los viajes, pues desde ese lugar al centro del municipio y viceversa el costo es de aproximadamente 700 pesos por un recorrido de 20 a 25 kilómetros que tiene un tiempo de traslado de 30 minutos. Otro problema es que existe una sobreoferta del servicio de taxis, por lo que los choferes que están en regla rivalizan con los llamados “taxis pirata” que otorgan un mal servicio y en condiciones inadecuadas para el usuario. A esto se suma la lucha por el poder de los sindicatos de taxistas, lo cual ha generado varios conflictos y violencia, primordialmente en Bacalar, Cancún, Playa del Carmen y Othón P. Blanco.

Especial atención merece explicar cómo funciona el transporte público en Cancún; lo primero que se debe decir es que hay una marcada división entre la zona urbana y la zona hotelera, y la concesión se reparte entre cuatro empresas de transportes: Autocar S.A. de C.V., Transportación Turística y Urbana, Sociedad Cooperativa de Autotransporte de Alfredo Vladimir Bonfil y la Cooperativa Maya Caribe. En la zona hotelera hay dos rutas (R-1 y R-2) que cobran de entre 7 a 8 pesos el pasaje, dependiendo del recorrido. Estas rutas tienen unidades modernas y choferes capacitados, que en general ofrecen un servicio de buena calidad a los turistas y visitantes.

Los camiones de la Empresa ADO hacen traslados más largos y a costos accesibles. Los recorridos son de aproximadamente 40 kilómetros y con una duración de 40 minutos o un poco más.

De acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico de Quintana Roo 2015, para ese año había mil 823 unidades de transporte público en circulación; así también, había mil 520 unidades de carga, de las cuales el 57% eran unidades motrices, el 41% unidades de arrastre y el resto grúas industriales.

Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 2012 había 406 vehículos de transporte federal terrestre de pasajeros y en 2015 circulaban 503 de estos, es decir, aumentó un 24% en tres años, por lo que el estado ocupa la posición nacional número 10 en este rubro. La mayoría de estas unidades usan la gasolina como combustible (ver gráfica 5.9).

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El parque vehicular del estado está conformado prioritariamente por camionetas y automóviles (ver gráfica 5.10).

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Otro dato interesante es que los permisionarios del transporte terrestre de pasajeros son personas morales. En cuanto al parque vehicular federal del transporte turístico en el año 2012, se registraron 4 mil 193 unidades; en el año 2012, 4 mil 253 unidades; en 2014, 4 mil 734 unidades; y en 2015, 5 mil 525. Cabe destacar que el estado es el segundo lugar con el mayor número de unidades de este tipo, sólo superado por la Ciudad de México (ver tabla 5.12).

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Respecto a la composición del parque vehicular de transporte turístico por tierra, más del 84% son camionetas. De acuerdo a la modalidad de servicio, más del 90% son vehículos turísticos de lujo (ver tabla 5.13).

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Adicionalmente al transporte terrestre, el estado cuenta con una importante conexión aérea y marítima que permite vincularse con los mercados nacionales e internacionales. Esta conectividad favorece el flujo de personas, aunque no se explota su potencial para el flujo de bienes y servicios nacionales e internacional, lo que significa una oportunidad para diversificar las actividades económicas.

En cuanto al desplazamiento por mar, hay seis puertos principales: Cozumel, Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Chetumal y Playa del Carmen.

En 2014 se dio atención a 8 millones 974 mil 652 pasajeros por vía marítima, entre cruceros, transbordadores y rutas. Es Cozumel el puerto en el que hay una mayor cifra de pasajeros a los que se otorga este servicio de transportación.

Para trasladarse a Isla Mujeres se utilizan los ferris turísticos, con puntos de partida en la zona Hotelera de Cancún y uno más en Puerto Juárez.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay seis aeropuertos; tres son internacionales y se localizan en Chetumal, Cancún y Cozumel; dos son nacionales y se hallan en Isla Mujeres y Playa del Carmen, mientras que en Tulum hay una estación aeronaval.

Por vía aérea se proporcionó atención a 18 millones 155 mil 669 pasajeros; el aeropuerto internacional de Cancún “Benito Juárez” trasladó al 96% de los pasajeros. Del total de los vuelos el 63% correspondió a movimientos comerciales internacionales (ver gráfica 5.11).

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En 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes programó un tren transpeninsular entre Quintana Roo y Yucatán, que viajaría entre 160 y 180 kilómetros por hora y el recorrido sería de aproximadamente 277 kilómetros. Sin embargo, el proyecto no se concretó debido a recortes presupuestales de la federación.

En cuanto a la movilidad por medios alternos como la bicicleta aún no se ha planteado ningún proyecto, ya sea ejecutivo, complementario o ejecutado.

¿En qué debemos actuar inmediatamente?

La nueva administración tendrá que plantearse las forma idóneas de hacer más eficiente la circulación de los automóviles, mediante distribuidores viales, la ampliación de carriles, la construcción de nuevas carreteras y la pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico; a la vez, se deberá evitar la proliferación de automotores, en tanto será forzoso introducir cambios integrales y drásticos al actual sistema de transporte, desde los órganos que lo dirigen hasta la operación y servicios que se ofrecen a los usuarios; en especial se tendrán que programar rutas de transporte articuladas de acuerdo con las demandas presentes, y los recorridos tendrán que ser más amplios para cubrir la totalidad de las áreas que se hallan en el territorio.

Tanto el crecimiento y la calidad de los desarrollos inmobiliarios como el sistema de transporte deben estar acoplados a políticas dirigidas a la revitalización y reutilización de los centros urbanos, para hacerlos realmente sustentables. En este contexto hay que tomar en cuenta el papel preponderante que los modos alternos de transporte constituyen.

Para ello la agenda de gobierno debe interesarse en generar un innovador esquema de financiamiento del sistema de transporte público y un esquema alternativo no motorizado como el de las bicicletas públicas que en otros estados del país han mostrado su idoneidad.

Además, el diseño de la movilidad urbana y dentro de los espacios públicos debe incluir las necesidades de los peatones, sobre todo de quienes padecen alguna discapacidad, pues son ellos los que circulan diariamente por las ciudades y las localidades y no debe limitárseles su uso y disfrute.

También hay que establecer una red de movilidad para conectar las diferentes localidades con sus principales centros urbanos, con objeto de favorecer el traslado de personas y mercancías, así como aprovechar al máximo las conexiones aéreas y marítimas con los mercados nacionales e internacionales.

Un estado tan rico en recursos naturales debería preocuparse por concebir equipamientos urbanos que den cuenta de un estado moderno y competitivo que a su vez no entre en contradicción con la infraestructura regional. Sin embargo, es necesario dotar de equipamiento e infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población.

No se trata de construir a toda costa mejores hospitales, mejores vialidades y edificaciones sofisticadas si estas serán subutilizadas; por el contrario, el propósito de la planeación consiste en conocer y tomar en cuenta las necesidades de los quintanarroenses, para ayudarlos a mejorar su calidad de vida y su entorno, además de contribuir a reducir los tiempos de respuesta de los servicios más solicitados. A la par, la planeación contribuye a generar las condiciones adecuadas que posibiliten nuevas inversiones.

