COMBATE A LA POBREZA
Combatir la pobreza, la marginación, la exclusión y la desigualdad implica efectuar un diagnóstico puntual y objetivo de las condiciones sociales en las que se encuentra el estado.
El origen de estos males es multifactorial, pues no sólo se relaciona con el decaimiento de la política económica, sino con el acelerado crecimiento poblacional, la heterogeneidad de las zonas urbanas, los precarios mercados laborales, la inequidad en la distribución de bienes y servicios, el destierro de prácticas de cohesión social, el incremento en los índices de inseguridad y el diseño de políticas de desarrollo social ineficientes, entre otras causas.
Visto desde ese escenario, la pobreza se ha convertido en el obstáculo más poderoso para el crecimiento individual y colectivo, y en un lastre que debe combatirse desde distintos frentes, con recursos y estrategias encaminadas a disminuir las brechas de desigualdad. En tal sentido, combatir la pobreza significa garantizar el goce y disfrute de los derechos fundamentales, y el acceso a bienes y servicios, que posibiliten mejorar el nivel de vida de las personas a través del desarrollo de sus capacidades individuales.
Actualmente, casi 50% de los mexicanos se encuentra en situación de pobreza al no contar con ingresos suficientes que les permitan acceder a sus derechos de educación, salud, seguridad social, alimentación o servicios básicos.
La pobreza en la que viven millones de personas obstaculiza su acceso a una vida digna, caracterizada por la satisfacción de sus necesidades básicas y el desarrollo
de capacidades que contribuyen a alcanzar mejores niveles de bienestar.
En Quintana Roo, al igual que en las demás entidades del país, la pobreza afecta a miles de personas las cuales al encontrarse en esta situación se vuelven vulnerables en las distintas esferas de la vida, ya que su condición les impide desarrollarse de manera plena.
El desafío es, entonces, propiciar sociedades menos desiguales a través del robustecimiento del gasto público orientado al desarrollo social y la correcta canalización de los recursos a acciones de gobierno que generen valor público.
La pobreza en la entidad afecta a miles de quintanarroenses,
35.9% de la población se encuentra en esta condición y 7% en
pobreza extrema; Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco
son los municipios que concentran el mayor número de personas
con alguna carencia social.
La pobreza en el estado se incrementó 4.2% de 2010 a 2012, siendo una de las entidades que mayor porcentaje de aumento registró, en cuanto a la pobreza extrema, el aumento fue de 2% durante el mismo lapso. No obstante, para el 2014 se registró un decremento considerable de la población en situación de pobreza que se había registrado en 2012, al pasar de 38.8% a 35.9%. En el mismo sentido, la pobreza extrema experimentó una disminución al pasar de 8.4% a 7% de la población en esta situación.
No obstante, 34.2% de los quintanarroenses posee algún tipo de carencia y 6.3% es vulnerable por ingresos, de acuerdo con datos de la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizada en 2014
Por su parte, los indicadores de Carencia Social del mismo organismo ofrecen cifras preocupantes, toda vez que miles de quintanarroenses no pueden acceder a bienes y ejercer derechos de manera plena. Además, 42.1% mantiene ingresos por debajo de la línea de bienestar.
En todo el país, Quintana Roo se ubica en la posición 21 con respecto al mayor porcentaje de la población en situación de pobreza y en la posición 15 con respecto al mayor porcentaje de personas en situación de pobreza extrema. Sin embargo, no debe perderse de vista que si bien el indicador no coloca al estado en las primeras posiciones y es un parámetro de la situación que guarda la entidad con respecto al resto del país, lo importante es tomar en cuenta el número de quintanarroenses que no tienen las oportunidades suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Al analizar el estado de la pobreza por desagregado se observa que 70% de los quintanarroenses tienen alguna carencia social y 20.8% tienen tres o más carencias sociales, siendo evidente que a mayor número de carencias sociales, mayor es la marginación en la que se encuentran y mayor es la tendencia de perpetuar los ciclos. generacionales de la pobreza y la marginación. Respecto a los indicadores de carencia social, 15.1% de la población presenta rezago educativo, 18.5% tiene carencia por acceso a los servicios de salud y 51.5% no cuenta con acceso a la seguridad social. Aunado a ello, 18.4% de los quintanarroenses registraron carencias en la calidad y espacios de su vivienda: 2.7% tienen pisos de tierra, 3.5% techos de material endeble, 1.6% muros de materia endeble y 14.5% viviendas con hacinamiento. Con respecto a la carencia por acceso a los servicios básicos, 18.1% de la población no cuenta con acceso al agua, al drenaje, electricidad o chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar. Por último, 23.2% de la población presenta carencia por acceso a la alimentación, de la cual 16.5% experimenta inseguridad alimentaria leve, 11.6% moderada y 11.7% severa.
Lo anterior se debe, en buena medida, a la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, toda vez que el ingreso laboral per cápita ha registrado un decremento desde el año 2005 hasta el año 2015.
Lo interesante de estas cifras es que municipios con infraestructura turística y comercial, como Benito Juárez, concentran la mayor cantidad de personas con carencias en la calidad y espacios en la vivienda, como demuestra el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2016.
