Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo

¿Quiénes somos?

La Junta es un organismo administrativo desconcentrado por función jerárquicamente subordinado al Ejecutivo del Estado, creado para fungir como órgano rector y colegiado de coordinación para cuidar, fomentar, promover, apoyar, asesorar, supervisar y orientar los “Servicios de Asistencia Social Integral y multidisciplinario” de particulares que constituidos como Instituciones de Asistencia Privada (IAP), trabajan en beneficio social o en su caso deseen sumarse a las acciones con fines asistenciales sin fines de lucro.

Antecedentes

La primera Ley de Asistencia Social y Privada para el Estado de Quintana Roo fue decretada en 1986 durante la administración del Lic. Pedro Joaquín Codwell, Gobernador Constitucional del Estado, en esta ley se le confiere a la Secretaría Estatal de Salud, facultades para coordinar el sistema Estatal de Salud.

El 22 de enero de 1991, basada en la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo, se crea la primera Institución de Asistencia Privada ubicada en la Isla de Cozumel.

Durante la administración del Ing. Mario Ernesto Villanueva Madrid, dicha Ley se somete a revisión y el día 15 de diciembre de 1998 es publicada en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo, abrogándose la Ley decretada en 1986.

La Ley de Asistencia Social contempla la creación de la Junta de Asistencia Social Privada, pero es hasta en la administración del Lic. Joaquín Hendricks Díaz cuando se establece el funcionamiento de la Junta creándose el Consejo de Vocales, el cual toma protesta en mayo de 1999 y es en febrero de 2000 cuando inicia formalmente sus operaciones la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo.

Misión

Vigilar y asesorar a las Instituciones de Asistencia Privada, cuidando el cumplimiento de los fines para los cuales se constituyen, el uso del patrimonio y el apego de las Leyes aplicables.

Visión

Ser un Órgano administrativo público que, promueva el desarrollo y favorezca a la permanencia de las Instituciones de Asistencia Privada con excelencia, ética y responsabilidad, logrando ampliar y fortalecer el acceso a los derechos sociales de la población vulnerable a la que atienda.