De acuerdo con el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de México, editado por el Conaculta en 2010, Quintana Roo posee el siguiente equipamiento cultural: 50 bibliotecas públicas, 17 centros culturales y casas de la cultura, 11 museos, 3 compañías cinematográficas, 7 teatros, seis centros de educación artística y cultural, y dos estaciones de radio: Radio Cultural de Cancún, que pertenece a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas, y la radiodifusora XHNKA “La Voz del Gran Pueblo”.

Además, gracias al programa federal México Conectado el estado dispone de 2 mil 195 sitios con conectividad a internet, y se reporta que por cada mil habitantes 110 tienen acceso al servicio de televisión por cable.

El Anuario Estadístico y Geográfico de Quintana Roo, publicado por el INEGI en 2015, indica que en el estado hay 23 estaciones de radio, de las cuales 11 son de amplitud modulada y el resto de frecuencia modulada. Al cierre del año 2013 había 16 televisoras en función, pero ninguna de estas estaciones tenía señal digital.

En cuanto a infraestructura carretera, de acuerdo con el Sistema de Datos Viales de la SCT, existen 31 carreteras, las principales son el arco vial Chetumal-CancúnTulum y X can-Playa del Carmen (ver tabla 5.14 e imagen 5.1).

SCT, 2016

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http://sctcloud.com.mx/datosviales/

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Al concluir el año 2014 la longitud de la red carretera del estado sumaba 5 mil 503 kilómetros; el 30% de ésta se hallaba en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, mientras que el 23% pertenecía al municipio de Othón P. Blanco (ver tabla 5.15).

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En la entidad, hasta el año 2014 existían 257 unidades médicas del sector público en salud que prestaban servicio, de ese total el 92% eran de consulta externa, el 6.2% de hospitalización generalizada y 1.6% de hospitalización especializada (ver gráfica 5.12).

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Se observa que en el municipio de Othón P. Blanco hay más unidades médicas que en el resto de los municipios. Además, la misma fuente señala que había 179 casas de salud y 181 técnicos en salud, que son personas capacitadas para otorgar servicios básicos de salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Quintana Roo, todos los municipios tienen al menos un hospital cercano (ver tabla 5.16).

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En cuanto a la oferta de infraestructura de localización industrial y portuaria, el Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (Simppi) refiere que en el estado hay dos centros de este tipo, uno en Puerto Morelos y otro en Chetumal (ver tabla 5.17).

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Derivado de la asignación presupuestal del Ramo 33, se obtuvieron los siguientes Fondos: Fondo de Infraestructura Deportiva, Fondo Sur Sureste, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales, y el Fondo de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad.

Durante los años 2014 y 2015 se destinaron 53 millones 367 mil 174 pesos del fondo de Infraestructura deportiva, principalmente para la construcción de canchas de futbol y la construcción de domos deportivos.

El monto aprobado del Fondo Sur-Sureste 2014 y 2015 para el estado fue de 110 millones 245 mil 556 pesos, que se ejercieron para la evaluación socioeconómica de proyectos carreteros, estudios de preinversión y evaluación, así como evaluaciones socioeconómicas de planes maestros. Destaca la Evaluación Socioeconómica del Componente Carretero del Programa Sectorial de Infraestructura Estratégica para la Competitividad del Estado de Quintana Roo, que ocupó el 18.8% del total ejercido.

En cuanto al Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, el monto aprobado fue de 32 millones 99 mil 355 pesos (ver gráfica 5.13)

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El principal proyecto que se realizó fue el fortalecimiento al transporte adaptado para las personas con discapacidad.

Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales el estado obtuvo 183 millones 96 mil 545 pesos para el ejercicio 2014- 2015. El municipio de Solidaridad fue el más beneficiado por este Fondo, ya que obtuvo el 33% del presupuesto total, seguido por el municipio de Benito Juárez, que recibió el 23% (ver gráfica 5.14).

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¿En qué debemos actuar inmediatamente?

Es indispensable instrumentar un programa de infraestructura en el que se registre qué se tiene en existencia, en qué estado físico se encuentra y cuáles son las tareas prioritarias que deben emprenderse, y en el que además se jerarquice por orden de importancia las ejecuciones de obra, de acuerdo con las solicitudes hechas por los ciudadanos y para dar cumplimiento a las políticas nacionales. Mediante una agenda de proyectos se podrá evaluar qué tipo de infraestructura y equipamiento es necesario ejecutar.

También es perentorio darle seguimiento a los proyectos ejecutivos, pues tomando como referencia los recursos federales y municipales no hay evidencia de una inversión consolidada. Los datos contenidos en los informes de gobierno de la administración 2010-2016 muestran duplicidad en acciones de obra reportadas para modernización y construcción de vialidades por montos similares en tramos iguales.

De igual forma resulta indispensable monitorear la gestión federal de recursos, así como la concertación para la inversión con los municipios, inclusive de fondos internacionales u otro tipo de inversión.

Puede decirse, con certeza, que la actuación de los ciudadanos, de la sociedad organizada y del sector privado, será indispensable para transparentar el ejercicio de los recursos. Colaborar en el quehacer gubernamental, con una estrategia de planeación participativa para satisfacer las demandas de infraestructura y equipamiento será la clave para disponer de los recursos de una forma racional y acertada.

El derecho a la vivienda se establece en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”

Partiendo del hecho de que la vivienda es el espacio en el que las personas permanecen más tiempo, ya sea para descansar o para compartir con su familia, se vuelve un factor preponderante en la vida de las personas.

La vivienda es el componente que más influye en la salud, y es también un subindicador de la pobreza y marginación.Debido a que la vivienda es la base del patrimonio familiar, planear cómo adquirir un bien inmueble es una decisión sumamente importante y a la vez complicada, pues hay que calcular los costos, solventar pagos y realizar trámites engorrosos.

Para crear un sentido de comunidad se debe partir de la identificación de carencias económicas, sociales, demográficas y medioambientales, entre otras. Debido a que tener un techo en donde resguardarse es la primera condición para la subsistencia y el desarrollo de las personas, el que los ciudadanos puedan acceder a la compra de una casa o departamento es de la mayor prioridad para cualquier gobierno.

Hasta el año 2013, el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir) operaba en el estado; posteriormente este organismo condujo a la conformación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual suspendió temporalmente la promoción de adquisición de vivienda por parte del gobierno estatal.

Durante el año 2011 la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) gestionó recursos provenientes del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda “Esta es tu casa”, en la modalidad 2×1 para la adquisición de vivienda en el municipio de Othón P. Blanco, con una inversión de 27 millones 960 mil pesos que beneficiaron a 120 familias.

De acuerdo al Programa Sectorial de Vivienda 2011, hay un disponibilidad de 2 mil 847 hectáreas para reserva territorial, lo que representa una gran oportunidad para la construcción de vivienda, por supuesto, atendiendo los criterios de desarrollo urbano que cada municipio establece (ver tabla 5.18).

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El Programa Sectorial de Vivienda refiere que en el estado hay 125 asentamientos humanos irregulares en los que habitan aproximadamente 160 mil personas. En el municipio de Benito Juárez existen 67 asentamientos de este tipo y en Isla Mujeres se tienen detectados 37 asentamientos humanos irregulares.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal levantada por el INEGI, en 2015 había 441 mil 200 viviendas particulares habitadas en la entidad. De ellas, el 2.1% tenía piso de tierra y 34% tenía piso de cemento o firme (ver tabla 5.19).

