Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

¿Qué es?

Es un mecanismo financiero para el pago del apoyo, la asistencia y la reparación integral de las víctimas.

Los recursos del Fondo servirán, previa acreditación de los requisitos legales y reglamentarios correspondientes, para el otorgamiento de ayuda, asistencia, atención, compensaciones por violación a derechos humanos cometidas por autoridades y compensaciones subsidiarias en moneda nacional.

Se conforma por:

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo en el rubro correspondiente, en un porcentaje no inferior al 0.014 por ciento del total de los mismos, sin que pueda disponerse de dichos recursos para fines diversos a los señalados por la ley;

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales;

III. Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad administrativa cuando se violen deberes reconocidos por la ley aplicable;

IV. Recursos provenientes de multas y sanciones impuestas al Estado por violaciones a derechos humanos;

V. Donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros, personas físicas o morales, de carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista;

VI. El monto de la reparación integral del daño cuando el beneficiario renuncie a ella o no lo reclame dentro del plazo legal establecido;

VII. Las subastas públicas respecto de objetos o valores que se encuentren a disposición de autoridades investigadoras o judiciales, siempre y cuando no hayan sido reclamados por quien tenga derecho a ello;

VIII. Las sumas recuperadas por el Estado en los juicios de carácter civil, que se dirijan en contra de los servidores públicos que hayan sido encontrados como responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos;

IX. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo Estatal;

X. Los recursos recuperados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima a que refiere el artículo 75 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, y

XI. Los montos que se recuperen en virtud de la caución de no ofender impuesta por el juez competente.

La ley de la materia establece que el Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal local, así como de los diversos gravámenes que pudieran estar sujetas las operaciones que se realicen con el Estado de Quintana Roo.

 

Cómo acceder al Fondo

Para el reembolso a cargo del Fondo de los gastos que por concepto de medidas de ayuda, asistencia y atención hayan realizado las víctimas tanto de delitos del fuero común como de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades Estatales, previa valoración y aprobación del Consejo de la Comisión Ejecutiva Estatal, se llevará conforme a lo siguiente:

I. La víctima debe estar inscrita en el Registro Estatal de Víctimas;

II. La víctima presentará su solicitud por escrito libre, atendiendo a los procedimientos legales y reglamentarios establecidos, y

III. La Comisión Ejecutiva Estatal, en los casos de delitos del orden del fuero común, determinará la procedencia de los pagos con cargos al Fondo, siempre y cuando se cumplan los requisitos y procedimientos legales y reglamentarios establecidos.

Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo, serán procedentes siempre que la víctima o sus representantes:

I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y/o otras formas de reparación;

II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;

III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y

IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva Estatal.

Las solicitudes se atenderán considerando:

I. La condición socioeconómica de la víctima;

II. La repercusión del daño en la vida familiar;

III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;

IV. El número y la edad de los dependientes económicos;

V. El enfoque diferencial, y

VI. Los recursos disponibles en el Fondo Estatal.