Podemos tener las mejores leyes, las más avanzadas, las que se promulguen por consenso, pero de nada sirven, sino se cumplen a cabalidad, con firmeza y decisión.
Como se está haciendo en Quintana Roo, para devolverle a la sociedad el patrimonio que con la mano en la cintura le robó el pequeño grupo de privilegiados que en el sexenio pasado pretendieron hacer de este, un paraíso personal.
Este no se trata de un tema de revanchismo personal o político, se trata de justicia social. Porque cuando un gobierno, y los que trabajan en él, roban, lo hacen directamente al bolsillo de los ciudadanos. Cada peso que se recauda por concepto de impuestos, y cada peso que se recibe por parte de la Federación o de otras instancias, debe ser empleado para un fin social, pero cuando se usa para los caprichos personales, en realidad lo que se está provocando es que la desigualdad se incremente, que los agravios crezcan y que las oportunidades no sean para todos.
Se están dando los pasos firmes para restaurar en la entidad la legalidad, la honradez, la transparencia y la justicia, para que la gente pueda vivir mejor con más y mejores oportunidades de desarrollo y de bienestar social.
Desde el inicio de la administración del cambio, hace ya ocho meses, se procedió a la revisión de cuentas, de auditorías a las diferentes dependencias del gobierno del estado, del crédito y la deuda que Quintana Roo tuvo durante los 5 años y medio de la administración de Roberto Borge Angulo. En todas se hallaron anomalías que fueron denunciadas ante la PGR y la Fiscalía General del Estado, cuyos resultados tienen que ver con la captura de Borge Angulo.
Chetumal, Quintana Roo