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Aunque es complicado que los recursos, públicos y privados necesarios para el financiamiento de vivienda se canalicen de forma eficaz, hay instituciones federales que ofrecen y dan seguimiento a recursos destinados a subsidios para la vivienda. En el año 2011 se destinaron 6 mil 902.3 millones de pesos para ese fin (ver tabla 5.20).

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El documento Estado Actual de la Vivienda en México 2015, realizado por la Fundación Centro de Documentación e Investigación de la Casa A.C. (CIDOC) y la Sociedad Hipotecaria Federal, con la participación de la Sedatu, la SHCP, la Conavi, el Fonhapo, el Infonavit, el Fovissste, el BBVA Bancomer y la coalición para el hábitat HIC-AL, presenta información relativa a las políticas en materia de vivienda en el país.

En ese estudio se señala que la demanda de vivienda en Quintana Roo asciende a 12 mil 912 viviendas (ver tabla 5.21).

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La investigación referida indica que Quintana Roo tiene un rezago habitacional de sólo 0.58%, por lo que es una de las entidades con menor rezago habitacional en el país.

Otro dato importante que expone la misma publicación es que el valor del terreno por metro cuadrado en el estado, en el semestre de enero a junio de 2015, tuvo un valor promedio de mil 427 pesos, similar al de los estados de Baja California, Zacatecas y Sinaloa.

En la entidad, de acuerdo con el informe aludido, hay 52 empresas dedicadas a la construcción de la vivienda y, entre todas ella, emplean a aproximadamente mil 766 personas.

Por otra parte, el FOVISSTE otorgó en 2014 cerca de 804 millones 918 mil 937 pesos para mil 951 créditos para vivienda. Sin embargo, datos ampliados del Anuario Estadístico y Geográfico de Quintana Roo señalan que en 2013 se concedieron 21 mil 415 créditos, en su mayoría para vivienda completa y en segundo lugar para mejoramiento físico de la vivienda.

La institución que más créditos dio fue INFONAVIT, seguido por la banca comercial; la inversión también fue en el orden mencionado (ver tabla 5.22).

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Benito Juárez fue el municipio que más créditos y mayor inversión tuvo, seguido por el municipio de Solidaridad.

El costo, los créditos y los servicios en las viviendas ofertados no son escasos; sin embargo, las políticas implementadas no han logrado que la población que más lo requiere se beneficie de ellos, entre los que se hallan los trabajadores por cuenta propia o los que no tienen forma de comprobar sus ingresos. El gobierno estatal también ha echado mano de los programas federales sobre subsidios a la vivienda.

De acuerdo con el Censo Económico 2014, hasta ese año había 223 empresas destinadas a la construcción, lo que representaba el 1.3% de las existentes en el país. El 43% de las empresas se ubicó en el municipio de Benito Juárez y el 32.3% en Othón P. Blanco (ver gráfica 5.15).

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De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2014, el rezago habitacional total de Quintana Roo fue de 114 mil 189 viviendas, lo que ubicó al estado en el séptimo lugar de las entidades con menor rezago habitacional (ver tabla 5.23).

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Quintana Roo, junto con Hidalgo y Jalisco, son las entidades federativas con las viviendas más pequeñas, cuyo promedio es de 66 metros cuadrados, situación que no contribuye a que los quintanarroenses tengan una vivienda digna, pues una vez adquirida el espacio no resulta suficiente para desarrollar actividades familiares. En comparación con el Distrito Federal, las viviendas, consideradas como residenciales son de 178.3 m2 .

¿En qué debemos actuar inmediatamente?

El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales resalta que el derecho a la vivienda debe incluir las siguientes características esenciales e interrelacionadas:

Cada persona debe tener un nivel de seguridad en su situación de vivienda para estar protegido frente al desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otras amenazas. Esta seguridad jurídica de la tenencia puede adoptar diversas formas, tales como la propiedad legal, el alquiler o una cooperativa de vivienda.

Las viviendas deben contar con disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Los estados deben garantizar que las viviendas ofrecen las instalaciones necesarias para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Esto incluye el acceso permanente a recursos naturales y comunes, el agua potable, la energía para cocinar, la calefacción e iluminación, las instalaciones sanitarias y de aseo, el almacenamiento de alimentos, la eliminación de desechos, el drenaje y los servicios de emergencia.

La vivienda y los costos relacionados con ella deben ser proporcionales a los niveles de ingresos y en un nivel que no comprometa otras necesidades básicas, es decir, que sean asequibles. El estado debe crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse, poner en marcha protecciones para los inquilinos frente a los alquileres no razonables, y asegurar la disponibilidad de materiales naturales en las sociedades donde estos recursos sean las principales fuentes utilizadas para la construcción de viviendas, situación que se da principalmente en la Región Maya.

Una vivienda adecuada debe ser habitable, proporcionar a sus habitantes un espacio suficiente, ser segura para vivir y dar protección contra el frío, el calor, la lluvia y otros elementos de la naturaleza y riesgos estructurales. En Quintana Roo se debe prestar especial atención a la relación entre la vivienda inadecuada y las amenazas a la salud, principalmente de fenómenos meteorológicos.

Todos los habitantes, especialmente los que pertenecen a un grupo vulnerable, deben tener acceso a una vivienda, sin exclusión de los ancianos, los niños, las personas con discapacidad, los enfermos terminales y las víctimas de desastres naturales. Se debe ofrecer vivienda prioritaria a los grupos desfavorecidos, mediante planes de viviendas apropiados para aumentar el acceso a la tierra de las personas sin hogar o los sectores empobrecidos de la sociedad.

En muchos casos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, el transporte puede ser costoso y consumir mucho tiempo. Una vivienda adecuada debe encontrarse con una buena ubicación, debe estar en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de salud y educación y otros servicios sociales. Las casas no deben construirse en lugares peligrosos o contaminados.

Los materiales de construcción de las viviendas deben estar conectados con la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda; según corresponda a las comunidades dentro del contexto particular, para diversas zonas del estado la adecuación cultural es una condición indispensable. Los esfuerzos para modernizar la vivienda deben adaptarse a las creencias y necesidades de los habitantes.

Derivado de lo anterior, es indispensable realizar las gestiones necesarias para que las instituciones de crédito, incluso el propio gobierno, garanticen estas características mínimas-básicas.

El gobierno debe proveer las mejores condiciones para el bienestar y progreso de las personas, pero esto únicamente se cumplirá si les provee los servicios públicos de calidad. Los servicios públicos son vitales para los centros urbanos y constituyen un papel esencial para el desarrollo social y económico. A pesar de ser una obligación municipal, el gobierno estatal de Quintana Roo ofrece su ayuda en la coordinación para proporcionar mejores servicios.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del año 2015, en el estado hay 441 mil 200 viviendas y la mayor carencia en servicios públicos es el drenaje, mientras que el servicio con mayor cobertura es el de electricidad, pues el 98.8% de los encuestados dispone de dicho servicio (ver tabla 5.24).

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Otro servicio público municipal de gran importancia son los rastros, cuyo objetivo consiste en habilitar instalaciones adecuadas para que los particulares lleven a cabo el sacrificio de animales a través de procedimientos regulados para el consumo de la población. Con el fin de asegurarse que la matanza y la extracción de vísceras y el corte de carnes cumplan los requisitos de propiedad, sanidad e inocuidad que establecen las normas mexicanas, en el estado operan cinco rastros municipales y dos privados (ver tabla 5.25).

