La pobreza se ha convertido en un problema estructural que mina el desempeño económico, además de ser un obstáculo para la organización ciudadana, lo que pone en peligro las bases en que se sustenta el desarrollo de la entidad.
La política de desarrollo social que ha de implementarse en Quintana Roo debe interesarse en solucionar los problemas estructurales que acentúan la pobreza y la marginación en la que viven miles de quintanarroenses, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades a todos sus habitantes y promover el desarrollo de sus capacidades.
El bienestar social no puede ser concebido cuando un integrante de la sociedad no cuenta con las condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades básicas y vivir con dignidad.
Se requiere, por lo tanto, de políticas públicas articuladas y de carácter transversal con un enfoque de resultados, capaces de atender de manera efectiva las múltiples causas que originan la desigualdad prevaleciente en todo el estado, para desplazar las prácticas paternalistas en la búsqueda de la transformación de la realidad social.
En ese sentido, la visión de desarrollo de este gobierno plantea rebasar los enfoques simplistas para sentar las bases de una política social que permita a las personas desarrollar todas sus capacidades y vivir dignamente.
El modelo propuesto se centra en el diseño de programas orientados a superar la inequidad y a disminuir los factores que provocan la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por ello, es necesario emprender acciones que creen valor público a través de la canalización adecuada de los problemas mediante programas estratégicos que promuevan el desarrollo social y la prestación de servicios de calidad con amplia cobertura.
Ante todo, se requiere generar las condiciones idóneas para garantizar el ejercicio real de los derechos humanos de todos los quintanarroenses. La salud, la seguridad social, la educación y la vivienda digna, así como el acceso a la cultura y el deporte, como elementos centrales para el desarrollo humano, son derechos que todos los pobladores, sin distinción de sexo, capacidades físicas, edad u origen étnico, deben gozar. En tal virtud, el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad, la participación, la corresponsabilidad y la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, son fundamentales para afrontar los retos y desafíos que el estado presenta en materia de desigualdad social, marginación y pobreza.
A pesar de que Quintana Roo se ubicó en 2014 como una de las entidades con el menor número de población en situación de pobreza, las desigualdades son amplias en cuanto al acceso de bienes y servicios, así como en las oportunidades de desarrollo entre las regiones.
La posición que ocupa el estado a nivel nacional para generar políticas de bienestar es el reflejo de la situación que guarda en materia de desarrollo social, ya que de acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático 2015, Quintana Roo se ubica en el lugar número 20.
Una constante de las políticas de desarrollo social implementadas por las administraciones pasadas fue la desarticulación entre los objetivos, las metas y los resultados; aunado a ello, el presupuesto destinado a rubros como desarrollo social y salud han ido en decremento durante los últimos años, en los que se registra disminuciones en casi un 50% en comparación a lo asignado en 2012. En suma, los esfuerzos hasta ahora realizados no han tenido impactos favorables para la población.
Por ejemplo, el presupuesto asignado a Desarrollo Social pasó de 74.6 millones en 2012 a 46.3 millones en dos años, para finalmente quedar en 54 millones en 2016. En tanto, Salud reportó igualmente un severo decremento luego de iniciar con 117.4 millones y terminar con 72.2 millones (ver gráfica 4.1).
En los rubros de Educación y Desarrollo Agropecuario la programación presupuestal presentó contrastes. El primero registró una tendencia a la alza, pero el segundo redujo su techo financiero en más del 60% en tan sólo un año, al pasar de 382.9 a 110.3 millones, y aunque los recursos fueron creciendo nunca alcanzaron la cifra reportada en 2012 (ver gráfica 4.2).
Este tipo de recortes se tradujo en la disminución del número de programas y beneficiarios, así como en la merma de la calidad de los servicios, entre otros factores que imposibilitaron combatirla pobreza de manera adecuada.
Hecho que, igualmente, ubicó al estado en los últimos lugares en las mediciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2014, toda vez que en la dimensión de Vivienda ocupó la posición 24; en Salud, la 22; en Satisfacción con la vida, la 20; y en Comunidad, la 30.
Este escenario pone de relieve la necesidad de emprender acciones encaminadas a atender los principales rezagos en el estado, y para lograrlo se requieren dos componentes fundamentales: por un lado, una autoridad dispuesta a asumir cabalmente sus responsabilidades y, por el otro, una sociedad que se organiza y prepara para participar con responsabilidad y compromiso en la solución de los problemas comunes.
Siendo necesario incrementar el gasto en materia de salud, privilegiando la prevención de enfermedades y la mejora de la calidad de los servicios otorgados, con el propósito de generar condiciones que aseguren el bienestar de los quintanarroenses.
El desafío en materia educativa se centra en elevar el desempeño, reducir la deserción escolar, profesionalizar la planta docente y revisar los programas educativos, a fin de armonizarlos con las demandas de la entidad, diversificando la oferta y ampliando las oportunidades de acceso.
Por su parte, el incremento de embarazos en adolescentes y el aumento en el número de suicidios cometidos por jóvenes de entre 15 y 19 años, ocupan el segundo lugar a nivel nacional. Estos problemas, aunados al alto número de violaciones, son claras representaciones de la fragmentación del tejido social que se vive en el estado. Es por ello, que dicho contexto exige implementar estrategias que fortalezcan las relaciones comunitarias, ofrezcan alternativas de sana convivencia y fomenten entornos pacíficos.
Los rezagos en materia de desarrollo social afectan el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los ciudadanos. Aunque la entidad logró mejorar los resultados del 2008 al 2012, al pasar de 0.739 puntos a 0.754, a nivel nacional se mantiene en el lugar número 12. El indicador expone el componente de salud como el más preocupante de todos, ya que la entidad obtiene una puntuación de 0.621, es decir, la posición número 15 en todo el país.
El desarrollo social y el combate a la desigualdad en Quintana Roo reivindican la necesidad de atender de manera particular cada uno de los municipios, centrar los esfuerzos en las zonas de atención prioritaria, promover el desarrollo equilibrado de las regiones y focalizar los recursos a quienes realmente lo necesitan, con el objeto de propiciar un piso parejo para el desarrollo de las capacidades de todos los quintanarroenses.
Tomar en cuenta las demandas de los grupos en situación de vulnerabilidad y atenderlas de manera efectiva mediante mecanismos de trabajo conjunto, que promuevan su participación e inclusión y el respeto de sus derechos humanos, será clave en el éxito de las políticas de desarrollo social impulsadas por la actual administración. Los menores, adolescentes y jóvenes, las mujeres, las personas de la tercera edad, los pueblos indígenas, los migrantes y las personas con discapacidad, son reconocidos como garantes de derechos humanos y en tal virtud es deber del gobierno estatal generar las condiciones idóneas para que los ejerzan de manera plena. En suma, es necesario construir un estado para todos.