A lo largo de su gestión como gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, cometió una serie de irregularidades que atentaron contra el patrimonio de los quintanarroenses, provocándole un daño al erario que hoy busca resarcirse.
De manera ventajosa, desincorporó bienes estatales, para que estuvieran en posibilidad de ser comercializados entre particulares por valores muy por debajo de los precios comerciales. De la misma manera firmó contratos para la prestación de servicios o la adquisición de bienes, que no cumplían con los requisitos legales, con el claro objetivo de beneficiar a unos cuantos, es decir, de hacer negocio a expensas de los recursos públicos.
El delito de lavado de dinero, proveniente de operaciones ilícitas, por el cual se logró la captura de Roberto Borge, el 5 de junio en Panamá, mientras intentaba abordar un vuelo con destino a París, Francia, no es el único por el cual es acusado el exgobernador.
El gobierno del cambio, encabezado por Carlos Joaquín, está trabajando arduamente junto a las autoridades judiciales, aportando las pruebas necesarias para que se sustenten las denuncias penales, y pueda recibir el castigo que se merece, pero sobre todo para recuperar el patrimonio que le arrebató a los quintanarroenses y que provocó que la desigualdad social se agravara.
Lo más importante de este proceso es sin duda alguna el apoyo que la sociedad civil organizada ha brindado a la gestión de Carlos Joaquín. Desde hace un año cuando fue posible el cambio en las urnas, y a lo largo de estos meses de administración, ha sido el conglomerado social el que ha pedido que se castigue a los responsables del daño a las arcas públicas, y quienes incluso han aportado las pruebas necesarias y contundentes, que han brindado el precioso fruto de la captura de Borge Angulo.
Chetumal, Quintana Roo