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De acuerdo con la Estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales elaborada por el INEGI, en Quintana Roo el mayor porcentaje de sacrificios es de porcinos, seguida de bovinos y en menor medida de ovinos y caprinos, ya que el año 2009 fueron sacrificadas sólo 26 cabezas de ganado caprino (ver gráfica 5.16)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133060/QUINTANA_ROO.pdf

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La gráfica revela que hubo un decremento constante en la matanza de ganado, pues de 127 mil 883 sacrificios que se registraron en 2008, para 2015 la cifra descendió a 80 mil 576, lo que implica un decremento de 37%.

Pasando a otro servicio fundamental, es notable que en la ciudad de Cancún el 70% del agua lo consume el sector servicios, del cual aproximadamente se desperdicia el 45% a causa de la mala infraestructura o la mala operación de los encargados de proporcionar esta asistencia. Al respecto, IMCO previene sobre la sobreexplotación de los mantos acuíferos al extraer volúmenes superiores a los recargados.

Se debe considerar que se presenta una alta vulnerabilidad a la contaminación del agua como resultado de las actividades antropogénicas. Según Conagua, en la entidad únicamente el 30% de las aguas residuales son tratadas, mientras que el 70% se vierte sobre cenotes, lagunas, ríos subterráneos o incluso al mar, lo cual asociado a las características geohidrológicas de la entidad eleva la probabilidad de contaminación de los mantos acuíferos subterráneos, produciendo afectaciones a los ecosistemas marinos, particularmente a los arrecifes de coral.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/ganado/default.aspx

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mide el indicador de eficiencia de cloración del agua, que se calcula por el promedio de determinaciones con niveles de cloro >0.2 mg/l referidas al total de determinaciones realizadas. También mide la cobertura de vigilancia de la cloración y el porcentaje de la población que usa un sistema formal de abastecimiento de agua desinfectada.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA) es un organismo público operador de agua potable, drenaje y saneamiento que tiene como objetivo planear, construir, conservar, ampliar y gestionar, así como dictar las normas y procedimientos que deben regir los sistemas y los servicios de agua potable y alcantarillado. Según estadísticas de esta Comisión, el 100% del agua de los municipios de Quintana Roo está clorada. Adicionalmente, Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel e Isla Mujeres se encuentran 100% vigilados en su calidad del agua; pero el municipio de Lázaro tiene el 22% de población en riesgo sanitario por consumo de agua (ver tabla 5.26).

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¿En qué debemos actuar inmediatamente?

Es claro que hace falta apoyar a los ayuntamientos, no sólo económicamente y en infraestructura, sino también en todo lo que concierne a la operación de los servicios públicos. Asimismo, todos los niveles de gobierno deben ejercer su liderazgo para el beneficio de los ciudadanos y procurar el bienestar y progreso de los quintanarroenses.

Y, de igual forma, debe procurarse que la concesión de los servicios se realice bajo estrictos estándares de transparencia, apegados a los criterios de adjudicación y siempre supervisando que las empresas cumplan la normatividad federal y estatal vigentes, pues de esta manera los servicios se proporcionarán de forma oportuna.

Si bien es cierto que el manejo del agua potable es complejo, también es cierto que con la cooperación municipal y federal, así como del sector privado los problemas pueden aminorarse. Es indispensable conjuntar esfuerzos para dotar de los servicios de alcantarillado, agua potable y drenaje a toda la población, y lograr que el agua sea de buena calidad. Es urgente concienciar a la población, principalmente a visitantes y turistas, sobre la importancia de cuidar el agua y hacer copartícipe al sector privado, en especial de la industria turística, para implementar mecanismos alternos o plantas de tratamiento de aguas que eviten la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

En cuanto a los rastros, también debe instrumentarse una estrategia para que estos cambien a la categoría Tipo Inspección Federal (TIF), pero para lograr esto los gobiernos municipales deberán decidir sumarse al proyecto.

Las islas, islotes, cayos, rocas y arrecifes que se encuentran en la zona costera y marina del país conforman la zona insular. El territorio insular es rico en patrimonio natural, por lo que se debe redoblar esfuerzos para su conservación y desarrollo sustentable. El INEGI, institución que se encarga de cartografiar el espacio insular y proporcionar herramientas para la planeación y el uso sustentable de los recursos naturales, ha clasificado los diversos elementos del territorio insular mexicano de acuerdo con la zona y región en la que se encuentran: Zona Oceánica, compuesta de una región marina; Zona Costera, compuesta de una Región Marina-Costera; Región Costera-Continental, que se refiere al territorio articulado con el Continente Americano e insular, y la Zona Terrestre, compuesta de una región continental.

En el estado los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Cozumel concentran una porción del territorio insular y en conjunto forman parte de la zonificación del Golfo de México y el Mar caribe: Islas Holbox, Contoy, Isla Mujeres y Cancún, Isla Cozumel, Banco Chinchorro e Islas de la Bahía de Chetumal.

En 1980 la costa occidental de la isla de Cozumel fue declarara Refugio Marino para proteger a los arrecifes coralinos. Cabe destacar que a lo largo del territorio Insular mexicano habitan 22 especies de aves listadas en algún nivel de protección por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La pesca artesanal de las riberas contribuye al 30% de la producción pesquera nacional; muchos pescadores están organizados en sociedades cooperativas creadas desde finales de 1930.

En el estado, seis cooperativas del sureste mexicano se hallan en proceso de evaluación para obtener la certificación pesquera de langosta espinosa (Panulirus argus) que abunda en la reserva de la biosfera Sian Ka´an y Banco Chinchorro, dentro del arrecife mesoamericano.

Existe un Estrategia Nacional para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano dirigida por el gobierno federal, cuyas bases son la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2000, las Estrategias Estatales sobre Biodiversidad, la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2007, la Estrategia Nacional de Vida Silvestre 2000, la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México 2006-2014, la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 2008, la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México: Prevención, Control y Erradicación 2010, la Estrategia Nacional de Energía 2010- 2025 y otras estrategias internacionales.

La Estrategia Nacional propone un trabajo coordinado horizontal y vertical del sector público, los sectores económicos, la academia, las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de fomentar la conservación del territorio insular y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El 22 de mayo de 2013 se publicó la Ley que crea el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; dicho órgano intergubernamental se creó para la planeación, gestión y colaboración para generar políticas públicas en las materias que afectan a las islas de la entidad.

Este Consejo está integrado por el gobernador y los presidentes municipales de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Cozumel, representantes de diferentes áreas del gobierno estatal, de un miembro del Poder Legislativo y un representante de la sociedad civil.

A pesar de que el decreto menciona que el Consejo podrá sesionar por lo menos cuatro veces al año, en la realidad actual el trabajo interinstitucional no ha dado resultados tangibles. Por otra parte, en todo el estado sólo funciona un Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Insular del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo 2009-2030. Además de lo expuesto, no existe un inventario del territorio insular, por lo que es urgente disponer en el corto plazo de información especializada y detallada sobre el terreno insular del estado.

¿En qué debemos actuar inmediatamente?

Las islas son parte del territorio nacional y es necesario efectuar tareas de investigación, identificación y catalogación geográfica de todo lo concerniente a éstas, así como formular una reglamentación jurídica para su conservación.