Este mismo informe, registró en la entidad durante 2016 un millón 501 mil 562 personas y 441 mil 200 viviendas, en las cuales la carencia de cocina es el principal rezago en la vivienda, seguida del hacinamiento, la carencia de chimenea cuando se usa leña o carbón, techo precario, falta de agua entubada, drenaje, piso de tierra, carencia de sanitario, muros precarios y falta de acceso a la electricidad.
En este mismo orden de ideas, la entidad se ubica en la posición nacional número 24 con respecto a la dimensión de la vivienda; de acuerdo al documento denominado Midiendo el Bienestar en los Estados Mexicanos, elaborado por la OCDE en 2015, Quintana Roo es una de las entidades con las peores condiciones para las personas en el indicador que mide el número de habitaciones por persona y la calidad de la vivienda. En materia de accesibilidad de los servicios públicos, Quintana Roo ocupa la posición número 7 en el país, para lo cual se consideró el acceso a la banda ancha, los hogares con acceso a servicios básicos y el acceso a los servicios de salud, concentrándose el mayor número de viviendas con dichas carencias en la zona maya. Lo anterior enmarca las acciones que deben realizarse para reducir los niveles de pobreza y marginación en la entidad. Sin embargo, debe tomarse en cuenta en el análisis, el gasto público en materia de desarrollo social, como un elemento explicativo de las posiciones que ocupa el estado en los diversos indicadores.
Los recursos económicos destinados al desarrollo social registran recortes de casi 50% de 2011 a 2016, al pasar de 117 millones 471 mil 471 pesos durante el primer año referido a 64 millones 073 mil 774 pesos para el ejercicio fiscal inmediato; en tanto en 2016 se destinaron 72 millones 240 mil 854 pesos. Estos recortes al presupuesto significaron en muchos casos la reducción del número de programas o beneficiarios; la baja calidad de los servicios, sobre todo, impidió disminuir los niveles de pobreza de manera significativa en la entidad. Un dato destacable es que el gasto destinado a educación, que es otro de los indicadores considerados para medir la pobreza, tuvo un incremento muy importante, al pasar de 83.86 millones en 2011 a 247.80 millones en 2016, cifra que representa un incremento de casi 200%. El gasto destinado a salud se ha mantenido constante y, a pesar de ello, en ambos casos deben revisarse de manera particular los resultados obtenidos en relación al gasto realizado.
El presupuesto destinado a los programas de carácter social debe robustecerse, al mismo tiempo que su ejercicio debe responder a principios de racionalidad en el gasto, enfoque en resultados y transparencia en el ejercicio del recurso. Por otra parte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece que las capacidades de las personas son el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país. Así pues, para lograr que el proceso de expansión de las libertades individuales prospere es necesario cumplir tres premisas: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y alcanzar un nivel de vida digno.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador compuesto que resume los logros promedio en tres dimensiones fundamentales para el desarrollo humano: salud, educación e ingreso. Se considera que cada una de estas dimensiones representa una capacidad fundamental necesaria para que las personas puedan disfrutar de una vida que consideren valiosa. A ese respecto, de acuerdo con el último estudio de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del PNUD, Quintana Roo posee un índice de 0.754, que lo ubica en la posición número 12 en el contexto nacional.
Aunque el Índice refiere que el estado se encuentra en un nivel alto, la realidad es que desde 2008 está estancado, sin poder escalar posiciones en dicho rubro.
Por otra parte, la marginación social se muestra cuando las personas carecen de oportunidades para su pleno desarrollo. Esta situación propicia que las familias estén expuestas a distintos riesgos y contingencias que merman sus posibilidades de alcanzar determinadas condiciones de vida.
En ese tenor, Quintana Roo es un estado que en los últimos años ha logrado disminuir el índice de rezago social, pero todavía hay municipios que presentan algunas carencias; tres de ellos han sido catalogados por el Coneval con un grado de rezago bajo: Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.
En la última medición de este organismo, el estado registró un grado bajo de rezago social, y lo ubicó en la posición 20 a nivel nacional; pero esto no significa que se hayan logrado avances notables en el combate contra la pobreza.
Lo cierto es que la realidad obliga a modificar las propuestas de corte tradicional para dar paso a soluciones creativas, sostenidas y contundentes. El reto es diseñar nuevos instrumentos de intervención y de medición sobre las variables que intervienen en las condiciones de vida de las personas, entre ellas el ingreso y la permanencia en la escuela, el acceso a los servicios de salud, la esperanza de vida, las oportunidades laborales y las condiciones indispensables para disfrutar con plenitud de sus libertades.
Es necesario reorientar el gasto público, focalizar los esfuerzos con mayor énfasis en las zonas de atención prioritaria, y fijar objetivos y metas claras, que sean el marco de referencia del actuar gubernamental. De lo que se trata es de implementar políticas públicas diseñadas a partir de la realidad social de la entidad que emerjan como una respuesta eficiente a las demandas de los quintanarroenses e involucren su participación.