Un auténtico gobierno del cambio debe velar para que no existan grupos reducidos de ciudadanos que lo tienen todo, y amplios grupos sociales que carecen de todo. Dar privilegios a unos a costa de lo que pagan los demás, nunca podrá ser considerado un acto responsable y coherente de una administración elegida democráticamente.
En el pasado reciente en Quintana Roo, existía un puñado de personas que contaban con protección personalizada. Políticos, ex funcionarios y particulares gozaban de escoltas y policías que eran pagados con los recursos del estado. Afortunadamente esto se acabó.
En total los quintanarroenses pagaban un salario a 204 elementos de seguridad, no para que los protegieran a ellos, sino a las familias privilegiadas de ex funcionarios y hasta de personas ligadas a los medios de comunicación.
Para darnos una idea de lo que esto representa en términos monetarios, hay que tener en cuenta que el salario promedio de un oficial es de 3,800 pesos. Pero esto variaba, dependiendo de qué tan “influyente” era el personaje a quien le cuidaban las espaldas.
Los escoltas en realidad pertenecían a las siguientes corporaciones: 40 a seguridad estatal, 50 a la Fiscalía, 90 al municipio Benito Juárez y 24 al municipio de Solidaridad. Desgraciadamente, el ex gobernador Roberto Borge elaboró una Ley a modo para garantizar que un cuerpo de 36 escoltas cuiden de él y de su familia.
Lo bueno es que ahora los 204 elementos ya se incorporarán a las tareas de seguridad pública, de las cuáles nunca debieron apartarse.
Chetumal, Quintana Roo