Es inaplazable gestionar ante las instituciones federales competentes e internacionales los fondos federales para la implementación de acciones puntuales que se reflejen en la conservación y preservación de la flora y fauna de las islas quintanarroenses, y es inexcusable generar una estrategia económica para estas zonas, sin que ello afecte su riqueza natural y cultural.

CRECIMIENTO ORDENADO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL:

Orientar, bajo una política de sustentabilidad, el ordenamiento y control territoriales de la entidad, impulsando un sistema de ciudades y comunidades rurales que potencialicen su valor natural, cultural e histórico, además de garantizar el respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales en un esquema de equilibrio territorial. Estrategia General:

Impulsar un modelo de crecimiento urbano sustentable que considere la vocación turística, las políticas federales y los criterios internacionales de desarrollo humano, así como la dotación de infraestructura y de los equipamientos necesarios, los servicios públicos de calidad y el adecuado manejo de los recursos naturales.

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES RESPONSABLES:

  • Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
  • Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
  • Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental
  • Procuraduría de Protección al Ambiente
  • Secretaría de Infraestructura y Transporte

PROGRAMA 27. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON VISIÓN REGIONAL Y METROPOLITANA

OBJETIVO:

Consolidar un estado ordenado, habitable, sustentable, equitativo, con cohesión y desarrollo, que mejore la calidad de vida de los habitantes y en consecuencia detone su competitividad

ESTRATEGIA:

Establecer y desarrollar las políticas de planeación y ordenamiento sustentable, territorial, urbano y metropolitano en un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, los sectores empresarial, social y académico.

META:

Contar, al término de la administración, con al menos seis instrumentos jurídicos y normativos de competencia estatal, necesarios para la ordenación sustentable del territorio y su desarrollo urbano.

LINEAS DE ACCIÓN

5.27.1 Implementar, en las principales ciudades y asentamientos humanos la acción, adopción y aplicación de políticas y planes hacia la inclusión social.

5.27.2 Desarrollar un diagnóstico preciso del potencial y los recursos del territorio.

5.27.3 Incorporar los objetivos y políticas de ONU-Habitat, así como las metas y objetivos para el Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, en las acciones de desarrollo urbano sustentable del estado.

5.27.4 Promover, en coordinación con los municipios, la implementación de criterios de Ciudad Compacta, teniendo en cuenta los requerimientos de movilidad, equipamiento urbano, espacio público y servicios.

5.27.5 Asegurar el patrimonio social, económico, cultural y medioambiental natural en el estado, mediante el fortalecimiento a los instrumentos normativos.

5.27.6 Propiciar la participación del sector académico y sociedad civil en la conformación de estrategias para el ordenamiento sustentable del territorio.

5.27.7 Generar comunidades prósperas con índices de habitabilidad, que considere el fortalecimiento económico, la equidad social, el aprovechamiento sostenible del agua y el adecuado tratamiento de los desechos.

5.27.8 Incluir bio-corredores del paisaje, en la ordenación del territorio, a fin de vincular e integrar las áreas naturales protegidas del estado.

5.27.9 Fortalecer y respetar el patrimonio cultural y natural fomentando la convivencia de las comunidades urbanas y rurales con los bienes culturales y ambientales.

5.27.10 Fomentar y promover mediante la construcción, rescate y mantenimiento de espacios públicos, la expresión cultural, la pertenencia, la dignidad y la memoria de toda la comunidad.

5.27.11 Promover la disminución de la huella ecológica estatal, priorizando el uso de energías limpias y eco tecnologías que ayuden a mitigar el cambio climático, y sus efectos adversos.

5.27.12 Desarrollar el ordenamiento territorial evitando la fragmentación de los paisajes naturales.

5.27.13 Crear políticas para evitar asentamientos humanos o actividades económicas en zonas vulnerables, de riesgo y recarga de mantos acuíferos.

5.27.14 Vincular, en coordinación con los gobiernos municipales y federal, los Programas de Desarrollo Urbano con los de Ordenamiento Ecológico. 460

5.27.15 Promover, la implementación de criterios de evaluación de los estudios de impacto urbano y prevención de riesgo, con los gobiernos municipales, a fin de lograr la sana inserción de los desarrollos en el entorno físico y cultural.

5.27.16 Elaborar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo.

5.27.17 Elaborar los Programas Regionales del Caribe Norte, de la Zona Maya y de la Zona Sur para contar con ciudades sustentables, habitables y competitivas, que fomenten el equilibrio, el bienestar y la convivencia.

5.27.18 Elaborar el Programa de Desarrollo de la zona Metropolitana de Benito Juárez-Isla Mujeres.

5.27.19 Proponer en coordinación con los municipios la ampliación y/o creación de Zonas Metropolitanas, en consenso con las políticas nacionales y la Ley en la materia.

5.27.20 Implementar un programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del área de influencia entre Chetumal y las localidades cercanas.

5.27.21 Realizar, en coordinación con los estados de Campeche y Yucatán, acciones que promuevan la funcionalidad entre ciudades y comunidades cercanas.

5.27.22 Colaborar, con los municipios, en la elaboración o actualización de sus Programas Municipales de Desarrollo Urbano o de Centro de Población para su desarrollo integral, acorde con las políticas nacionales y estatales.

5.27.23 Gestionar que los municipios actualicen sus reglamentos de construcción, de imagen y paisaje urbano.

5.27.24 Crear la unidad administrativa responsable del espacio público, para la aplicación de políticas en la materia

5.27.25 Gestionar el Espacio Público de manera integral, que incluya su rescate, construcción y mantenimiento.

5.27.26 Privilegiar el establecimiento de superficies de áreas verdes, corredores biológicos y bio corredores del paisaje en la gestión del espacio público.

5.27.27 Gestionar, en coordinación con el sector privado el cumplimiento con la dotación de superficie de áreas verdes por habitante, en los desarrollos de vivienda, establecido en los estándares internacionales.

5.27.28 Incluir propuestas de movilidad asequibles, seguras y no contaminantes, en los instrumentos de planeación, facilitando un acceso equitativo e incluyente.

5.27.29 Promover que el sector privado, incluya infraestructura para la movilidad ciclista y peatonal en los nuevos desarrollos habitacionales.

5.27.30 Impulsar que los nuevos desarrollos, cuenten de forma obligatoria con instalaciones de cableado subterráneo y nuevas tecnologías que abonen a la sustentabilidad e inserción amigable en el entorno.

5.27.31 Establecer un banco de reservas territoriales estatales, para planificar un estado sostenible, así como la materialización del espacio público.

5.27.32 Promover instrumentos que permitan financiar proyectos encaminados a desarrollar entornos sustentables, dignos, diversos e incluyentes.

5.27.33 Implementar políticas de diversificación turística y económica, en la planeación y el ordenamiento territorial.

5.27.34 Gestionar, en coordinación con el Congreso Local, la creación, actualización o reforma de las leyes, reglamentos e instrumentos normativos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado.

5.27.35 Realizar actividades para concientizar e informar a la población sobre el desarrollo urbano y ordenamiento territorial sustentable.

5.27.36 Fortalecer el sistema de información geográfica para administrar el suelo estatal.

5.27.37 Emitir las autorizaciones correspondientes de acuerdo a la normatividad aplicable.

5.27.38 Desarrollar una estrategia integral de procuración del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.

5.27.39 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 28. MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

OBJETIVO:

Garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, mitigando los impactos derivados de las principales actividades productivas, que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad.

