Para impulsar políticas públicas que en verdad atiendan el fenómeno creciente de la inseguridad es necesario que se comprendan todos los factores que inciden en la comisión de los delitos y a la par que se analice cómo es que se puede atender todas las etapas que llevan a su consumación y que se hace después con quienes han infringido la ley.
Ante la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Gobernador Carlos Joaquín, habló sobre la necesidad de entender que la desigualdad creciente y el debilitamiento de la cohesión social, así como la corrupción y la impunidad, han sido los detonantes de la inseguridad en el país.
De tal suerte que la propuesta de Quintana Roo en ese sentido, se puede resumir en cuatro ejes rectores:
1.- Que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, trabajen coordinadamente en hacer una revisión minuciosa de sus programas presupuestales de seguridad y justicia.
2.- Que en los proyectos de Presupuestos de Egresos de la Federación y de los Estados, se incluya la obligatoriedad de alinear las acciones y presupuestos que inciden directa e indirectamente en el tema de seguridad y justicia, en su sentido más integral.
3.- Que el Gabinete de Seguridad Nacional y la Comisión de Seguridad de la CONAGO establezca un mecanismo de análisis, seguimiento y evaluación desde Hacienda y la Cámara de Diputados, para tener la certeza de la correcta aplicación de los recursos.
4.- Que se garantice la asignación de recursos suficientes al Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), amén que los temas de reinserción social se vinculen también en el análisis, operación, seguimiento y evaluación de las políticas de prevención.
Ciudad de México