ESTRATEGIA:

Desarrollar instrumentos, mecanismos y programas orientados a concientizar, regular, cumplir y vigilar la normatividad ambiental aplicable en los proyectos, actividades, desarrollos existentes y futuros, en corresponsabilidad con los sectores público, privado y social.

META:

Ordenar ecológicamente 3 millones 119 mil hectáreas del territorio de Quintana Roo, para que al término de la administración se encuentre totalmente ordenado.

LINEAS DE ACCIÓN:

5.28.1 Elaborar Programas de Ordenamiento Ecológicos, que tengan congruencia con los Programas de Desarrollo Urbano.

5.28.2 Fortalecer, en coordinación con los gobiernos federal y municipales, la gestión integral de los residuos sólidos en el estado.

5.28.3 Promover, en coordinación con los sectores público, privado y social, campañas de reciclaje de residuos sólidos.

5.28.4 Impulsar en coordinación con los municipios, un programa de infraestructura para el manejo integral de los residuos.

5.28.5 Dar seguimiento a la implementación del Plan de Atención de Residuos en Casos de Desastre en el país y la Guía de Evaluación de Desastres.

5.28.6 Capacitar al sector social, público y empresarial para la elaboración adecuada de sus planes de manejo de residuos.

5.28.7 Impulsar las iniciativas ciudadanas para el manejo integral de los residuos.

5.28.8 Promover la inversión de la iniciativa privada en el reciclado, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.

5.28.9 Administrar adecuadamente las áreas naturales protegidas estatales, para garantizar su protección.

5.28.10 Incrementar la superficie territorial en Áreas Naturales Protegidas, incluyendo áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

5.28.11 Elaborar y publicar los programas de manejo para las áreas naturales protegidas de competencia estatal.

5.28.12 Dar seguimiento a los programas de rehabilitación, restauración, reforestación y revegetación de los diversos ecosistemas presentes en las áreas naturales protegidas.

5.28.13 Impulsar el monitoreo de variables ambientales, ecosistemas y fauna silvestre en las ANP.

5.28.14 Fortalecer las acciones de manejo de las áreas protegidas a través del comanejo.

5.28.15 Establecer mecanismos y acciones con los gobiernos federales y municipales, el sector público y privado y la sociedad civil en materia de biodiversidad, vida silvestre y bienestar animal.

5.28.16 Revisar y en su caso consolidar el Programa de Guardianes Comunitarios, para proteger la fauna silvestre.

5.28.17 Desarrollar y ejecutar un programa de reforestación en ciudades con el uso de especies nativas y aquellas no invasoras.

5.28.18 Colaborar con las instancias competentes, en la restauración de arrecifes de coral que permita recuperar la productividad y la vida marina.

5.28.19 Promover la implementación de instrumentos económicos, ambientales a fin de promover políticas para la preservación y mejoramiento de los recursos naturales.

5.28.20 Implementar un modelo de gestión integral de las actividades turísticas para el cuidado y conservación de los recursos naturales con visión de sustentabilidad.

5.28.21 Realizar actividades de difusión para el uso racional y sustentable de los recursos naturales.

5.28.22 Realizar evaluaciones integrales de proyectos de inversión, previas a su autorización, para asegurar el uso eficiente de los recursos naturales renovables y no renovables.

5.28.23 Evaluar y emitir la opinión técnica de los planes de manejo, cambios de uso de suelo y manifestaciones de impacto ambiental que regulen el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

5.28.24 Implementar medidas para recuperar, limpiar y mitigar la erosión de playas así como el aprovechamiento de sargazo.

5.28.25 Fomentar la preservación de selvas y el aprovechamiento forestal sustentable, a través de su ordenamiento.

5.28.26 Dar seguimiento a la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+).

5.28.27 Establecer una política de reconversión del sector forestal que genere las condiciones para el crecimiento económico, la conservación, ampliación y mejoramiento de la reserva forestal y el desarrollo de alternativas de aprovechamiento sustentable.

5.28.28 Actualizar los lineamientos de manejo de extracción, transformación y comercialización de los recursos forestales.

5.28.29 Realizar acciones orientadas al establecimiento de plantaciones forestales comerciales, como la reconversión y restauración de tierras de baja rentabilidad agrícola y ganadera.

5.28.30 Fortalecer la organización productiva forestal del estado y la transformación de productos maderables y no maderables con criterios de certificación, competitividad y expansión de mercados.

5.28.31 Implementar acciones de seguimiento del mangle y otros ecosistemas degradados.

5.28.32 Regular las fuentes fijas y móviles de competencia estatal a fin de promover la preservación y mejoramiento de la calidad del aire en Quintana Roo.

5.28.33 Aplicar la normatividad y vigilar la emisión de contaminantes al suelo, aire y agua, generado por fuentes fijas de competencia estatal.

5.28.34 Promover la implementación de energías renovables o tecnologías limpias para las fuentes fijas y móviles de competencia estatal.

5.28.35 Fomentar, en coordinación con el gobierno federal y el sector académico, la investigación ambiental y tecnológica.

5.28.36 Actualizar y dar seguimiento al Plan Estatal de Cambio Climático.

5.28.37 Implementar y dar seguimiento al acuerdo para la sustentabilidad de la Península de Yucatán.

5.28.38 Promover herramientas jurídicas enfocadas a considerar al Estado de Quintana Roo libre de la siembra de organismos transgénicos.

5.28.39 Promover el uso de guías técnicas para el control de la contaminación.

5.28.40 Actualizar, en colaboración con el Gobierno Federal, el estado de los recursos hídricos en relación a los usos del agua, para elaborar políticas para su aprovechamiento y gasto ecológico.

5.28.41 Elaborar, en coordinación con el gobierno federal, planes y programas de prevención de la contaminación, saneamiento y remediación de ecosistemas.

5.28.42 Gestionar, con la participación del sector educativo, la inclusión de temas ambientales y cambio climático, en los planes de estudio, a fin de incorporarlos como educación formal.

5.28.43 Desarrollar planes y programas de capacitación en el cuidado del medio ambiente.

5.28.44 Actualizar y dar seguimiento al Plan Estatal de Educación Ambiental.

5.28.45 Gestionar vínculos institucionales de cooperación ambiental a nivel internacional, nacional, regional y local.

5.28.46 Crear mecanismos de participación ciudadana para incorporar a todos los sectores en la gestión ambiental.

5.28.47 Promover, con el sector hotelero y de servicios turísticos, el uso eficiente de agua, reducción de emisiones contaminantes y reciclaje.

5.28.48 Implementar incentivos para que los nuevos desarrollos turísticos adopten medidas que mitiguen los efectos de cambio climático y la contaminación de recursos, así como a predios que destinen superficies para la conservación.

5.28.49 Actualizar el marco jurídico en materia ambiental.

5.28.50 Vigilar y aplicar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental de posibles infracciones y delitos contra el equilibrio ecológico y el medio ambiente.

5.28.51 Consolidar el Sistema Estatal de Información Ambiental, para contar con información de calidad y actualizada.

5.28.52 Generar un sistema de indicadores que permita medir la eficiencia de las acciones gubernamentales en favor del medio ambiente.

5.28.53 Elaborar el Programa Sectorial en materia Ambiental.

5.28.54 Crear el Fondo Ambiental para el estado.

5.28.55 Gestionar, con los gobiernos federal y municipales, convenios y acuerdos en materia de medio ambiente.

5.28.56 Incorporar variables ambientales en el diseño de proyectos, actividades y políticas públicas.

5.28.57 Colaborar con el gobierno federal en la sustentabilidad ambiental en monumentos, patrimonios naturales y áreas similares.

5.28.58 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 29. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

OBJETIVO:

Consolidar un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, que considere a las personas como principales beneficiarios, que incorpore nuevas tecnologías y privilegie la protección al medio ambiente.

ESTRATEGIA:

Adecuar el marco legal e institucional que permita la instrumentación de acciones integrales de mejora, así como proponer esquemas que fomenten la inversión, competencia y desempeño del sistema de transporte público, turístico y de carga para mejorar la movilidad en el estado.

META:

Un Plan de Movilidad Urbana Sustentable, que regule los servicios de transporte público y movilidad urbana con indicadores de eficiencia y eficacia, que permitan evaluar el sistema de conectividad.

LINEAS DE ACCIÓN:

5.29.1 Elaborar el Programa de Movilidad Urbana Sustentable para el Estado.

5.29.2 Crear el Instituto de la Movilidad y Transporte para la aplicación de políticas.

5.29.3 Actualizar el marco normativo en materia de transporte para el beneficio de los usuarios.

5.29.4 Colaborar con los municipios en la elaboración de Programas de Movilidad Urbana.

5.29.5 Gestionar, ante las autoridades competentes, la eliminación de la discrecionalidad y facultad personal del ejecutivo para emitir u otorgar concesiones estatales de transporte.

5.29.6 Conformar, en coordinación con el sector social y empresarial, el Consejo Consultivo de Transporte de Quintana Roo.

5.29.7 Generar sistemas de movilidad que sean accesibles y que se vinculen poniendo énfasis en los modos peatonales, ciclistas y de transporte público.

5.29.8 Proponer la creación de sistemas de movilidad basados en tecnologías sustentables.

5.29.9 Generar las condiciones de accesibilidad en los espacios verdes y públicos, en particular para los grupos en situación de vulnerabilidad.

5.29.10 Proponer iniciativas de reformas a la Ley de Transporte del Estado a efecto de contar con los mejores esquemas de regulación y tarifario del mismo.

5.29.11 Impulsar, en coordinación con el gobierno federal, proyectos de transporte urbano lagunar sustentable.

5.29.12 Establecer, en coordinación con los municipios, las reglas para el otorgamiento de las concesiones, diseño de rutas y modificación de tarifas del transporte público.

5.29.13 Privilegiar sistemas de transporte público alternativo que incorpore nuevas tecnologías y que considere a personas con discapacidad.

5.29.14 Fomentar, con los sectores social y empresarial, aplicaciones digitales para facilitar la movilidad dentro del estado.

5.29.15 Generar un sistema de indicadores que permita dar seguimiento a las acciones emprendidas en materia de movilidad.

5.29.16 Gestionar la construcción del tren regional Cancún-Chetumal.

5.29.17 Realizar estudios técnicos y aplicar soluciones viales en cruceros con alta afluencia vehicular y peatonal.

5.29.18 Proponer circuitos interiores que permitan penetrar a las comunidades de alta y muy alta marginación.

5.29.19 Favorecer la movilidad no motorizada en las localidades rurales.

5.29.20 Promover un sistema de conexión multimodal.

5.29.21 Apoyar, a los gobiernos municipales, para implementar un programa de ingeniería de tránsito y así mejorar los flujos vehiculares y disminuir los tiempos de traslado.

5.29.22 Implementar acciones de capacitación de los taxistas, para promover su competitividad

5.29.23 Generar vínculos con sindicatos y organizaciones de transporte para ofrecer un mejor servicio.

5.29.24 Realizar gestiones ante instancias federales e internacionales a fin de mejorar el transporte público y la movilidad en el estado.

5.29.25 Realizar la verificación vehicular en transporte público para regular las emisiones.

5.29.26 Implementar sistemas de transporte colectivo en zonas de mayor demanda..

5.29.27 Promover la creación de la ley de movilidad y su reglamento.

5.29.28 Implementar manuales de diseño para la construcción.

5.29.29 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 30. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

OBJETIVO:

Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad.

ESTRATEGIA:

Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y servicios básicos; optimizando recursos y con mayor cobertura para el beneficio de los habitantes, visitantes y turistas.

META:

Implementar un programa integral de desarrollo de infraestructura para mejorar la funcionalidad del estado.

LINEAS DE ACCIÓN:

5.30.1 Crear la Agencia de Proyectos y Desarrollo, para la realización, gestión, desarrollo, implementación y puesta en marcha de proyectos.

5.30.2 Instrumentar un sistema de planificación de inversiones que permita al estado, la gestión, desarrollo y ejecución oportuna de los proyectos.

5.30.3 Liderar la planeación de infraestructura para todo el estado.

5.30.4 Efectuar un programa de infraestructura con criterios de sustentabilidad.

5.30.5 Implementar, para todos los proyectos de infraestructura el estudio de prevención de riesgos para garantizar la seguridad.

5.30.6 Realizar, en coordinación con los gobiernos federal y municipales, proyectos de infraestructura de inversión compartida.

5.30.7 Implementar un programa de construcción, modernización y rehabilitación de la infraestructura carretera y vial en todo el estado, que impulse la mejora de la conectividad, movilidad de las personas y la comercialización de productos.

5.30.8 Colaborar en la conectividad digital de las comunidades rurales, respetando sus usos y costumbres, así como espacios públicos y edificios.

5.30.9 Colaborar, en coordinación con el gobierno federal, a fin de fortalecer la infraestructura aérea y marítima en la entidad.

5.30.10 Gestionar la mejora de la infraestructura aeroportuaria de competencia estatal.

5.30.11 Desarrollar un programa integral de ciclopistas que fortalezcan la movilidad y las actividades recreativas en todo el estado.

5.30.12 Ejecutar, en coordinación con los municipios y la federación, proyectos de infraestructura social.

5.30.13 Desarrollar infraestructura deportiva y recreativa para mejorar la calidad de vida de las personas.

5.30.14 Gestionar, en coordinación con los gobiernos municipales y el sector empresarial, la mejora de espacio público.

5.30.15 Promover y crear, en coordinación con las instancias competentes, infraestructura para ofertar energías alternativas.

5.30.16 Construir y mejorar la infraestructura para el manejo integral de los residuos.

5.30.17 Ejecutar, en coordinación con la iniciativa privada, infraestructura que propicie la seguridad alimentaria.

5.30.18 Construir infraestructura para sentar las bases y consolidar Rastros Tipo Inspección Federal (TIF).

5.30.19 Generar el proyecto de Ciudad Administrativa Gubernamental, en la ciudad de Chetumal.

5.30.20 Incluir a los ciudadanos en los procesos de obra pública.

5.30.21 Implementar un programa de señalización en carreteras.

5.30.22 Incorporar en todas las obras criterios de accesibilidad universal.

5.30.23 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 31. VIVIENDA

OBJETIVO:

Establecer las condiciones para proporcionar vivienda adecuada para los habitantes del estado, cumpliendo con los estándares de vivienda digna de la ONU.

ESTRATEGIA:

Generar las bases institucionales y jurídicas, alineadas a los programas y políticas nacionales e internacionales que garantizan la habitabilidad de las viviendas.

META:

Implementar 12 esquemas para que los quintanarroenses puedan acceder a viviendas dignas o mejorar las que poseen.

LINEAS DE ACCION:

5.31.1 Elaborar el Programa Estatal de Vivienda, con criterios de habitabilidad y sustentabilidad.

5.31.2 Colaborar con los sectores público, privado y social para la generación de áreas habitacionales, saludables, seguras y eficientes.

5.31.3 Generar normatividad que impulse y permita contar con una ciudad sustentable, fomente con la cohesión social y el cuidado de la naturaleza.

5.31.4 Crear, en coordinación con el sector público, privado y social, un grupo de trabajo para desarrollar conjuntamente producción de vivienda sustentable.

5.31.5 Generar, en coordinación con todos los sectores, la participación comunitaria para fomentar la construcción de vivienda.

5.31.6 Gestionar que los nuevos conjuntos y desarrollos habitacionales implementen los Lineamientos de Desarrollos Certificados del gobierno federal, de ONU Hábitat y de resilencia de la SEDATU, así como otros lineamientos internacionales.

5.31.7 Propiciar la diversificación de la oferta inmobiliaria sustentable.

5.31.8 Regular la inserción sustentable de los desarrollos de vivienda en el territorio.

5.31.9 Vigilar la implementación de los planes parciales de urbanización para garantizar su cumplimiento normativo.

5.31.10 Establecer los criterios mínimos de equipamiento y el espacio público aplicables a los desarrollos habitacionales, en la normatividad aplicable.

5.31.11 Fomentar la oferta de acciones de vivienda a familias en vulnerabilidad que no cuentan con patrimonio.

5.31.12 Realizar, en coordinación con el gobierno federal, programas de autoproducción de vivienda y de lotes con servicios, poniendo especial énfasis en las zonas de atención prioritaria.

5.31.13 Promover la construcción de edificaciones sostenibles, utilizando preferentemente características y materiales locales en comunidades rurales.

5.31.14 Participar en los programas de regulación de la tierra.

5.31.15 Ampliar el acceso a financiamiento de la población más vulnerable para soluciones habitacionales.

5.31.16 Gestionar, con los gobiernos federal y municipales, así como con organismos internacionales, financiamiento para la construcción y autoconstrucción de vivienda.

5.31.17 Crear, en coordinación con el gobierno federal y desarrolladores inmobiliarios, un fondo para la construcción de vivienda digna y del espacio público.

5.31.18 Generar, con desarrolladores de vivienda, esquemas coparticipativos para dotar de vivienda o lotes con servicios a la población vulnerable.

5.31.19 Crear una unidad administrativa que promueva una vivienda digna entre la población.

5.31.20 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 32. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

OBJETIVO:

Garantizar, el acceso a servicios urbanos de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida.

ESTRATEGIA:

Incrementar y fomentar en coordinación con los municipios, la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión.

META:

Aumentar en 5% la cobertura de servicios públicos en la entidad en los asentamientos humanos reconocidos.

LINEAS DE ACCIÓN:

5.32.1 Impulsar, en coordinación con los gobiernos municipales, la atención integral de zonas con pobreza y marginación a través del acceso a infraestructura y servicios urbanos de manera segura, adecuada y accesible.

5.32.2 Realizar, en coordinación con los municipios, un programa integral de servicios públicos.

5.32.3 Coordinar, la gestión de recursos federales en materia de servicios públicos, para que sean aplicados en los municipios.

5.32.4 Realizar, en coordinación con los gobiernos municipales, un modelo de gestión de los servicios públicos.

5.32.5 Revisar, evaluar y en su caso modificar las concesiones de servicios públicos otorgadas por el gobierno Estatal.

5.32.6 Dotar, en coordinación con los gobiernos federal y municipales, de servicios digitales y acceso de internet da todos los habitantes, priorizando aquellas comunidades que no cuentan con el servicio.

5.32.7 Crear el programa metabolismo “0” para disminuir la huella ecológica de las personas.

5.32.8 Promover, en coordinación con los municipios, la regularización de los mataderos.

5.32.9 Implementar acciones para mejorar la calidad de agua potable.

5.32.10 Generar programas de agua potable y alcantarillado para todos en localidades mayores de 2,500 habitantes.

5.32.11 Realizar un programa integral de conexión, regulación e incremento de la red de drenaje y alcantarillado.

5.32.12 Generar, con apoyo de los sectores social y educativo, políticas públicas para mejorar el servicio en los sistemas de agua potable

5.32.13 Promover, en coordinación con los municipios, la concesión del alumbrado, para ofrecer un mejor servicio.

5.32.14 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

PROGRAMA 33. DESARROLLO INSULAR DEL ESTA

OBJETIVO:

Integrar, con el apoyo de los gobiernos municipal y federal, equitativamente a las ínsulas del estado en las acciones de desarrollo social, competitivo y sustentable que fomenten una mejor calidad de vida para sus habitantes

ESTRATEGIA:

Coordinar acciones específicas para la planeación, promoción y gestión del territorio insular del Estado de acuerdo con la Estrategia Nacional de las Islas.

META:

Contar, al término de la administración, con tres instrumentos de competencia del Gobierno Estatal necesarios para inducir la ordenación sustentable del territorio insular estatal y su desarrollo.

LINEAS DE ACCIÓN:

5.33.1 Dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de las islas, como una herramienta principal de planeación.

5.33.2 Regular la mancha urbana y hotelera, a fin de evitar riesgos, promoviendo una planeación integral a fin de generar un bien común

5.33.3 Crear, en coordinación con los municipios, áreas protegidas municipales y parques urbanos para la conservación de la flora y fauna nativas de las islas.

5.33.4 Realizar un Programa de Desarrollo de los Territorios Insulares de Quintana Roo, acorde a un plan estratégico estatal de sustentabilidad en materia de desarrollo urbano, turismo y medio ambiente.

5.33.5 Elaborar políticas públicas integradoras de los territorios insulares y de aportación la diversificación de la oferta turística.

5.33.6 Disminuir el impacto ambiental que genera el desarrollo sobre la fragilidad del ecosistema insular, mediante políticas, normas y criterios de sustentabilidad.

5.33.7 Establecer, en coordinación los municipios, la definición del uso del suelo y densidades de aprovechamiento, con criterios ecológicos, de habitabilidad y diversificación turística.

5.33.8 Fomentar, en coordinación con los municipios, instrumentos para la compra de tierras privadas y ejidales para la conservación.

5.33.9 Apoyar y fortalecer a la administración y operación de áreas naturales protegidas para su conservación y en su caso el aprovechamiento sustentable.

5.33.10 Promover acciones para la certificación de ecoturismo en las zonas insulares.

5.33.11 Crear mecanismos para erradicar especies invasoras.

5.33.12 Tomar medidas para prevenir y atender posibles consecuencias derivadas de riesgos meteorológicos.

5.33.13 Llevar a cabo análisis de riesgo, para evitar contingencias y salvaguardad vidas humanas.

5.33.14 Vigilar que el Consejo de Desarrollo Insular cumpla los objetivos para los que fue creado.

5.33.15 Crear, con apoyo del gobierno federal y participación de los municipios, un fondo específico para el desarrollo de zonas insulares

5.33.16 Colaborar, con los gobiernos municipales, en la elaboración de Planes de Manejo y aprovechamiento para la diversificación turística de las zonas insulares.

5.33.17 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.

INDICADORES VINCULADOS AL PLAN DE ACCION

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